La pobreza del campesinado por la falta de titularidad de la tierra
Por Leni Viviana Murcia Naranjo y Johnny Alexander Uribe Ochoa
Foto portada: Imagen de referencia. Archivo El Morichal
¿Cómo medir la situación de pobreza del campesinado colombiano? La respuesta, en principio, puede entenderse desde la pobreza rural, que está determinada por diversos elementos como: la estacionalidad de la agricultura, la dependencia de las familias rurales de ingresos variables de tipo no agrícola (familias que no viven de los ingresos de sus cultivos sino de jornales, trabajos domésticos, de mantenimiento, entre otros) y la falta de protección social con enfoque inclusivo y diferenciado hacia la población campesina.
Aunque existen diferentes variables para terminar los índices de pobreza rural, están centrados en los niveles de ingresos y poder adquisitivo, por ejemplo, el número de bienes y servicios de las viviendas rurales. Postulados que obedecen a la forma de medición de la Pobreza Multidimensional en Colombia acogida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.
La medición de la pobreza basada en las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es la más conocida en nuestro país y en América Latina; con el método directo se calculan los niveles de satisfacción de las necesidades vitales de las personas, como acceso al empleo, a la salud, educación, entre otros. Por otra parte, con la medición indirecta se mide la capacidad adquisitiva de los hogares para conseguir cierto número de bienes y servicios.
Sin embargo, un elemento poco discutido, es determinar la pobreza del campesinado por la ausencia del título de propiedad de la tierra, bien sea de modo individual o colectivo. Esto significa un cambio de paradigma, porque la medición de la pobreza multidimensional aplicable a la población urbana no resulta plenamente útil para las comunidades campesinas, por cuanto se olvida que, la propiedad sobre la tierra es un factor fundamental de desarrollo económico y rural en los hogares de los territorios rurales.
En este sentido, la propiedad implica la titularidad de la tierra, es decir, la posibilidad de escrituración e inscripción del bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, no solamente el “acceso a la tierra por posesión o tenencia” como erradamente se interpreta incluso en documentos estatales o propuestas políticas, debido a que ser poseedor no implica ser propietario.
En Colombia, una gran cantidad de tierras rurales están en manos de poseedores, ocupantes o meros tenedores que aún carecen de certeza sobre la situación real de sus propiedades, lo que implica falta de acceso equitativo a bienes y servicios que dependen estrictamente de la propiedad de la tierra y que los deja en el limbo de la inseguridad jurídica.
El derecho de los campesinos a ser propietarios de la tierra comprende que a través de ese reconocimiento jurídico tienen posibilidad de acceder progresivamente a los bienes y servicios que permitan llevar a cabo los proyectos de vida de la población rural, como educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial. Así mismo, la titulación individual o colectiva permite la concesión de créditos, postulación a subsidios para desarrollo agrícola, e inversión directa para ampliación de los proyectos productivos.
Por tanto, las estadísticas sobre la pobreza rural deben incluir la variable de la propiedad de la tierra, con el propósito de evidenciar acertadamente a la población en condición de vulnerabilidad, que no depende exclusivamente de cuántos bienes y cuántos servicios tiene la casa en el fundo ni de cuál es el poder adquisitivo de las personas sino de la seguridad jurídica determinada en sentido estricto por la titularidad de la tierra.
La concentración de la tierra en pocas manos es una situación preocupante, tal como se demuestra en la región de la Orinoquia, donde según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), se observa que “la mayor área predial de la región se concentra en predios de gran tamaño, debido a que el rango entre 500 y más de 10.000 ha concentra cerca del 71 % del área disponible”[1].
La distribución desigual de los predios rurales en Colombia se debe examinar con la realidad departamental. Existe una subdivisión territorial en el país que demuestra la tensión entre dos extremos: departamentos con alta concentración de latifundios, como aquellos que abarcan el 46% del área total, revelan una concentración significativa de tierras en manos de unos pocos propietarios, como se demuestra con Caquetá y Vichada que cuentan con más del 60% de sus predios totales en grado de latifundio o mediana propiedad. Por otro lado, aquellos departamentos con una preponderancia de microfundios evidencian la fragmentación territorial, mostrando una desconexión entre la cantidad de predios y la extensión del territorio que abarcan[2].
En conclusión, la medición de la situación de pobreza del campesinado colombiano requiere conocer la estructura de la distribución y concentración de la propiedad predial rural para lograr un acertado análisis de la realidad, que incluye la evaluación con variables que determinen la equidad y justicia social frente a la titularidad de la tierra, la incidencia en el fomento del desarrollo rural sostenible y en la productividad agrícola, así como en la seguridad alimentaria de los hogares campesinos.
* Este artículo hace parte de la colaboración ente EL MORICHAL y la Fundación Cultural Llano Adentro
[1] Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), Proyecto Biocarbono Orinoquia Paisajes Sostenibles Bajos en Carbono. (2022) Resumen del Diagnóstico de la distribución y tenencia de la tierra rural en la región de la Orinoquia enfocado en un programa de reducción de emisiones de carbono.
[2] Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2023). Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia.