Corte Suprema aprueba allanamiento a cargos del exgobernador de Guainía por contratación irregular

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aprobó el 23 de octubre de 2024 el allanamiento a los cargos imputados al exgobernador de Guainía, Efrén de Jesús Ramírez Sabana, por irregularidades en contratación pública que superan los 2.500 millones de pesos.

Los cargos aceptados por el exmandatario incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, relacionados con un contrato de obra celebrado en octubre de 2007 para el mejoramiento de la vía Huesitos – Puerto Caribe.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Ramírez Sabana permitió la apropiación indebida de más de 870 millones de pesos por parte de un particular. El contrato en cuestión formaba parte de un convenio entre el departamento de Guainía y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para la ejecución de obras, construcción de puentes, terraplenes y drenaje.

Esta no es la primera vez que el exgobernador enfrenta a la justicia. Ramírez Sabana, quien dirigió el departamento entre 2004 y 2007, fue capturado el pasado 9 de febrero de 2024 en el hospital de Inírida. El exmandatario ya acumula dos condenas previas por corrupción. En abril de 2022, fue sentenciado a 88 meses de prisión por irregularidades en 30 contratos, que incluían desde suministros ficticios de combustible hasta contratos de inmunización inconclusos. Posteriormente, en junio del mismo año, recibió una condena adicional de 60 meses por contratación irregular.

Irregularidades en el último caso

En el análisis del contrato de mejoramiento vial, la Fiscalía encontró serias deficiencias en su planificación y ejecución. Los investigadores determinaron que el proyecto carecía de estudios previos serios y concretos, evidenciando una clara incongruencia entre la necesidad planteada y el motivo real de la contratación. El caso se agravó al descubrirse que las obras fueron planificadas en zonas donde no existía población ni actividad comercial que justificara la inversión.

Las anomalías se extendieron también a aspectos técnicos del proyecto, pues se contempló la construcción de infraestructura en puntos geográficamente inviables. A pesar de estas evidentes irregularidades, se realizó un desembolso injustificado de más de 871 millones de pesos como anticipo al contratista.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia procederá a emitir el fallo correspondiente, estableciendo la pena que deberá cumplir el exmandatario por estos nuevos cargos.

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