¿Autorizados para robar?

Foto de portada, generada con IA

Los políticos del departamento de Vichada ahora están autorizados para robar. Eso fue lo que demostró el caso del corrupto exgobernador de Vichada, Alex Benito Castro, condenado a 93 meses de prisión por haber desviado los recursos para la construcción de un puente mientras era alcalde del municipio de Santa Rosalía (2012 – 2015). 

¿O cómo interpretar entonces la masiva movilización de respaldo para Benito en redes sociales y en diferentes espacios físicos del departamento de Vichada, luego de su captura el pasado 6 de febrero? Ese respaldo es el equivalente a decirle a alguien, robe tranquilo hoy que, en unos años, cuando la justicia actúe, nosotros nos solidarizamos, nos movilizamos, para hacer creer que los culpables por sus actos de corrupción son otros, no usted.

El colmo del descaro de unos cuantos “buenos vichadenses” empezó el mismo 5 de febrero en horas de la noche cuando apareció el primer mensaje de respaldo al corrupto exgobernador, horas después de que la noticia de la ratificación de la condena de Benito circulara en todos los medios de comunicación. “Yo apoyo a mi Gobernador Alex Benito” decía una imagen que fue compartida en un primer momento y casi de manera simultánea por algunas de las personas del círculo político más cercano al político vichadense. Además, el afiche, que contenía una foto de Benito junto a su esposa y sus tres hijos, fue diseñado bajo una línea gráfica muy similar a la que viene utilizando desde enero de 2024 la Administración departamental para divulgar contenidos en redes sociales. 

Sobre el mediodía del jueves 6 de febrero, circuló en redes sociales otra imagen (también con una línea gráfica similar a la que tiene la Gobernación) que invitaba a una misa y una velatón a tempranas horas de la noche de ese día, como una muestra más de respaldo al condenado. Las fotografías que circularon por WhatsApp daban cuenta de que, luego de la ceremonia litúrgica en la catedral de Puerto Carreño, un nutrido grupo de personas, algunos incluso con prendas oficiales de la Gobernación, se reunieron en el parque Santander, que está incrustado en el corazón de la capital vichadense, rodeado por el palacio de la Gobernación, la Alcaldía de Puerto Carreño, la catedral y el comando de la Policía de Vichada, para encender una gran cantidad de velas. Una imagen fotográfica en plano picado muestra una A (de Alex) resplandeciente, hecha con veladoras en su mayoría blancas. En la mitad de la letra, un cartel, que estaba junto a una cachucha de “Vichada Visible” (el eslogan de la actual Administración departamental), decía: “La familia SADE (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del departamento) está con nuestro gobernador y su familia. Ánimo!”.

Los actos de respaldo y solidaridad no fueron promovidos únicamente por funcionarios de la Gobernación de Vichada y simpatizantes del proyecto político de Benito. El alcalde de Puerto Carreño, Jaime Rodríguez, quien antes de ser político, cuando solo era un ciudadano dedicado a su trabajo profesional, cuestionaba de manera reiterativa el mal manejo del dinero público en sus redes sociales, publicó el 6 de febrero a las 4:30 de la tarde en Facebook una imagen en la que se solidarizaba con el exgobernador y su familia. En su mensaje manifestó no “compartir ciertas decisiones judiciales”, aunque dijo ser respetuoso de la ley y de las instituciones. La corrupción, parece, ya no le incomoda.

El mismo 6 de febrero, en Santa Rosalía, el pueblo natal de Alex Benito, “la Administración Municipal liderada por el señor Alcalde Esneider Fabián Marulanda López, la Oficina de la Gestora Social Jennifer Álvarez Baquero y todo el equipo de trabajo (sic)”, tal como lo escribieron en el Facebook de la Alcaldía de ese municipio, convocó a una marcha por las calles principales del pueblo. Un video posterior a la movilización, mostró a decenas de personas a pie y en moto, solidarizándose con el político corrupto. Paradójicamente, ni el alcalde ni ningún funcionario de la Alcaldía de Santa Rosalía acudió al llamado de la Corte Suprema para asistir a la audiencia pública de lectura del fallo que ratificó la condena del gobernador de Vichada. En el proceso judicial, el Municipio ostentó la calidad de víctima del delito de peculado por apropiación cometido por Benito Castro.

En redes sociales muchas personas cuestionaron el accionar de la justicia. Es injusto, decían, si apenas fueron 13 millones de pesos…, sin terminar la frase. Otros, agregaron, han desangrado al departamento y siguen tranquilos por la vida. Puede que tengan razón. Harta razón.

Las autoridades han avanzado a paso lento con investigaciones sobre el CINER, por ejemplo, una obra multimillonaria plagada de corrupción que no cumplió el objetivo para la que fue construida. Andrés Espinosa, el gobernador (2012 – 2015) que contrató la obra, es presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en un contrato de más de 2.300 millones de pesos destinado a la dotación de ese Centro de Formación e Investigación. La última noticia del proceso, que avanza lentamente en la Corte Suprema de Justicia, fue del 25 de abril del año pasado. 

