El oro del abandono: Cómo las comunidades del Guainía se aliaron con la minería informal

Por: Edwin Suárez

Son las tres y veinticinco minutos de la tarde de un soleado lunes de mayo. El motor de la voladora se apaga y los ruidos se oyen con claridad. El sonido de la fuerza del río al correr apretado entre las rocas se fusiona con la algarabía de un grupo de no más de diez niñas y niños indígenas que entran y salen del afluente, corriendo sobre la gran piedra que hace las veces de playa. Unos metros más abajo, unas mujeres lavan la ropa y golpean sin piedad el agua como si esta fuera la plancha de un gran lavadero.

Atracadas en la orilla hay varias curiaras, pequeñas canoas para máximo dos pasajeros; y una tímida boya de pesca fabricada artesanalmente con un recipiente plástico de aceite para motor fuera de borda de 473 centímetros cúbicos, danza al ritmo de la corriente.

Pero, una embarcación fuera de lo común llama la atención en el puerto: una balsa que tiene unos ocho metros de ancho por ocho de largo, de aspecto reluciente, con un techo de palma, gruesas mangueras, un gran motor y un par de tapetes que son como una especie de toboganes superpuestos.

    — La minería es el medio de sustento donde nosotros conseguimos los recursos económicos. Dice Luis Camelo Moyano, capitán de Chorrobocón, tratando de explicar la presencia de una balsa que extrae oro del fondo del río, en su comunidad.

La minería informal es hoy el principal sustento económico en Chorrobocón, una comunidad indígena ubicada a orillas del río Inírida que pertenece al resguardo Remanso – Chorrobocón, del municipio de Inírida (Guainía), Colombia. Esta se encuentra a 73 kilómetros aguas arriba de la capital departamental. Allí, 236 familias conviven con las balsas mineras artesanales que surcan los ríos en busca del oro.

    — No es para enriquecernos -insiste el capitán indígena-, sino para el sustento de nuestras familias.

Tres jóvenes de la comunidad de Chorrobocón caminan por la calle principal de la comunidad. Foto: Edwin Suárez.

La minería de aluvión está presente en el río Inírida desde hace varias décadas. La fiebre del oro llegó a Guainía entre finales de los años 70 e inicios de los 80, describió Alfredo Molano en el libro ‘Aguas arriba: Entre la coca y el oro’. Al principio, la actividad se realizó únicamente en tierra, a cielo abierto, y se concentró en la Serranía del Naquén (ubicada cerca con la línea fronteriza con Brasil) y sus alrededores, hasta expandirse, luego, por los principales ríos del departamento.

Con una extensión de 72.200 kilómetros cuadrados (el tamaño de Suiza y Bélgica juntos), Guainía es el quinto departamento más grande del país. La totalidad de su territorio hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía, cuenta con el Humedal Ramsar de la Estrella Fluvial de Inírida y la Reserva Nacional Natural Puinawai. El 98% del área departamental corresponde a 28 resguardos indígenas, entre los que predominan las etnias puinave y curripaco. Sin embargo, solo los 10.925 kilómetros cuadrados que tiene la Reserva Puinawai y los 2.530 (en la parte de Guainía) de la Estrella Fluvial, son los que están totalmente blindados contra el extractivismo, porque la ley prohíbe rotundamente realizar cualquier tipo de minería en el lugar.

Según Zeze Amaya Perea, un geólogo guainiano que lleva años estudiando la minería en el departamento, Guainía hace parte de una de las geologías más antiguas de Colombia, el precámbrico, una época de la tierra donde no había oxígeno. “Los mayores depósitos de oro del mundo son del precámbrico”, dice el académico. Eso explica la presencia de oro en diversas partes del territorio.

El potencial minero del departamento es tal, que, en 1987 el Ministerio de Minas y Energía impulsó el Proyecto Minero del Guainía, con el fin de evaluar de manera preliminar “el potencial de unos yacimientos auríferos” localizados en la región sur del departamento. Sin resultados visibles para las comunidades guainianas, a inicios de la década de los noventa el Proyecto terminó “en el olvido”, explica Leonardo Ladino, un antropólogo y exdiputado (2013-2019) indígena.

Guainía es el quinto departamento más grande Colombia, y según el Censo del DANE en 2018, el 75% de su población es indígena.

Lo más grave fue que “dejaron a la gente sabiendo donde está el oro”, dice el geólogo Amaya Perea, quien fue fundador y actual investigador del Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada (GEGEMA) de la Universidad Nacional de Colombia.

