Dos representantes elegidos por el Guainía, dos modelos de financiación
En Guainía, dos modelos de financiación distintos revelan cómo el dinero —de grandes conglomerados o donaciones y apoyos de personas que tiene vínculos con la burocracia departamental— estaría moldeando la política en uno de los territorios más alejados del país.
Autor: Edwin Suárez
Diseño Web: Andrea Villamil
Ilustración: Simple_tan_Jo (@surimeka)
Nota del editor: El 24 de junio de 2026 la Corte Suprema absolvió por duda a Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante por Guainía, en el caso de compra de votos de 2014.
El pasado 8 de marzo los habitantes de Guainía eligieron a Jhonn Alexander Molina Betancur (La U) y Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical) como representantes del departamento en la Cámara, para el periodo 2026-2030. Como cabezas de lista de las dos fuerzas políticas que hace casi una década se disputan el poder político en el territorio, Molina y Cuenca fueron, desde el principio, los favoritos.
Molina (8.641 votos) y Cuenca (5.560 votos) no solo fueron los dos candidatos que más votos sacaron. De los veinte que hubo en la contienda, fueron ellos dos quienes más invirtieron dinero en la campaña, según los datos públicos del portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
Los ingresos y gastos de campaña reportados por los candidatos elegidos no superaron los topes establecidos por la resolución 203 de 2025 emitida por el CNE, que definió esos valores. En territorios como Guainía, donde el censo electoral está por debajo de las 200.000 personas, los partidos podían invertir hasta $2.069.396.889 en su lista, es decir, $689.798.963 por candidato. Cuenca, el que más gastó, y por ende el que más ingresos tuvo, reportó gastos por $294.826.806, apenas un 43% del valor permitido; mientras que Molina con $228.107.621, se situó en el 33%.
Pero, más allá de los datos generales, los detalles de los reportes al portal Cuentas Claras revelan dos modelos de financiación diferentes que plantean preguntas sobre la independencia legislativa y la transparencia electoral en la región. Mientras que el experimentado Cuenca se apoya en grupos empresariales relevantes del país y en una familia de políticos y comerciantes con la que mantiene vínculos políticos, contractuales y de financiación documentados, según los reportes de Cuentas Claras Molina se autofinancia en su mayor parte, aunque su principal aportante y gerente de campaña —su esposa— trabajó en entidades vinculadas a figuras políticas de La U en Guainía.
Cuenca y sus vínculos con la familia Delvasto
Carlos Cuenca lleva 18 años en el Congreso —llegó en 2008— y acumula un historial que combina poder institucional con señalamientos judiciales. En enero de 2025, la Corte Suprema lo condenó en primera instancia por corrupción al sufragante durante las elecciones de 2014. Esa decisión no tiene carácter definitivo hasta que quede en firme o sea resuelta en instancias posteriores. Según la sentencia, utilizó el "Depósito Villavicencio" —propiedad de la familia Delvasto: políticos y comerciantes de Inírida — para entregar materiales de construcción a cambio de votos.
Video: votantes movilizados por la campaña de Carlos Alberto Cuenca Chaux arribando al puerto de Inírida, en los días previos a la elección.
Para las elecciones de 2026, Cuenca financió su campaña sobre una robusta red de donaciones que, junto con su aporte personal de $10 millones, sumaron $295 millones en total. De este monto, $215.000.000 provienen de cuatro grupos empresariales relevantes del país: Rendifin SAS (vinculada a Luis Carlos Sarmiento Angulo) con $60 millones, Bavaria con otros $60 millones, Mercantil Colpatria con $50 millones y Gaseosas Lux (Organización Ardila Lülle) con $45 millones.
Las donaciones empresariales a campañas son legales, pero plantean preguntas sobre independencia legislativa. En el caso de Cuenca, el vínculo entre sus votaciones y el perfil de sus donantes es llamativo: durante la Reforma Tributaria de 2022, votó en contra del proyecto, rechazando los "impuestos saludables" a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Dos de sus mayores aportantes —en 2018, 2022 y en 2026— son Bavaria y Gaseosas Lux (Postobón), empresas afectadas por esos gravámenes. Ese mismo año figuró entre sus donantes Tecnoquimicas S.A., farmacéutica que aparece en un análisis del diario El País de España sobre el financiamiento de congresistas que se opusieron a la reforma a la salud. El 5 de diciembre de 2023, durante el segundo debate de esa reforma en plenaria de Cámara, Cuenca y toda la bancada de Cambio Radical estuvieron ausentes.
