Juez ordena suspender actividades mineras en resguardo indígena de Guainía

El pasado 4 de marzo el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida decretó una medida provisional para suspender cualquier actividad minera en el Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón, ubicado en el departamento de Guainía. La medida, solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca prevenir daños irreversibles a uno de los ecosistemas más importantes del planeta, mientras se resuelve una acción de tutela en curso.

El caso surgió ante la preocupación del Ministerio de Ambiente por un posible proyecto minero en el Resguardo Remanso Chorrobocón, que podría afectar la integridad de la Amazonía colombiana y, en particular, el Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, un área de especial importancia ecológica. El Ministerio solicitó al juez dos medidas provisionales: la suspensión inmediata de obras y actividades mineras, y la abstención del Cabildo Gobernador del Resguardo de realizar cualquier acto que permita la explotación minera en su territorio.

Aunque el Resguardo aseguró que no se están realizando actividades mineras ni se han otorgado licencias o concesiones, el juez consideró que el riesgo de daño ambiental era inminente y potencialmente irreversible. “La Amazonía es un ecosistema interconectado, y cualquier actividad minera, incluso a pequeña escala, podría tener consecuencias devastadoras”, señaló el fallo.

El juez basó su decisión en el principio de precaución, un pilar del derecho ambiental que obliga a evitar acciones que, aunque no tengan un impacto comprobado, podrían generar daños graves e irreversibles al medio ambiente. “No podemos esperar a que el daño ocurra para actuar. La protección de la Amazonía es una responsabilidad de todos”, afirmó el magistrado en su resolución.

La medida provisional prohíbe al Resguardo realizar cualquier acto jurídico o material relacionado con la explotación minera, incluyendo la firma de contratos o convenios, hasta que se profiera un fallo definitivo en la acción de tutela. La decisión tiene una vigencia de 10 días hábiles, pero podría extenderse según el avance del proceso judicial.

Respuesta del Resguardo

El Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón, a través de su gobernador César Flórez, manifestó su respeto por la decisión judicial, pero rechazó las acciones del Gobierno Nacional, a las que calificó como “desesperadas” y “discriminatorias”. En un comunicado publicado en redes sociales, el Resguardo denunció que, mientras grandes empresas y multinacionales reciben apoyo para explotar recursos naturales, las comunidades indígenas enfrentan barreras para desarrollar proyectos productivos sostenibles.

“Hemos cumplido con la normativa vigente durante más de diez años. Nuestro proyecto minero fue diseñado con un enfoque ambientalmente responsable, buscando mitigar el impacto y evitar la destrucción de los ecosistemas”, afirmó Flórez. Además, criticó la falta de diálogo del Gobierno y señaló que la medida no contribuye a erradicar la minería ilegal, que ha afectado a Guainía durante décadas.

El caso pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo económico de las comunidades indígenas y la protección ambiental. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de conservar la Amazonía, las comunidades reclaman alternativas viables para garantizar su sustento.

Para entender la dinámica económica alrededor de la minería en el municipio de Inírida, le recomendamos esta investigación de EL MORICHAL: El oro del abandono: Cómo las comunidades del Guainía se aliaron con la minería informal