Una vez el Proyecto Minero del Guainía concluyó, comenzaron a “predominar en la región las iniciativas mineras de carácter informal”, explica Esteban Rozo en el artículo ‘Mineros e indígenas: gobernanza local, extracción de oro y disputas ambientales en Guainía’, publicado el 1 de septiembre de 2022 en la Revista Colombiana de Antropología. “Desde comienzos de la década de los noventa, colonos y mineros brasileros (también conocidos como garimpeiros) comenzaron a extraer oro en la cuenca media y alta del río Inírida”.

En medio de la fiebre de la extracción por aluvión quedaron las comunidades indígenas. A cambio de una pequeña compensación económica para las comunidades y empleo para sus habitantes, las autoridades indígenas permitieron la actividad minera en sus territorios.

De esa manera, la dinámica económica de los pueblos indígenas se fue volcando hacia la más reciente bonanza extractivista que desangra el nororiente de la Amazonía colombiana: la minería.

    — Nuestros antepasados trabajaron primero el caucho, después chiqui chiqui (fibra de palma) y otros trabajaron con los peces ornamentales. En la actualidad están trabajando la minería. Dice Camilo Flores, un habitante de Chorrobocón, encargado de operar la granja solar que genera electricidad para la comunidad.

Ese fenómeno el antropólogo Ladino lo explica así: “Siempre estos territorios han sido vistos como economías primarias –dice, sentado en la mesa de la sala de su casa en Inírida-, donde estamos sacando las materias primas, y obviamente quién es el que conoce el territorio y el que lo trabaja, pues el pueblo indígena y, por lo tanto, la mano de obra”.

La huella del mercurio

Una balsa necesita en promedio ocho personas para funcionar: el administrador, la que prepara los alimentos, un par de auxiliares que se encargan de los tapetes y de operar el motor que succiona el material que sale del fondo del río, y tres o cuatro buzos, quienes realizan el trabajo más importante y más peligroso de esa modalidad de extracción aurífera.

El buzo se sumerge hasta el fondo del río conduciendo la manguera que extrae el sedimento. A través de otra manguera recibe aire de un compresor, esto le permite durar varias horas realizando la labor bajo el agua. En el libro ‘Estudio: Minería, impactos sociales en la Amazonía’ (2019), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, detalla que, “por descuido o por haber dado con una buena provisión de oro, (los buzos) pueden succionar en las orillas del río y corren el riesgo de desbarrancar material de las orillas y quedar sepultados por el material que se desliza”.

Estas son las balsas que recorren los río de Guainía. Graficación: El Morichal.

Al principio, el buceo era practicado por los brasileros, pero los indígenas se fueron perfeccionando en el oficio, hasta volverse expertos. Algo similar ocurrió con las balsas, algunas comunidades o habitantes de las mismas pasaron de ser simples empleados a tener sus propias máquinas.

    — Hace como 10 años, los que han ejercido la minería somos nosotros, la misma comunidad. Dice el capitán de Chorrobocón.

De hecho, cuando alguna comunidad necesita recursos para alguna iniciativa particular, construye una balsa y la pone en producción. Ese es el caso ahora mismo de una comunidad del resguardo Remanso – Chorrobocón que debe juntar dinero para organizar la Santa Cena del mes de septiembre, una reunión cristiana que heredaron de la misionera norteamericana Sofía Müller a mediados del siglo pasado, y que se realiza cada seis meses en una comunidad distinta. Al evento, que dura casi una semana, llegan en promedio dos mil personas provenientes de diferentes lugares del departamento y la región. Los anfitriones deben garantizar la logística completa de todo el encuentro, por lo que deben disponer de suficientes recursos económicos. La minería se convierte en su redención.

Iglesia cristiana de la comunidad de Chorrobocón. Foto: Edwin Suárez.

Para poder funcionar, las balsas le dan a la comunidad un porcentaje del oro que extraen del río. En la actualidad, Chorrobocón, por ejemplo, se queda con un gramo por cada 15 que sacan las máquinas. En un mes cada comunidad puede llegar a recibir hasta 20 gramos de oro, que en el mercado local tendrían un valor cercano a los cinco millones de pesos.

    — La comunidad invierte las regalías según la necesidad. Explica el capitán Camelo Moyano.

Con parte del dinero que la comunidad de Chorrobocón recibió el año pasado, compraron un motor fuera de borda y un bongo, elementos que no tenían y que son de vital importancia para la movilidad en la región. Gracias a esa inversión, explica el capitán, en los últimos meses han podido evacuar a tiempo a los enfermos hacia la ciudad de Inírida.

Según un habitante de Chorrobocón, en la actualidad hay siete balsas mineras trabajando en los alrededores del resguardo, de las cuales, cuatro son propiedad de personas de la comunidad.