Según Cuenca, los aportes de Bavaria y Gaseosas Lux no fueron realizados a su campaña, sino al Partido Cambio Radical. “Es el partido quien, a través de sus órganos competentes, distribuye los recursos entre las distintas campañas territoriales conforme a sus estatutos”. Pese a lo dicho, estas dos empresas aparecen en el anexo de “contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie” en los reportes del político guainíano en Cuentas Claras desde la elección de 2018. En total, las dos empresas han donado $268 millones en las tres últimas campañas.
En la respuesta a El Morichal, Cuenca defendió su voto en contra del impuesto a las bebidas azucaradas: porque el tributo tenía un carácter regresivo sobre los hogares de menores ingresos; afectaba al pequeño comerciante; y la necesidad de complementar cualquier medida tributaria con políticas integrales de salud pública, educación nutricional y acceso a agua potable.
A este panorama se suman los vínculos con la familia Delvasto. Carlos Antonio Delvasto Lara —propietario del Depósito Villavicencio, establecimiento que según la sentencia fue el centro logístico del esquema de compra de votos de 2014— figura este año como donante de $20.000.000 a la campaña de Cuenca.
Otro Delvasto que aparece en los reportes es Giovanni Alexander Delvasto Arenas, quien figura como beneficiario de un pago de dos millones de pesos por servicios de administración en los gastos de campaña de Cuenca, y además como donante de $10 millones a cada uno de los otros dos integrantes de la lista de Cambio Radical: Jorge Alberto Gámez y Norela Rodríguez.
La cercanía entre Giovanni y Cuenca ha sido visible en redes sociales durante años. Juntos viajaron a Brasil durante el Mundial de 2014 y fueron a Estados Unidos a ver una carrera de autos. Giovanni fue también beneficiario de millonarios contratos en el Municipio de Inírida durante la alcaldía de Pablo Acosta (2020-2023). Cuenca había respaldado a Acosta en campaña y, éste luego integró a su Unidad de Trabajo Legislativo en julio de 2024 como asistente II, con un salario de $7 millones mensuales (a abril de 2026). Durante el mandato de Acosta, Delvasto Arenas obtuvo siete contratos con la administración municipal por más de $10.000 millones. Así lo documentó El Morichal en una investigación publicada en 2024 sobre irregularidades en la construcción de la plaza de mercado en Inírida, cuyo contratista era Giovanni Alexnader.
Según se lee en la sentencia de la Corte, Delvasto Arenas fue fundamental en el esquema logístico de compra de votos de 2014: como administrador del Depósito Villavicencio, coordinó la entrega física de las dádivas. Los electores acudían al establecimiento con "vales" o "boletas" para reclamar los bultos de cemento y tejas de zinc que el candidato les había prometido en reuniones políticas.
Los Delvasto también llevan años integrando la UTL de Cuenca. Zulma Esmeralda Delvasto Lara, hermana de Carlos Antonio y tía de Giovanni Alexander, trabaja con Cuenca hace más de una década como asistente cuatro, con un salario actual de $7.800.000. Oscar Gerardo Delvasto Lara, quien fue alcalde de Inírida (2012-2015) por Cambio Radical, integró la UTL como asistente II entre marzo de 2017 y junio de 2024.
En palabras de Cuenca, los Delvasto son “personas con actividades económicas lícitas y reconocidas en la región”, y “no existe en el ordenamiento jurídico colombiano […] disposición alguna que prohíba a estos ciudadanos aportar lícitamente a una campaña política.
Molina y la burocracia como infraestructura de campaña
En la otra orilla se encuentra Jhonn Alexander Molina Betancur, exconcejal y excoordinador del PAE durante la administración del exgobernador Juan Carlos Iral (2020-2023). Su campaña contó con el apoyo de Iral y del representante Alexander Guarín (2022-2026): es decir, el partido de La U, grupo político al que también pertenece el gobernador Arnulfo Rivera (2024-2027).
Video: votantes movilizados por la campaña de Jhonn Alexander Molina Betancur arribando al puerto de Inírida, en los días previos a la elección.
