El ‘Plan Amorúa’: Una historia de abandono estatal

En 2019 las imágenes de familias indígenas enteras alimentándose de lo poco que podían sacar de los desechos que llegaban en el camión al basurero de Puerto Carreño, Vichada, generaron alarma en el país. Entonces, los políticos hicieron lo suyo y hablaron de atenciones inmediatas para esta población, que tres años después no solo continúa en la misma circunstancia; su situación se agudizó con la pandemia.

Las primeras alertas fueron emitidas por la Defensoría del Pueblo en redes sociales. En un hilo de Twitter publicado el 22 de julio de 2019 la entidad indicó que “en la basura (los indígenas) buscan alimentación, ropa y dónde habitar, ante la imposibilidad de acceder a servicios sociales”. Las imágenes que acompañaron la publicación son impactantes; decenas de nativos de todas las edades buscando, con un desespero que trasciende las fotografías, cualquier resto de comida que les permita calmar el hambre para aguantar la llegada del camión al siguiente día.

Unos meses después los medios nacionales se hicieron eco de la denuncia y mostraron videos de esa cruda realidad. “Lo que encontramos fue peor de lo que nos habían dicho”, dijo Juan Lozano, director de Noticias RCN para la época, durante la presentación de un informe especial en octubre de 2019.

En la mitad del basurero, un niño de unos siete años saca de un costal un plátano en descomposición y se lo come con total tranquilidad. Las imágenes muestran como otros menores de edad buscan rastros de bebida y comida en envases y envolturas.

Esa sigue siendo la cotidianidad de decenas de familias indígenas en la capital de Vichada.

“El tema no se ha acabado. Si vamos al relleno seguimos viendo niños, y ya no solo son indígenas, sino también niños venezolanos”, dijo Claudia Liliana Medina, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de un Consejo Departamental de Política Social realizado en abril pasado.

Henny Gutiérrez, una líder indígena que desde 2018 viene acompañando a las comunidades indígenas que se ubican en la ciudad de Puerto Carreño, asegura que los niños acuden a la basura “no solo para agarrar algo para comer sino a buscar algo que les sirva para reciclar, lo que les pueda servir. Es una forma de subsistencia”.

La respuesta a esta grave problemática fue la creación de un ‘Plan de Atención Integral para los Amorúa’. “Pero ese Plan de atención no es a corto ni a mediano ,es a largo plazo”, dijo a Noticias RCN el entonces alcalde de Puerto Carreño (2016-2019), Marcos Pérez Jiménez.

Una problemática migratoria

Sin embargo, la realidad es que el Plan parece no existir.

En 2020 hubo cambio de administraciones locales y departamentales y los nuevos funcionarios dicen no haber recibido durante el empalme el documento en el que se sentaron las bases de atención a la población indígena que ha llegado a Puerto Carreño desde Venezuela en los últimos años.

A ciencia cierta no se sabe en qué momento empezó el retorno de esas familias indígenas que hace décadas se fueron del país buscando un mejor futuro y que ahora retornan huyendo de la crisis social y política que hoy vive Venezuela. Lo cierto es que el éxodo migratorio incrementó durante la pandemia.

Como los nativos no tienen familia ni territorio donde habitar porque ya no forman parte de los censos de los seis resguardos que tiene el municipio de Puerto Carreño, se ubican en asentamientos ilegales regados por la ciudad. Según cálculos ligeros de Henny Gutiérrez, en 2018 en Carreño existían 11 asentamientos y para la fecha se tienen registros de 25.

El número de habitantes indígenas también es incierto. Las estadísticas de las autoridades locales hablan de unos 1.800, pero la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha dicho que, debido a subregistros, la cifra podría superar las 3.000 personas.

Las estimaciones de OCHA coinciden con la opinión de la líder indígena. “Hay unos censos en que esta semana tienen 150 personas, pero usted va a la semana siguiente y hay 170 o 180, porque por el flujo migratorio llegan los familiares de los familiares y así se van aumentando”, explica Gutiérrez.

Los asentamientos en Puerto Carreño se han establecido principalmente en zonas periféricas que hacen parte de reservas o terrenos inundables, que difícilmente pueden adecuarse con las condiciones mínimas de habitabilidad como servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado.

“Ellos se están asentando en piedras donde no hay agua, no se puede hacer un séptico. La situación de insalubridad es total, son sitios no aptos para vivir”, concluye la líder indígena.

¿Un plan inexistente?

EL MORICHAL intentó acceder al documento del ‘Plan Amorúa’, pero ni en la Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas, ni en la Secretaría Municipal de Desarrollo Social dan razón del mismo. Aseguran que lo único que recibieron durante el proceso de empalme que se dio a finales de 2019 con el cambio de administración fue una tabla de Excel que contempla 100 actividades a realizar por parte de diferentes instituciones del orden local, departamental y nacional. 

Katty Yanes, actual secretaria de Desarrollo Social del municipio de Puerto Carreño confirmó que “no existe otro documento técnico, un documento con misión o visión no existe”.

Las actividades planteadas en ese Excel involucran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a los ministerios del Interior, Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, a Prosperidad Social, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a las secretarías departamentales de Salud y Agricultura, y a la Alcaldía de Puerto Carreño.  

Hay muchos actores en ese plan, pero no han hecho un trabajo en coordinación entre todos para llegar a un feliz término. Cada uno jala por su lado y los que terminamos siendo muy perjudicados somos nosotros”, dijo Gutiérrez.