Autoridades ambientales como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) y Parques Nacionales estiman que entre 14 y 30 balsas han explotado el lecho del río Inírida durante los últimos años. La cifra es alarmante, pero bastante conservadora si se compara con las 1.200 barcazas que, según cuentan las autoridades indígenas del sector, se alcanzaron a contabilizar a mediados de la década de los 90 en ese río.

El rendimiento de producción actual de las balsas tampoco es lo que era antes. En promedio, una de esas embarcaciones extrae de 15 a 30 gramos de oro al día. Es decir, un aproximado de medio o un kilogramo por mes: la mitad de lo que llegaba a sacar una balsa al día, hace 30 años. Así lo explica un excapitán de la comunidad de Chorobocón, quien es dueño de una balsa y pidió mantener su nombre en reserva para evitar inconvenientes: “Hoy en día ya no es nada. Ya no es nada -enfatiza-. Cuando llegaron los primeros, los brasileros, sacaban por kilos”.

    — Yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando en Morroco (una comunidad del Río Inírida, más arriba de Chorrobocón) había un señor que tenía dos máquinas, al día sacaban dos kilogramos. Dice el capitán Camelo Moyano.

Para llegar a la comunidad de Chorrobocón hay que pasar dos rápidos o chorros (raudales de menor escala). Hay que empujar la embarcación sobre la roca en trayectos de 20 a 60 metros. Foto: Edwin Suárez.

Según expertos, como Amaya Perea, la minería aluvial en Guainía se desarrolla principalmente a través de modelos rudimentarios. “No son tipo balsas como las del Chocó, el río Dagua, el Cauca u otros casos que conocemos en el país, que son mega dragas. Las del Guainía son mini dragas”. No es concebida como artesanal, dice el geólogo, porque utiliza maquinaria y eso disminuye la actividad manual, pero sí es tradicional por tratarse de una actividad con más de 10 años en el territorio.

La Resolución 40599 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía define a la minería tradicional como aquella “que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional”, y que constituye “para dichas comunidades la principal fuente de manutención y generación de ingresos”.

El sistema de balsas que funcionan en Guainía, dice el académico Amaya Perea, tiene una única falla ambiental: “la forma de extracción final del oro, que, por el tamaño de la partícula, porque estos materiales son finos, muy finos, laminillas muy pequeñas que con una batea no se puede separar de los otros materiales del río que no son oro. Entonces, para facilitar su extracción, usan mercurio».

Desde el año 2019, con la ratificación del Convenio de Minamata, Colombia prohibió el uso de mercurio para la extracción de oro, un elemento químico que, como reconoce el capitán Camelo Moyano, se sigue usando en la minería que realizan las comunidades. Pero ahora, asegura, son más conscientes de uso y por medio de la guardia indígena controlan que los mineros no derramen mercurio o tierras y aguas contaminadas directamente al río. Depositan estos residuos en hoyos ubicados a 100 metros de la ribera del afluente.

Pese a los cuidados que las comunidades dicen tener con el mercurio, estudios recientes realizados por la Secretaría de Salud y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), han arrojado altos niveles de presencia de mercurio en los seres humanos, los peces, las plantas y los sedimentos de los ríos. Heiner Pinto Guerrero, profesional especializado de la CDA, afirma que «se encontró que las concentraciones estaban por encima de los niveles permisibles de la Organización Mundial de la Salud”.

Según un artículo publicado en septiembre de 2017 por el periódico El Tiempo, en 2015 un estudio de la Secretaría de Salud de Guainía reflejó que en “las personas examinadas (202 en total), hay quienes tienen entre 60 y 109 veces más mercurio en su cuerpo que el exigido por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud”. Jesús Olivero Verbel, para la época coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, le dijo al diario bogotano que creía “que Guainía sería el lugar más contaminado por mercurio del país –aunque hacen falta más estudios–, seguido por el Amazonas y el sur de Bolívar”.

Aunque los resultados son alarmantes, en las comunidades no hay mucha preocupación alrededor del tema. Aseguran que hay poca socialización de esos estudios y que lo poco que saben corresponde al voz a voz entre la gente.

    — Dicen que el bagre tiene mucha contaminación en el cuerpo, igualmente el bocachico. Nosotros el bagre y bocachico lo comemos normalmente. No le tenemos miedo a comerlo. Igual, no hemos visto ningún efecto de mercurio en ninguna persona. Argumenta el capitán de Chorrobocón.

En Chorrobocón tienen más reparos frente a la minería que se desarrolla a cielo abierto porque genera deforestación, un impacto ambiental que, a diferencia del mercurio, es totalmente perceptible a la vista. Se oponen, por ejemplo, a la explotación minera que en medio de la selva realizan algunos integrantes de una comunidad vecina, ubicada a orillas del río Inírida. La mina sigue en explotación de manera informal a pesar de que en noviembre de 2022 fue víctima de un megaoperativo por parte de las fuerzas militares y de policía.

