Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Guainía Juan Carlos Iral por puentes inconclusos

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador de Guainía Juan Carlos Iral Gómez por su presunta responsabilidad en el abandono de dos puentes vehiculares en los corregimientos de San Felipe y Cacahual, obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías por 16.150 millones de pesos que hoy siguen inconclusas, inutilizables y como símbolo del despilfarro de los recursos públicos en el departamento.

La Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, que lleva la investigación, concluyó que durante su mandato (2020-2023) Iral Gómez habría omitido realizar oportunamente las gestiones necesarias para remover los obstáculos que enfrentaba el proyecto, reorientarlo y garantizar su terminación.

Para la Procuraduría, su presunta omisión «contribuyó en gran medida a que se presentara un retraso significativo en la terminación del proyecto, dejando la inversión de recursos públicos de regalías en un alto riesgo de pérdida, con evidente detrimento patrimonial para el Estado».

La conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave.

Una historia de tropiezos que viene de atrás

El origen de esta historia se remonta al 28 de diciembre de 2017, cuando se firmó el contrato para la construcción de los dos puentes. Las obras arrancaron el 5 de junio de 2018 y debían estar terminadas el 4 de mayo de 2019, en un plazo de apenas once meses. Nada de eso ocurrió. El proyecto acumuló cinco prórrogas que sumaron 23 meses adicionales y seis suspensiones que paralizaron los trabajos cerca de once meses más, sin contar el tiempo del confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Cabe señalar que la gestión y ejecución inicial del contrato se dio bajo el mandato del exgobernador Javier Zapata (2016-2019), posteriormente condenado a nueve años de prisión por corrupción. Pero fue durante la administración de Iral Gómez cuando el proyecto entró en su fase más crítica: desde comienzos de 2021, el contratista no volvió a registrar avance alguno en las obras, hasta que el 8 de diciembre de 2022 el contrato terminó por vencimiento del plazo, con un 80,41% de ejecución y un 19,59% de obra pendiente.

Ese porcentaje faltante no es un detalle menor. Corresponde exactamente a las rampas de acceso, o «aproches», que son los que permiten subir y bajar de la plataforma de cada puente. Sin ellas, las dos estructuras son completamente inútiles.

Puentes que nadie puede usar

El de mayor relevancia para las comunidades es el puente sobre el caño Pato, ubicado en una trocha de 70 kilómetros que conecta la comunidad de Huesito, a orillas del río Inírida, con el caño Guamirza. Por esa vía se movilizan mensualmente cerca de 150 toneladas de carga en tractores y camiones acondicionados para el terreno, con víveres, combustible y toda clase de mercancía destinada a los habitantes de la cuenca del río Guainía y sus afluentes, incluyendo las poblaciones de Puerto Colombia y San Felipe.

El puente tiene cinco metros de ancho, 120 de largo y cuatro metros y medio de altura. Está ahí, imponente, como una mole de cemento en medio de la selva. Pero sin las rampas de acceso, los tractores que circulan por el lugar no pueden subir a la plataforma. Así que durante la temporada de lluvias, los transportadores siguen cruzando el caño en un planchón, poniendo en riesgo la carga y sus propias vidas. «Ese puente sería de gran alivio para nosotros», han repetido los tractoristas en más de una oportunidad.

El segundo puente, sobre el caño Cangrejo en el corregimiento de San Felipe, fue proyectado para conectar a la comunidad indígena de Cangrejo con el casco urbano. Aunque tampoco tiene sus rampas, los habitantes lograron acondicionarlo de manera artesanal para el paso de peatones, que es lo único que pueden hacer con una estructura que costó miles de millones de pesos.

Según confirmó en 2024 Carlos Mario Martínez, secretario de Planeación e Infraestructura Departamental, en respuesta a un derecho de petición de El Morichal, el avance financiero del contrato también quedó en el 80,41%. De los 15.211 millones de pesos presupuestados, el contratista recibió 12.231 millones. Los 2.980 millones restantes, que correspondían a la construcción de los accesos, nunca fueron ejecutados.