El gobernador que sucedió a Espinosa, Luis Carlos Álvarez (2016-2019), actual diputado del departamento, tiene varios cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratos durante su administración. En abril de 2024 la Contraloría General de la Nación anunció que adelantaba en Vichada 40 procesos de responsabilidad fiscal por $31.226 millones, entre los cuales se encontraban al menos tres contratos suscritos bajo la administración de Álvarez, que sumaban una presunta responsabilidad fiscal superior a los $12.000 millones. Según el informe del organismo de control, el proceso de mayor cuantía durante el segundo trimestre de 2024 contra el exgobernador Álvarez, era por $6.084 millones. Corresponde al contrato de obra No. 717 de 17 de julio de 2018, cuyo objeto fue el “mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria” de diferentes rutas del departamento, suscrito entre la Gobernación de Vichada y el Consorcio Vial Vichada 2018, por un valor de $25.437 millones. Se investigan anomalías, dijo la Contraloría General, en pagos excesivos realizados al contratista por diferencias en movimientos de tierra y mayores cantidades de obra reconocidas. También se cuestiona, precisó el ente de control, la labor de la interventoría UT Intervías por valor de $1.017 millones.

El contrato 717 de 2018, que de acuerdo a los datos del Secop tenía un plazo de ejecución de nueve meses (debía terminar en mayo de 2019), fue liquidado en mayo de 2023. Pero no se terminó de ejecutar física ni financieramente, se liquidó por vencimiento de su plazo de ejecución. 

Otro caso es el Álvaro León, gobernador de Vichada para el periodo 2020-2023, a quien la Procuraduría destituyó en inhabilitó para ocupar cargos públicos por un periodo de ocho años por haber entregado a inicios de 2020 un contrato de 1.714 millones de pesos a Jorge Eliecer Forero, para entregar mercados a las personas más vulnerables del departamento. Sin embargo, Forero estaba inhabilitado para contratar con la entidad territorial por haber hecho aportes económicos superiores al 2% del tope máximo de financiación, durante la campaña del gobernador León en 2019. La falta que cometió el exgobernador León tendría incidencia penal, pero hasta el momento no se conoce de manera pública y oficial una imputación al respecto. 

Por estas situaciones, donde la justicia es lenta y no avanza, es que decimos que los ciudadanos tienen derecho a indignarse. Es insoportable tener que ver, por ejemplo, al exgobernador Luis Carlos Álvarez, ahora diputado y quien hasta el año pasado tenía investigaciones activas por presuntamente haber malversado millonarios recursos de la Gobernación, con una sed infinita de poder: los últimos cinco años los ha pasó postulando a cuanta elección hubo en el departamento.

Pero que la justicia sea lenta y no avance para los casos en mención, no significa que debamos ser complacientes con la corrupción cometida por Alex Benito. Bajo ninguna circunstancia debemos ser permisivos con la corrupción. El dinero público, es de todos y debe estar al servicio de cada vichadense, más aún, al servicio de aquellos más lo necesitan. 

Además, hay que decirlo, Benito y su grupo político fueron irresponsables con el departamento de Vichada, le faltaron al respeto a quienes creían en él y a los que no apoyaron su campaña en 2023. ¿Por qué una vez salió la condena del Tribunal Superior de Villavicencio no tomaron la decisión responsable de hacerse a un lado para solucionar el lío jurídico que tenían? Porque sabían que la decisión de la Corte Suprema podía confirmar la condena y dejar el departamento a la deriva. Con la salida de Benito perdió él, perdió su grupo político (sobre todo por lo que representa debilitarse en el poder), pero lo más lamentable es que, perdió el Vichada. Hoy se encuentra sumido en un estrés administrativo por cuenta de la situación, impidiendo celeridad y contundencia en los diferentes programas y proyectos que deben desarrollarse en el departamento.

Este episodio, el más oscuro de la política vichadense en los últimos 13 años, debe invitarnos en lo inmediato a la reflexión sobre la persona que tenemos que elegir para ocupar el cargo de gobernador en las elecciones atípicas que se avecinan. Pero también, para que, como sociedad, tomemos conciencia del daño irreversible que hace la corrupción a nuestra tierra. El tiempo de la complacencia ha pasado. El Vichada necesita una regeneración profunda, y para ello debemos comenzar con la reflexión: ¿Qué tipo de futuro estamos dispuestos a construir si seguimos dando el visto bueno a quienes nos han empobrecido, no solo materialmente, sino también moralmente?

La movilización masiva en apoyo a Benito, liderada incluso por funcionarios públicos y respaldada por símbolos institucionales, no es solo una muestra de lealtad política; es una clara señal de que la corrupción ha permeado no solo las estructuras de poder, sino también la mentalidad de una parte de la sociedad. Cuando se encienden velas y se organizan marchas para solidarizarse con un condenado por desviar fondos destinados a un puente que nunca se construyó, se está enviando un mensaje peligroso: que el robo al erario público es tolerable, siempre y cuando el ladrón sea «uno de los nuestros».

Además, es imperativo que las instituciones judiciales y de control actúen con mayor celeridad y contundencia. La lentitud de los procesos y la impunidad que parece rodear a muchos de estos casos solo alimentan la desconfianza en el sistema y la sensación de que la corrupción es un mal sin remedio. Pero no lo es. La justicia debe ser firme, imparcial y ejemplarizante. Cada condena, cada sanción, debe ser un mensaje claro de que el desvío de recursos públicos no será tolerado, sin importar quién esté detrás.

En última instancia, este episodio debe ser un punto de inflexión para Vichada. No puede ser simplemente otro capítulo más en la larga historia de corrupción que ha marcado a la región. Debe ser el momento en el que la sociedad diga «basta», en el que se exija transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con el bien común. Porque Vichada no se merece líderes que la roben; se merece líderes que la sirvan. Y eso solo será posible si, como ciudadanía, estamos dispuestos a exigirlo.