El recorte que nos deja a oscuras: la verdad sobre los subsidios de energía

Por: Cesar Mora*

Mire con atención la imagen que acompaña esta columna, querido lector. Es una factura de energía de un hogar de estrato 2. El consumo fue de 249 kilovatios. El costo real de esa energía, sin ayudas, es de $522.126. Pero el valor a pagar es de apenas $135.761. ¿Quién paga la diferencia? El Estado, a través de un subsidio de $386.365. Es decir, el gobierno asume el 74% de la factura. Sin ese alivio, esa familia tendría que pagar casi cuatro veces más de lo que paga hoy. Cuatro veces más. En un hogar donde el ingreso mínimo apenas alcanza para comer, eso no es un ajuste: es una sentencia de muerte económica.

Ahora, entérese de lo que viene. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que hoy discute el Congreso, recorta el sector de Minas y Energía en un 43,9%. Pero el golpe más duro no está en la operación del sector, sino en los subsidios. Los recursos para subsidiar la energía eléctrica y el gas de los estratos 1, 2 y 3 caen un 62,1%. El propio Ministerio de Minas y Energía ha cuantificado el déficit resultante en $6,10 billones. Para que se haga una idea: esa plata es más que toda la inversión asignada al sector para el próximo año.

Cuando se anuncian recortes, siempre aparece el mismo coro de siempre: “Que se jodan los alcaldes corruptos”, “esos departamentos solo viven de la teta del Estado”, “que aprendan a gestionar”. Es un discurso cómodo, pero falso. Los subsidios de energía no van a los bolsillos de los mandatarios. Van directo al recibo de luz de la señora que vende fritos en el mercado, del pescador que sale a las cuatro de la mañana, del indígena que enciende un bombillo para que su hijo estudie. Si el subsidio se recorta, el alcalde no pierde un peso. El que pierde es usted, que tendrá que pagar la factura completa.

En Guainía y Vichada, donde el Estado ha sido históricamente ausente, la energía eléctrica es un milagro cotidiano. Aquí no hay grandes industrias ni economías robustas. Aquí la gente vive del rebusque, de la pesca, del conuco, de la artesanía. Y en muchos de estos territorios, la energía no llega por el Sistema Interconectado Nacional, sino a través de las Zonas No Interconectadas (ZNI), que dependen de plantas diésel y paneles solares. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), que se encarga de estas zonas, solicitó $632.138 millones para 2027. Le asignaron apenas $50.628 millones. El 8%. Es decir, no hay plata ni para mantener lo que ya existe.

La sociología y la economía política tienen un nombre para esto: regresividad fiscal. Ocurre cuando un ajuste presupuestal golpea con más fuerza a los que menos tienen. Mientras el servicio de la deuda pública crece un 54,7% (casi $55 billones adicionales), los subsidios que alivian el bolsillo de los pobres se recortan en un 62,1%. El 69,5% del aumento total del presupuesto se va en pagar deudas. La inversión social se sacrifica en el altar de los acreedores. Y los que terminan pagando el pato son los mismos de siempre: los estratos 1, 2 y 3.

El documento de Informes y recomendaciones al proyecto de Ley 111 de 2026S – 152 de 2026C del Senado lo dice sin anestesia: más de la mitad de la plata que quedaría para subsidios en 2027 (el 55,1%) se consumirá pagando el rezago de 2026. Los recursos efectivamente disponibles para el próximo año cubrirían apenas el 16,6% de las necesidades. En gas por red, el panorama es aún más extremo: el 85,6% de lo asignado se va en pagar deudas del año anterior. Lo que sobra alcanza para cubrir el 43% de un solo trimestre.

Si este presupuesto se aprueba tal como está, el escenario es claro: o el gobierno aumenta la tarifa para compensar el faltante, o las empresas comercializadoras de energía quiebran, o ambas cosas. En el Caribe, Air-e y Afinia ya están al borde del colapso financiero. En Guainía y Vichada, donde la energía es más cara y la gente más pobre, el golpe será peor. Ya lo vimos con los apagones que dejaron a oscuras y con racionamientos por más de un mes en Inírida. Imagínese ahora con racionamientos por falta de presupuesto para el funcionamiento y con la factura cuatro veces más cara porque el subsidio desapareció.

No se trata de defender a los políticos. Se trata de entender que hay decisiones que nos afectan a todos, incluso a los que no roban, incluso a los que no gestionan, incluso a los que solo quieren vivir tranquilos. La energía eléctrica no es un lujo: es un derecho. Sin ella no hay agua potable, no hay refrigeración de alimentos, no hay salud, no hay educación virtual, no hay vida digna.

La próxima vez que escuche a alguien decir que los recortes al presupuesto “solo afectan a los corruptos”, pregúntele si ha visto su propio recibo de luz. Pregúntele si sabe cuánto paga el Estado por su energía. Pregúntele qué pasaría si ese subsidio desapareciera. Porque la verdad, querido lector, es que este ajuste no distingue entre santos y pecadores. Nos golpea a todos. Pero golpea más fuerte a los que menos tienen.

Exija a sus congresistas que prioricen los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. Exija que el ajuste no se haga sobre la espalda de los más pobres. Y sobre todo, no se deje vender la idea de que esto no le afecta. Le afecta. Y mucho.

* Cesar Mora es Sociólogo, Especialista en Gerencia de Proyectos y candidato a Magíster en Métodos y Técnicas de Investigación Social Aplicada. Con pertenencia al pueblo indígena, su trayectoria profesional se orienta hacia la investigación social aplicada y el trabajo de campo con comunidades indígenas amazónicas. Las opiniones expresadas en esta columna son de su exclusiva responsabilidad.