El pescado es la base de la alimentación en las comunidades indígenas del Guainía. Si plato insignia es el ajicero. Foto: Edwin Suárez.

Alguien va a sacar el oro

    — Donde hay oro siempre alguien va a ir por él, un minero informal o una multinacional. Dice el geólogo Amaya Perea desde Bogotá, a través de una reunión virtual.

Según el brigadier general Adolfo Hernández, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia, detrás de la minería informal en Guainía hay bandas criminales: “Está la estructura Acasio Medina, está el bandido llamado Alex Bonito y están también alias Domingo y alias la Flaca. Son los individuos que tenemos nosotros detectados y reconocidos, porque manejan esa economía ilícita, manipulan a las comunidades, las tienen amedrantadas”.

Mineros locales aseguran que los balseros pagan extorsiones a esos grupos armados para poder trabajar. “De la producción, el administrador tiene que dejar lo del impuesto. A veces pasan meses sin que vengan a cobrar, pero en cualquier momento vienen. Suben desde Inírida”, dice una de las fuentes con las que conversó EL MORICHAL, cuyo nombre se omite en esta parte de la historia, por tratarse de un asunto que lo puede poner en la lupa de las bandas criminales.

La realidad es dura para los mineros locales, pero es una realidad a la que les toca adaptarse porque la extracción de oro es la principal ocupación laboral para los habitantes de comunidades en ríos como el Inírida, el Guainía o el Atabapo. La producción agropecuaria o de artesanías es improbable por los costos del transporte. Para ir y volver de Chorrobocón a Inírida (cinco horas de navegación por trayecto) se necesita un millón de pesos (US $256): eso cuesta la liga y la gasolina para un bote de seis pasajeros. 

    — Eso es en lo que trabajan acá en el río Inírida, el 70 por ciento de la comunidad (las personas en edad laboral). Dice Flores, el de la granja solar de Chorrobocón. El 30% restante, asegura, también se beneficia de la minería, porque venden a las balsas productos locales como el mañoco, el cabase, la manaca o el pescado.

Un hombre de 26 años que solo estudió hasta sexto grado, habitante de la comunidad de Chorrobocón, quien prefiere mantener su nombre en reserva, dice que trabaja como buzo para recoger el dinero necesario para mantener a su esposa y sus tres hijos. En promedio, asegura, se gana unos 15 gramos al mes, que en el mercado local se venden por unos tres millones y medio de pesos. Con eso compra lo básico: panela, café, sal, huevos, pasta, arroz, enlatados, jabón y anzuelos para pescar; si sobra, ropa o zapatos. La vida en Guainía puede llegar a ser hasta el triple de costosa que en las ciudades del interior del país. En las comunidades más remotas un galón de gasolina cuesta $50.000 (US $13).

El anhelo del joven buzo es que sus hijos no tomen el rumbo de la minería. Sueña con que terminen el bachillerato, vayan a la universidad en una ciudad del centro del país y se hagan profesionales. Pero el tiempo corre lento para los desafortunados: su hija tiene doce, el niño que sigue, seis, y un bebé, ocho meses. Le esperan miles de horas bajo las cálidas aguas del río Inírida para extraer las diminutas laminillas de oro que gramo a gramo le permitan moldear el futuro de su familia.

En Guainía la minería informal se alimenta de la falta de oportunidades. En el colegio de Chorrobocón cada año se gradúa una docena de bachilleres, pero muy pocos logran integrarse a la educación superior. El capitán Camelo Moyano dice que hay al menos 40 jóvenes de sexo masculino que se graduaron en la última década y ahora hacen parte de la mano de obra que trabaja en las balsas (una actividad exclusiva para los hombres).

Sin embargo, hay excepciones. Gracias al esfuerzo de su familia, Jhon Anderson Moyano logró formarse como auxiliar de enfermería y desde este año es la persona que atiende el puesto de salud de Chorrobocón. Una tarea difícil porque pasa semanas enteras sin tener una sola caja de medicamentos. Bajo esas condiciones estaba durante los primeros días de mayo, sin una pasta de acetaminofén que recetar a las víctimas de la epidemia de dengue que desde mediados de abril azota al Guainía.

Esta la sede de bachillerato del colegio de Chorrobocón. En la comunidad se construye una sede, que está próxima a ser entregada, para los estudiantes de primaria. Foto: Edwin Suárez.

