El laberinto fiscal del representante Luis Carlos Álvarez

El representante a la Cámara por Vichada para el periodo 2026-2030, Luis Carlos Álvarez, arrastra desde hace años una estela de procesos de responsabilidad fiscal relacionados con su paso por la Gobernación del departamento durante 2016 y 2019. De acuerdo con registros de la Contraloría General de la República (CGR) —a los que El Morichal accedió mediante derechos de petición—, Álvarez figura con 26 investigaciones de carácter fiscal: 13 finalizadas y 13 en trámite, estas últimas cobijadas por reserva legal, de modo que la Contraloría no reveló su objeto ni su cuantía. 

Al revisar el listado de las finalizadas, sin embargo, El Morichal constató que uno de los procesos aparece relacionado dos veces, por lo que en realidad se trata de 12 casos distintos ya concluidos. Así, el histórico verificable suma 25 investigaciones —12 finalizadas y 13 en trámite—, y las que siguen abiertas son más de la mitad del universo, que por ahora no puede escrutarse.

Los expedientes que sí, revelan una mezcla de fallos absolutorios de gran envergadura, millonarios archivos logrados tras reparar de su propio bolsillo las obras públicas deterioradas, y una condena fiscal en firme por el emblemático proyecto CINER.

Caso CINER

El único de los 12 procesos ya concluidos en el que Álvarez fue declarado responsable fiscal en firme es del caso Ciner. Su origen es el Contrato de Prestación de Servicios 050 del 22 de enero de 2014, pagado con recursos del Sistema General de Regalías, cuyo propósito era dotar con currículos y guías didácticas el CINER, un centro de formación e investigación en energías renovables en Puerto Carreño que solo hasta este año empezó a operar. 

Según el fallo, los currículos y las guías didácticas contratados se entregaron a la administración en 2015 pero quedaron sin uso; el proyecto de formación técnica laboral y profesional nunca se articuló ni se implementó, y el centro no entró en operación. La Contraloría concluyó que Álvarez, como ordenador del gasto, «nunca realizó actos tendientes a lograr alianzas con instituciones de formación para el trabajo y de educación superior», una conducta omisiva que, a su juicio, configuró el detrimento patrimonial.

La Gerencia Departamental Colegiada de Vichada falló con responsabilidad fiscal el 22 de diciembre de 2023, y la decisión fue confirmada en grado de consulta el 30 de enero de 2024, contra el cual, dice el propio auto, no procede recurso alguno. La responsabilidad se impuso a título de culpa grave y de forma solidaria entre Álvarez Morales (gobernador 2016–2019) y su antecesor Sergio Andrés Espinosa Flórez (gobernador 2012–2015), ambos como ordenadores del gasto. La cuantía, fijada en $426.682.823 en el fallo, quedó indexada en $441.764.198 en la confirmación. Que sea solidaria significa, según la Ley 1474 de 2011, que el Estado puede cobrar la totalidad a cualquiera de los dos.

Según la Unidad de Cobro Coactivo de la CGR, la deuda fue pagada en 2024 y el proceso de cobro se cerró el 29 de abril de ese año. La certificación de la entidad registra tres orígenes: la aseguradora La Previsora S.A. consignó $180.000.000 el 8 de abril; a nombre de Álvarez figuran consignaciones por unos $10,1 millones, hechas en abril; y un abono de $260.000.000, realizado el 27 de febrero, cuyo autor el cuadro oficial no individualiza. Aunque el oficio encabeza toda la relación como «pagos realizados por Luis Carlos Álvarez Morales», ese abono —el más cuantioso— no aparece a su nombre, y la responsabilidad fiscal era solidaria con el exgobernador Espinosa Flórez, de modo que pudo cubrirlo cualquiera de los dos. El Morichal consultó al actual congresista por el origen de los fondos con que se resarció el daño y por quién efectuó el pago de los $260 millones, pero no obtuvimos respuesta.

El mismo fallo de responsabilidad fiscal ordenó remitir copia íntegra del expediente a la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 —es decir, activó una posible incidencia disciplinaria—. 

Como los implicados resarcieron el daño causado al patrimonio público, el proceso se cerró el 29 de abril de 2024.

Donde fue absuelto y donde el daño lo pagaron otros

De los doce procesos de responsabilidad en contra del exgobernador Álvarez que El Morichal conoció, dos fueron fallados sin responsabilidad fiscal, tres fueron archivados por inexistencia del hecho o daño y otro más archivado por ausencia de culpa o dolo. Cuatro procesos cesaron por resarcimiento por pago y en uno más fue absuelto.

En la mayoría de los procesos que la Contraloría cesó y archivó por resarcimiento —es decir, porque el daño se pagó antes de que hubiera fallo— el dinero no salió del bolsillo de Álvarez. En el contrato 650 de 2017, por un sobrecosto en el combustible comprado para las acciones de salud pública (un daño de $9.789.466), el proceso se cerró luego de que la contratista Margarita Bustos Peña consignara $13.950.066 en octubre de 2023; y en el contrato 881 de 2016, por un sobreprecio en otra compra de combustible para salud, quien pagó fue el contratista Humberto Camacho Mosquera. En el contrato 464 de 2019 —un estudio de análisis de riesgo del servicio de agua potable y saneamiento, financiado con recursos del PAP-PDA, en el que se hallaron sobrecostos y gastos no atribuibles al objeto por $11.496.749— el daño lo resarció Rafael Cotes, supervisor del contrato y secretario de Gobierno de la época. Y el más cuantioso de todos, por $1.468.978.344, correspondió al CINER (contrato 675 de 2013), cuyos sistemas de captación, potabilización y bombeo de agua quedaron en abandono y sin operar: allí el resarcimiento no fue en dinero sino en especie, pues fueron el propio gobernador Álvarez y sus secretarios de Planeación (Álvaro Mauricio Londoño Lugo, Luis Fernando Salazar Valencia y Derbis Arbey Sánchez Cabrera) quienes, con cargo a su peculio, repararon y pusieron a funcionar las obras. Respecto a estos procesos, 

El Morichal consultó a Álvarez sobre su participó en la decisión de los involucrados para acogerse a pagos anticipados y lograr archivar los procesos, o si fue una decisión unilateral de quien realizó el pago. Sobre el caso del Ciner —el más cuantioso de todos—, se le preguntó cuánto, del monto total de la reparación, que según la Contraloría fue de $334.552.388, lo asumió él. No obtuvimos respuesta.

El caso en el que Álvarez fue absuelto correspondió a un proceso por el robo de la geomembrana de las lagunas de la planta de tratamiento del Plan Maestro de Alcantarillado de Puerto Carreño. Un primer fallo del 27 de marzo de 2025 lo había declarado responsable, pero en grado de consulta revocó esa decisión y lo falló sin responsabilidad fiscal. La responsabilidad recayó únicamente sobre el secretario de Gobierno de aquel entonces, Diego Leonardo Zárate Mejía, por $19.708.536.

Caso aparte es el proceso de responsabilidad fiscal por el contrato de obra vial 717 de 2018 (mejoramiento de vías secundarias y terciarias), con un daño estimado de $412.462.989. Este no se archivó por pago, sino por inexistencia de daño: la Sala Fiscal y Sancionatoria concluyó que «no hay lugar a declarar responsabilidad fiscal» porque el contratista solo recibió pago por la obra efectivamente ejecutada y el recurso «no salió de las arcas del Estado».

Las multas: reportes incumplidos que él mismo pagó

Aparte de los procesos por daño al erario, los expedientes revelan una segunda figura: los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales (PASF), que son multas personales al gobernador por no rendir —o rendir mal— la información obligatoria a la Contraloría. El ente de control certificó cuatro fallos sancionatorios en su contra. 

La primera multa, de $7.243.668, fue por haber reportado en ceros los formularios del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2016; la segunda, de $7.866.116, por incumplir de nuevo la rendición de información a la entidad; y la tercera, de $14.487.336 —dos salarios, agravada por reincidencia—, por transmitir con errores el informe presupuestal del cuarto trimestre de 2017, en el que reportó $89,8 millones de ingresos corrientes de libre destinación cuando la cifra real superaba los $18.465 millones, distorsión que impedía calcular los indicadores de ley; esa sanción quedó en firme el 6 de agosto de 2021. La más alta, de $15.909.856 —sesenta días de salario y, otra vez, agravada por reincidencia—, la recibió por no reportar el informe presupuestal de 2018 y por exceder el límite de gastos de los diputados. Las cuatro sanciones quedaron en firme y fueron trasladadas a cobro coactivo.

A diferencia de los procesos por daño fiscal, donde en varios casos pagaron terceros, estas multas corrieron por cuenta del propio Álvarez: los soportes de la Contraloría acreditan que pagó al menos dos de las cuatro —en una de ellas, incluso, consignó de más y la entidad le ordenó devolverle $865.128—. Aun así, a abril de 2026 seguían activos dos procesos de cobro coactivo en su contra, ambos derivados de los sancionatorios y no de fallos con responsabilidad fiscal, lo que sugiere que las multas más recientes aún no estarían del todo saldadas.