Durante el Consejo de Política Social el Procurador Regional, Álvaro Ricardo Bermúdez, cuestionó las irregularidades alrededor del Plan. Dijo que “los planes que no se articulan y no se les hace seguimiento quedan en el vacío”, y mencionó que la Procuraduría tiene un delegado para asuntos étnicos que estará presto a colaborar en el control de las acciones del ‘Plan Amorúa’.

Pero la inconformidad de los indígenas va más allá de la falta de articulación. Gutiérrez asegura que el Plan estaba mal enfocado. “Entregan un kit de alimentación, un kit de herramientas, de semillas. Pero no hay algo real. Les dan eso para decir, ya les dimos y que ustedes se defiendan”.

Consideran que una verdadera respuesta a la problemática gira en torno a un terreno donde puedan ser ubicados, y que se plantee un plan integral para la población indígena de Puerto Carreño, que, además de los Amorúa, permita involucrar a los Sikuani, Piapoco, Puinave, entre otras etnias, que también hacen vida en la capital vichadense. 

Para la líder indígena, “sin un terreno acá en el casco urbano, ese plan se va a ir en puro asistencialismo y no va a haber solución de fondo”.

“La disculpa que tiene el señor alcalde es que los seis resguardos que hay constituidos aquí en Puerto Carreño son muy extensos, pero no se pone a pensar que cada resguardo es autónomo de ver a quién recibe o no”, explica Gutiérrez.

Con el envío de indígenas a resguardos a los que no pertenecen ya hay amargas experiencias. Está el caso de un grupo de familias que fueron llevadas al resguardo Guacamayas, “el cabildo aceptó que los llevarán allá y hubo problemas internos porque las familias que llevaron, como no tienen una mata de yuca o no tienen nada pues terminaron comiéndose la yuca del vecino, de la otra comunidad, entonces se presentaron problemas”, explica la líder indígena.

Gutiérrez asegura que visitó las comunidades que se habían constituido en los resguardos producto de los retornos presuntamente adelantados por la administración de Pérez Jiménez. “Los llevaban a un centro de sabana, la fuente donde ellos agarraban el agua para el consumo quedaba a media hora. Los llevaron con una pala, una peinilla, les hicieron dizque una huerta casera (cilantro, pepino y otras cosas), que nosotros los indígenas no son nuestras costumbres”. La mayoría regresó al poco tiempo a la ciudad de Puerto Carreño.

Los retornos también continuaron durante la administración municipal de Jair Beltrán (2020). Yañes confirmó que, durante 2020, en plena pandemia, se realizaron tres retornos, y uno más en lo corrido del presente año. “Actualmente estamos a la espera de definir algunas acciones para realizar el traslado de 150 personas que están ubicados en las piedras del Tamarindo que van con destino a las Guacamayas, donde son aceptados y reconocidos por el cabildo indígena de la zona”, explicó la funcionaria.

Un plan coherente a las necesidades de la población indígena 

Durante 2020 la discusión sobre la problemática indígena estuvo frenada por la pandemia. Las entidades enfocaron su accionar en atender a la ciudadanía en general, y pese a que la Alcaldía de Puerto Carreño dice que durante los primeros meses de la emergencia entregó mercados en todos los asentamientos indígenas, los nativos aseguran que fue poco o nada lo que recibieron.

De hecho, un artículo de la periodista Angélica María Cueva, publicado el 11 de marzo de este año en El Espectador, da cuenta de que “gran parte de las acciones de atención a la emergencia humanitaria en Puerto Carreño las lideran diez Organizaciones no Gubernamentales, entidades y agencias de cooperación Internacional”.

Según el informe periodístico, solo en 2020, Acción contra el Hambre, Acnur, Pastoral Social, Unicef, el Consejo Noruego de Refugiados, Corporación Infancia y Desarrollo, las agencias de cooperación Suiza (COSUDE) e Italiana, para mencionar algunas, implementaron programas que superan una inversión de más de 6.300 millones de pesos.

En los primeros cuatro meses del 2021 las discusiones alrededor del Plan Amorúa se han intensificado. A mitad de abril ese fue uno de los temas principales en el Consejo Departamental de Política Social.

En ese espacio, el líder Sikuani Cesar Rodríguez, quien representa los territorios indígenas de Gauripa, Caño Hormiga, Caño Bachaco y el asentamiento de Bachaco Roncador, planteó varias acciones precisas en educación, salud y vivienda, entre otros aspectos sociales.

“La mayoría de los niños que deambulan no son de los resguardos indígenas, la mayoría son hermanos indígenas que han estado del otro lado del río Orinoco y que han vuelto por la situación de Venezuela. Han manifestado que por la documentación no han podido ingresar a las escuelas”, precisó.

Rodríguez también manifestó la urgencia de afiliar a esos indígenas al régimen de salud. “Muchos de ellos no son afiliados y cuando se enferman o padecen cierta enfermedad la única manera es desaparecer de este planeta”.

En ese espacio, Elizabeth Apolinar, secretaria de Asuntos Indígenas del Vichada, indicó que las instituciones deben escuchar a los pueblos indígenas, pero ve con dificultades la posibilidad de modificar el ‘Plan Amorúa’, “ya que fue todo un despliegue institucional a nivel nacional… pero se tomará en consideración la propuesta de integrar porque es importante tener en cuenta la visión de las autoridades indígenas”.

Por ahora, una salida visible a ese complejo panorama podría estar en la consolidación de una ‘mesa de concertación municipal’ que se estableció producto de los reclamos a través de las movilizaciones generadas por el Paro Nacional. “A esa mesa podemos llevar todos estos problemas que tenemos como población indígena”, dijo la líder Henny Gutiérrez.

“Es la única esperanza que tenemos”, concluyó.

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