Vacíos que hacen daño

Otra realidad con la minería informal es que el oro sale del territorio dejando lo mínimo a las comunidades y enriqueciendo a quienes lo ponen en el mercado nacional e internacional. La falta de formalidad de esa actividad también impide que se tengan números reales sobre la cantidad de metal precioso que año tras años sale del departamento.

Los datos de la Agencia Nacional de Minería dan cuenta de que en Guainía se extrajeron 1.416 kilogramos de oro entre 2013 y 2016 (un promedio de 354 kilos por año), apenas el 0,62% de la producción nacional en esos cuatro años. Para las vigencia correspondiente a los años 2015 y 2016, el departamento de Guainía y sus municipios sólo recibieron 508 millones de pesos de regalías directas producto de la extracción de oro.

Un reportaje publicado en abril de este año por el periódico El Espectador, detalla que “entre 2015 y el primer trimestre de 2023 se extrajeron, al menos, 1.565 kilogramos de oro” de Guainía. “Naciones Unidas estima que el 95% de este mineral se extrajo de manera ilegal”, según el diario bogotano.

Entre el año 2016 y el 30 de marzo de este año, la Armada Nacional y la Policía Nacional reportaron la incautación de 88 kilogramos de oro por falta de documentación que demostrara la procedencia o legalidad de este material.

Según el Catastro Minero Colombiano, en Guainía hay 20 títulos en ejecución para la extracción de minerales de oro y sus concentrados, pero según la corporación CDA, ninguno tiene licencia ambiental, por lo que sus poseedores técnicamente no pueden trabajar.

Bajo ese contexto, la única minería formal hoy por hoy en el departamento es la que realizan los barequeros que se inscriben como mineros de subsistencia, quienes solo pueden extraer el oro por medio de una batea artesanal, sin ningún tipo de maquinaria. Según la Alcaldía de Inírida, con corte al 30 de abril de 2024, había 992 de ellos en el municipio. Cada uno puede extraer y comercializar entre 30 y 35 gramos al mes.

Pero en Guainía el barequeo no es rentable, el tamaño de las partículas de oro que hay en los caños y ríos son muy finas y difícilmente se pueden separar con una batea. Por eso, de los 54 mineros de subsistencia activos que hay en Chorrobocón, ninguno practica el barequeo. Miguel Clarín Gutiérrez, un excapitán de la comunidad, quien en varias oportunidades trabajó en las balsas mineras pero que ahora se dedica al liderazgo dentro del resguardo Remanso – Chorrobocón, explica que en la comunidad nadie trabaja el barequeo porque una persona tendría que barequear varios meses sólo para reunir lo que cuesta el viaje a la ciudad de Inírida, para vender el oro.

En el centro de la comunidad de Chorrobocón se encuentra un polideportivo, lugar donde se hace deporte, actividades culturales y las reuniones importantes. Foto: Edwin Suárez.

Para renovar el certificado de minero de subsistencia, trámite que se hace anualmente, los interesados no están obligados a demostrar que el oro que han comercializado es efectivamente producto del barequeo, porque todo funciona bajo el principio de la “buena fe”, explica Karen Gómez, funcionaria de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Inírida. 

Eso facilita que el cupo de los 30 o 35 gramos de oro a los que tienen derecho, haya sido extraído por métodos diferentes al barequeo. Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería reconoció ante El Espectador que, algunos mineros artesanales que no logran extraer los 420 gramos por año, “venden su “cupo” restante por $100 mil o $200 mil pesos colombianos (US $ 20 – 50) a otras personas para que los usen”.

Los 992 barequeros que hay en el municipio de Inírida este año tendrían la posibilidad de poner unos 415 kilos de oro legal en el mercado nacional, si vendieran hasta el último gramo al que tienen derecho. Si en promedio una balsa en el río Inírida produce entre 8 y 12 kilos al año, con el cupo de los 54 mineros de subsistencia de la comunidad de Chorrobocón, quienes tendrían una capacidad de producción de 23.5 kilos este año, se podría legalizar la producción de dos o tres de las cuatro balsas que hay en la comunidad.

EL MORICHAL logró establecer que al menos uno de los habitantes de la comunidad de Chorrobocón, propietario de una balsa, está inscrito como minero de subsistencia.

El geólogo Zeze Amaya Perea dice que el silencio administrativo también ha fomentado “la minería ilegal e informal” en la región. Y explica que en 2015 la Universidad Nacional hizo un levantamiento de información en los departamentos de Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía de zonas para la minería, “pero no se reflejó en los planes de desarrollo”. “Las políticas mineras del Guainía están todavía por construir”.

