Procuraduría demanda nulidad de resolución indígena que autorizó sustracción de reserva forestal para proyecto minero en Guainía

La Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda de nulidad simple contra una resolución expedida por el Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón, la cual aprobó la sustracción de 1.043,37 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para el desarrollo de un proyecto minero. La decisión del Cabildo, según la Procuraduría, desconoce la competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de reservas forestales nacionales, establecida en la Ley 2ª de 1959 y la Ley 99 de 1993.

La Procuraduría argumenta que la Resolución No. 009 de 2025, expedida por el Cabildo Gobernador, vulnera el ordenamiento jurídico colombiano al ignorar que la sustracción de zonas de reserva forestal es una facultad exclusiva del Ministerio de Ambiente. Además, señala que el Decreto 1275 de 2024, que otorga a los resguardos indígenas facultades como autoridades ambientales en sus territorios, establece que estas deben coordinarse con las autoridades ambientales nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas. En este caso, dice el Ministerio Público, la resolución del Cabildo no contó con la participación ni esa autorización, lo que la hace jurídicamente nula.

Tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental

El caso se enmarca en un escenario complejo de tensiones entre el desarrollo económico de las comunidades indígenas y la conservación ambiental. En 2021, la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó trece propuestas de contrato de concesión minera para oro y sus concentrados en el Resguardo Remanso Chorrobocón, ubicado en el departamento de Guainía. Para la explotación de estos recursos, se requiere la sustracción de áreas de la reserva forestal, lo que ha generado preocupación por el impacto ambiental en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.

El pasado 4 de marzo, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Inírida decretó una medida provisional para suspender cualquier actividad minera en el Resguardo, tras una solicitud del Ministerio de Ambiente. La decisión judicial, basada en el principio de precaución, busca prevenir daños irreversibles a la Amazonía colombiana, en particular al Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, un área de especial importancia ecológica. El juez prohibió al Resguardo realizar actos jurídicos o materiales relacionados con la explotación minera hasta que se resuelva una acción de tutela en curso.

Respuesta del Resguardo: Críticas al Gobierno y defensa del proyecto

El Resguardo Indígena Remanso Chorrobocón, a través de su gobernador César Flórez, manifestó su respeto por la decisión judicial, pero criticó las acciones del Gobierno Nacional, calificándolas como “desesperadas” y “discriminatorias”. En un comunicado, el Resguardo denunció que, mientras grandes empresas y multinacionales reciben apoyo para explotar recursos naturales, las comunidades indígenas enfrentan barreras para desarrollar proyectos productivos sostenibles.

“Hemos cumplido con la normativa vigente durante más de diez años. Nuestro proyecto minero fue diseñado con un enfoque ambientalmente responsable, buscando mitigar el impacto y evitar la destrucción de los ecosistemas”, afirmó Flórez. Además, criticó la falta de diálogo del Gobierno y señaló que la medida no contribuye a erradicar la minería ilegal, que ha afectado a Guainía durante décadas.

El caso pone en evidencia las tensiones entre la protección ambiental y las necesidades económicas de las comunidades indígenas. Mientras el Gobierno insiste en la importancia de conservar la Amazonía, las comunidades reclaman alternativas viables para garantizar su sustento. La minería, tanto legal como ilegal, ha sido una fuente de ingresos para muchas familias en Guainía, un departamento históricamente abandonado por el Estado.