Su modelo de financiación es distinto al de Cuenca: el 88% de sus ingresos provino de sus propios aportes. No hay grupos empresariales ni redes de donantes externos. La mayor aportante fue su esposa, Cilia Paola Domínguez Aponte, también gerente de la campaña, con $20.534.985. Domínguez trabajó en 2021 en el despacho del exgobernador Iral y se desempeñó como asistente II en la UTL del representante Guarín durante 22 meses, entre febrero de 2024 —salario mensual 2024: $5.200.000— y noviembre de 2025 —salario mensual 2025: $5.694.000)—, cuando salió justo antes del inicio formal de la campaña de su esposo.
Más allá de las donaciones, al menos tres contratistas activos de la Gobernación de Guainía tuvieron participación documentada en actividades de la campaña de Molina. En los días previos a la jornada electoral, El Morichal observó directamente cómo cientos de personas llegaban al puerto de Inírida presuntamente trasladadas en embarcaciones por cuenta de los candidatos, y eran recibidas por equipos logísticos que las conducían a viviendas o albergues donde se alojarían hasta el día de la votación.
Uno de esos contratistas era Diego Sanabria, coordinador del Programa de Niñez, de la Secretaría de Gobierno. Durante la tarde del viernes 6 de marzo, Sanabria estuvo ayudando a recibir a los votantes en el puerto principal de Inírida. Al ser consultado por su presencia en el lugar, dijo que lo hizo voluntariamente, que su modalidad de contrato (OPS) no se lo impide y que como él, muchos otros contratistas estuvieron involucrados en las campañas.
Sanabria no fue el único, El Morichal identificó, por medio de fotografías publicadas en redes sociales, que al menos otros dos contratistas de la Gobernación participaron en la recepción de votantes el viernes previo a las elecciones: Yamile Caipa Diaz y Germán Guarín Medina.
Además, tres contratistas de la Gobernación de Guainía aparecen en los reportes de Molina ante Cuentas Claras: Marlyn García Medina, Michelle Camila Hernandez Rojas y Nicolás Gutiérrez Garzón.
García Medina firmó el 23 de enero de 2026 un contrato con la Secretaría de Gobierno del departamento, por cuatro meses para " liderar, fortalecer y realizar el seguimiento al componente territorio seguro, democratico con prevención del delito y mejoramiento de capacidades de las autoridades". En Cuentas Claras, entre los gastos reportados, figura un pago por seis millones de pesos, por su trabajo de secretaria de la campaña.
Por su parte, Hernandez Rojas firmó el 28 de enero de este año un contrato de cuatro meses para apoyar “la gestión a las actividades que se realizan desde el componente de salud y ámbito laboral a la población formal y de la economía popular y comunitaria del Departamento”. En los reportes de Cuentas Claras dice que cobró $15.400.000 por brindar apoyo logístico.
Gutiérrez Garzón fue contratado el 19 de enero de 2026, por un periodo también de cuatro meses, para coordinar el “Área de cultura indígena y conmemoración de fechas relevantes de los pueblos indígenas del departamento”. Según los reportes de Cuentas Claras, Molina le pagó $30.000.000 por refrigerios ofrecidos durante la campaña. Gutiérrez Garzón le dijo a El Morichal que se trata de un negocio informal y que vendió refrigerios a otras campañas; sin embargo, no aparece en los reportes de Cuentas Claras de ningún otro candidato a la Cámara por Guainía en estas elecciones.
Pese a haberle preguntado por WhatsApp sobre el origen concreto de los $180.000.000 que él aportó, o que si el hecho de que su esposa hubiese trabajado durante 22 meses en la UTL del representante Guarín no constituyó una ventaja indebida para su candidatura, Molina no respondió nuestra solicitud de comentarios.
El Morichal le preguntó a Molina por WhatsApp de dónde provienen los $200 millones que reportó como aportes propios, y si considera que su esposa obtuvo una ventaja indebida al pasar directamente de la UTL de Guarín a la gerencia de su campaña. Los $114 millones que ella devengó en salario público en ese período son el único dato disponible. Molina no respondió.
Los indicios en torno a la financiación de la campaña de Molina son menos voluminosos que los que pesan sobre Cuenca, pero apuntan a un patrón que merece seguimiento, el de la burocracia departamental como infraestructura de campaña.
Esta pieza periodística es resultado de las Becas del Taller: ‘Periodismo y elecciones en Colombia: contar lo que importa para la democracia’, otorgadas por la Fundación Gabo en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nota del editor: El 24 de junio de 2026 la Corte Suprema absolvió por duda a Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante por Guainía, en el caso de compra de votos de 2014.