Al consultar los planes de desarrollo locales, los planteamientos de Amaya Perea toman sentido. El Plan de Desarrollo Departamental de la actual Administración (2024-2027), un documento de 281 páginas, sólo menciona en cinco oportunidades la palabra minería, en tres de ellas para reconocer que es uno de los principales motivos de afectación del medio ambiente. Pero no se plantean acciones concretas que busquen enfrentar la problemática. Algo similar ocurre con el Plan de Desarrollo Municipal de Inírida.

Para el antropólogo Ladino, la minería informal en el departamento de Guainía (una actividad a la que él se opone rotundamente) está rodeada de intereses particulares. “La actividad ha estado relacionada con personas de poder político y de poder económico en el territorio”, explica. “No vamos a acabar con una actividad en donde los que tienen que tomar decisiones de fondo hacen parte del problema”.

Lo planteado por el antropólogo indígena coincide con una noticia emitida por Noticias Uno en noviembre de 2022, en la que cuestionaban el ascenso del coronel Jimmy Bedoya, quien había sido denunciado por sus subalternos de estar vendiendo oro ilegal a alias John 40 cuando fue comandante de la Policía Guainía, entre julio de 2019 y noviembre de 2020. Según la denuncia, Bedoya tenía cercanía con una reconocida compradora de oro en la región, quien sacaba el metal precioso en vuelos chárter por el aeropuerto local.

Según el reporte de incautaciones que la Policía Nacional le envió a este medio de comunicación dando respuesta a un derecho de petición, de los 45 kilos de oro que esa institución incautó en el departamento de Guainía entre enero del 2016 y el 30 de noviembre del 2023, 40.3 kilos fueron decomisados en el aeropuerto o sus inmediaciones.

El capitán de la comunidad de Chorrobocón, Luis Camelo Moyano (camiseta blanca), junto a Miguel Clarín Gutiérrez, a orillas del río Inírida, camino a la comunidad. Foto: Edwin Suárez.

Un negocio transfronterizo

Pero no todo el oro que se mueve por Guainía es extraído de las entrañas del departamento. En el estado Amazonas de Venezuela se encuentra el cerro de Yapacana, un parque nacional que durante años fue el epicentro de la minería ilegal en la amazonía del vecino país. Miles de mineros colombianos, muchos de ellos indígenas, cruzaban la frontera y navegaban el río Orinoco durante horas para llegar hasta esas minas, ubicadas en tierra.

Desde hace un año el Yapacana ha dejado de ser atractivo para los mineros porque la Guardia Nacional Bolivariana emprendió una cruzada para recuperar el control del territorio y entre diciembre de 2022 y finales del 2023 desplazó a más de 14.000 personas, la mitad de ellos, colombianos. El desalojo llegó al máximo punto de ebullición el 13 de septiembre del año pasado cuando los mineros se enfrentaron a los militares. El saldo, tres trabajadores fallecidos y una docena de heridos.

Sin embargo, rápidamente los mineros buscaron otros lugares dentro del territorio venezolano para seguir extrayendo oro. Clarín Gutiérrez, el excapitán de Chorrobocón, explica que en diciembre reventó una veta de oro en el caño Cunucunuma (Orinoco arriba, pasando el Yapacana) y todos sus conocidos que trabajan en la minería se fueron para allá. Algunos de ellos, dice, en un solo mes lograron juntar el equivalente a 80 millones de pesos en oro.

Un ejemplo claro de la circulación de oro venezolano en Guainía podría hallarse en las cifras de incautación reportadas por la Armada Nacional en los últimos ocho años. De los 44.1 kilogramos de oro que esa fuerza militar incautó entre 2016 y marzo de este año, 33.4 kilos fueron decomisados durante inspecciones realizadas a embarcaciones que navegaban por el Guaviare, río que conecta a la ciudad de Inírida con el vecino país. Es muy probable que ese oro proviniese del Yapacana. 

En Guainía los ríos también son “el vehículo para poder transportar material de extracción ilícita de yacimientos mineros” que se explotan fuera del departamento, insiste el comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquia.

Este es el oro que se extrae de las minas de Venezuela. Foto: Archivo El Morichal.

Alternativas que no llegan

En 1992, cuando la minería estaba en su máximo furor en el río Inírida, el resguardo de Remanso-Chorrobcón obtuvo una resolución que lo declaró Zona Minera Indígena por parte del Ministerio de Minas y Energía. En 2021, la Agencia Nacional de Minería le otorgó trece títulos mineros al resguardo, que aún no entran en operación por falta de licencias ambientales. Desde la comunidad aseguran que llevan ocho años tratando de legalizar la minería.

    — Este año, con la ayuda de Dios, sé que vamos a lograr cumplir todos los requisitos que el Gobierno exige -dice el Luis Camelo Moyano, el capitán de Chorrobocón-. Usted sabe que el medio ambiente es muy protegido, pero nosotros lo estamos haciendo con todas las de la ley.

Formalizar la minería es, según el geólogo Amaya Perea, una medida positiva para el departamento. “Esto podría permitir esta actividad de una manera más ecológica y sostenible con el medio ambiente”, dice. Y agrega: “La minería legal genera un responsable medioambiental y nuestra selva está llena de vacíos ambientales, nadie es responsable finalmente. Llegan, hacen un operativo y el responsable es el que esté ahí en el momento, pero, ¿y los verdaderos responsables? En un modelo legal deberían hacer proyectos de restauración ecológica, de suelos, y al mismo tiempo tiene un impacto social en la comunidad: dejar una escuela, un hospital, regalías; fortalece el sistema económico de una comunidad”.

El académico plantea que, con la formalización, lo primero que hay que hacer es suprimir el mercurio, porque le hace daño al medio ambiente y las personas, y además es poco eficiente debido a que solo permite extraer el 60% del oro. “Se podría reemplazar por métodos que utilicen gravedad, que son un poco más costosos, pero son más efectivos y resultan útiles para el medio ambiente y la salud de las personas”.

El capitán Camelo Moyano dice que otra bondad de la minería formal es que, al tener procesos de exploración tecnificados, las balsa -que no utilizan mercurio, insiste- ya no andarían para arriba y para abajo revolcando el lecho del río como lo hacen en la actualidad, sino que se concentrarían exactamente en los puntos donde está el oro.

Pero no todos en el resguardo de Remanso – Chorrobocón están de acuerdo con la minería. En diciembre de 2022 Mogabay Latam publicó un artículo que da cuenta del inconformismo en un sector de la comunidad, por la falta de transparencia sobre los trece títulos obtenidos en 2021. Detrás de todo, dice el medio de comunicación dedicado a temas medioambientales, hay empresarios con intereses particulares. Luis Alfonso García, un líder indígena del resguardo, cuenta en el reportaje que “aunque los títulos mineros fueron otorgados oficialmente a las comunidades indígenas no son ellos los que estarán detrás de ejecutar los proyectos”.

A nivel general, en el departamento de Guainía también hay división frente a la minería. Javier Gutiérrez Camico, perteneciente a la etnia curripaco y representante legal del Consejo Indígena Multiétnico del Territorio Ancestral de los ríos Atabapo e Inírida, se opone rotundamente a la extracción de minerales. “Nunca ha dejado nada bueno”, dice, pero es consciente de que, sin alternativas económicas, las comunidades seguirán apostando por la minería.

Gutiérrez Camico también cuestiona que la lucha contra la minería informal por parte de las fuerzas militares en el departamento, fracasó. La solución no es solo dinamitar las balsas, dice, porque además de ser un método que también contamina los ríos, los propietarios afectados consiguen rápidamente una nueva máquina. Y el ciclo se repite de manera indefinida.

A inicios de junio de este año las Fuerzas Militares destruyeron tres balas mineras en el río Atabapo. Foto. Cortesía.

    — Cómo pueden decirle a una comunidad, no hagan minería, si no les dan opciones. Dice el antropólogo Ladino.

Los habitantes de Chorrobocón siempre han estado interesados en la minería, por una sencilla razón: es lo que saben hacer, llevan décadas practicándola y otras alternativas que han querido implementar, como los bonos de carbono (negocios verdes) y el turismo, no llegan, pese a estar tocando esas puertas desde hace años con los gobiernos de turno.

    — En la comunidad nos sentimos solos -dice el habitante de Chorrobocón, propietario de una de las cuatro barcazas-. Si hay nuevas posibilidades, ese día dejamos esas balsas.

Hasta ahora, solo la corporación ambiental CDA se ha tomado en serio la posibilidad de implementar proyectos que se conviertan en una alternativa frente a la minería en la región. Con el apoyo de Visión Amazonía, ha llevado a cabo un proyecto para evaluar el impacto ambiental de la minería en Guainía. La investigación revela lo obvio, que la falta de oportunidades y acceso a servicios básicos empuja a estas comunidades hacia la minería.

En respuesta, la CDA organizó 123 mesas de trabajo para explorar alternativas como el turismo de naturaleza y la transformación de materias primas locales. Este diálogo culminó en un Plan de Reconversión Sociolaboral a diez años, firmado por la CDA, la Gobernación del Guainía, la Alcaldía de Inírida y el SENA. El plan, iniciado en 2023, se enfoca en tres ejes: desarrollo del talento humano, producción sostenible, y mejora del transporte y la conectividad regional.

    — El plan iría hasta 2033 -dice Heiner Pinto Guerrero, el profesional especializado de la CDA-. La idea es ver, al final, que efectivamente las comunidades hayan hecho un cambio en cuanto a sus actividades económicas, que haya una disminución de la minería en los territorios.

La alternativa del turismo

En Chorrobocón consideran que el turismo es una buena alternativa. Están cerca de los cerros de Mavicure, tienen caños con abundantes peces ornamentales, grandes campos con flores de Inírida y una amplia oferta gastronómica y cultural. Solo les faltan los turistas; en años, ninguno ha pisado el suelo de la comunidad.

La comunidad de Remanso es paso obligado de los turistas que visitan los Cerros de Mavicure. Foto: Edwin Suárez.

El ejemplo a seguir es Remanso, una comunidad que también hace parte del Resguardo Remanso – Chorrobocón y cuenta con el privilegio de estar ubicada junto a los Cerros de Mavicure. Hace una década los habitantes del lugar dependían de la minería, pero en 2015 una capacitación sobre turismo comunitario por parte del Sena les hizo comprender la posibilidad que tenían entre sus manos con el turismo. De esa actividad hoy se benefician las 60 familias del lugar, dice Marcelino Horacio Agapito, actual capitán de Remanso.

    — Nos favorece el turismo porque estamos cerca del pueblo y nos llega mucha visita. Dice el capitán Agapito, recostado en la hamaca que tiene guindada en el rincón de una maloca que sirve de restaurante.

Entre enero de 2022 y octubre de 2023 6.079 turistas arribaron a Inírida por el aeropuerto local, según datos de la Alcaldía; 1.136 eran extranjeros. La mayoría de los visitantes llegan hasta los cerros, suben a la cima de Mavicure y visitan Remanso o Venado, otra comunidad que está junto a esos monolitos que hacen famoso al Guainía.

Pero el turismo en el departamento es estacionario. La temporada alta va de noviembre a abril, dice el capitán Agapito. En los demás meses, los servicios turísticos se reducen y las personas tienen que buscar otras actividades económicas.

En el registro actual de mineros de subsistencia de la Alcaldía de Inírida hay 21 que pertenecen a Remanso. La comunidad de Venado tiene 91 personas inscritas como barequeros.

La minería informal está tan afianzada en el territorio que termina siendo un lugar seguro en materia de economía para muchas personas. Así lo reconoce Josué Peña, un indígena puinave, quien después de ser minero informal, en 2018 apostó por el turismo y hoy tiene a las afueras de la ciudad de Inírida una de las iniciativas más interesantes del sector: ‘Kenke, el parque natural y cultural del Guainía’. 

A inicios de la década pasada Peña era comerciante en Villavicencio, su negocio se quebró y regresó a su tierra con $7.000 en el bolsillo. Su única salida fue emplearse en la minería. Trabajó un par de meses en una balsa cerca de los cerros de Mavicure y logró juntar capital para hacerse vendedor ambulante en Inírida. Sin embargo, una fuerte crisis económica en el comercio, provocada por la fuerte persecución de la Fuerza Pública a la minería en el departamento, lo obligó a refugiarse en la extracción informal de oro, esta vez en territorio venezolano.

    — Ese es como el escape cuando uno no tiene más nada que hacer, cuando no hay trabajo. Agarrar la maleta y para el monte. Dice Peña, sentado en la pequeña oficina que tiene en la calle principal de la ciudad, a dos cuadras y media del puerto.

Josué Peña en la entrada del parque. Foto: Edwin Suárez.

En 2013 Josué abandonó para siempre la minería. Estableció primero un local que ofrece celulares y elementos tecnológicos, que sigue funcionando en el centro de la ciudad. Pero su verdadera pasión es el turismo. Su resiliencia y determinación lo convirtieron en uno de los referentes del avistamiento de aves en la región. Kenke logró tres mil visitantes en los últimos cinco años.

Esa no ha sido la suerte de los habitantes de Chorrobocón. Mientras los niños siguen jugando en las aguas cálidas del Inírida, ajenos a los debates sobre mercurio y minería, y las mujeres lavan la ropa con un agua que ya está sucia, la vida continúa. La lucha por sobrevivir en la Amazonia colombiana es, una vez más, una batalla contra el olvido.

Nota: Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network.

3 thoughts on “El oro del abandono: Cómo las comunidades del Guainía se aliaron con la minería informal

  1. Al fin alguien logró mostrar la situación abarcando las distintas miradas y evidenciando la realidad de una manera sencilla, ¡gran trabajo Edwin!

  2. Excelente publicación o reportaje. Mil gracias. Muestra la perspectiva global de Guainia y la mineria informal. La accesibilidad a los alimentos es lo que mas veo preocupante con los precios tan altos en frutas, vegetales, huevos y carnicos.

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