La Corte Suprema mantiene acusación contra exgobernador de Vichada por contratos amañados
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el 13 de mayo la acusación formal contra Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, exgobernador del Vichada, procesado por interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público. La decisión cierra la puerta a una nulidad que la defensa intentó interponer y despeja el camino hacia el juicio oral.
El esquema
Según la Fiscalía, todo comenzó antes de las elecciones regionales de octubre de 2007. Siendo candidato a la Gobernación, Ortiz Rebolledo habría pactado con Jorge Enrique Orjuela Barrientos, supernumerario de la Registraduría Municipal de Cumaribo asignado a la inspección de Matavén, la manipulación de resultados electorales a cambio de nombrarlo director del Instituto de Deportes del Vichada (INDEVI) una vez asumiera el cargo.
La trampa funcionó: Ortiz Rebolledo ganó y tomó posesión el 1 de enero de 2008. Pero la promesa no pudo cumplirse: una denuncia del contrincante político Juan Carlos Ávila expuso las irregularidades electorales, y Orjuela Barrientos terminó condenado penalmente. El acuerdo ilícito mutó entonces hacia los contratos.
Ya como gobernador, Ortiz Rebolledo habría direccionado la adjudicación de dos obras públicas al cuñado de Orjuela Barrientos, Fabio Orlando Gutiérrez López:
- Contrato 230 de 2008: ampliación y remodelación del Palacio de la Gobernación del Vichada, por $183 millones.
- Contrato 283 de 2008: adecuación de la casa fiscal del gobernador en Puerto Carreño, por $236 millones.
De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez López conocía de antemano las fichas nemotécnicas de los procesos licitatorios, lo que le permitió obtener las calificaciones necesarias para ganar ambas adjudicaciones. El ente acusador también señala que en la operación participaron otros funcionarios de la Gobernación, incluyendo gobernadores encargados y personal de la Secretaría de Planeación.
Adicionalmente, la Fiscalía imputa a Ortiz Rebolledo el delito de tráfico de influencias por haber presionado el nombramiento de una hermana de Orjuela Barrientos como subdirectora administrativa del Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño entre 2008 y 2009.
Lo que resolvió la Corte
La defensa buscó anular el proceso argumentando que la Fiscalía, al agravar los cargos durante la audiencia de acusación —añadiendo la circunstancia de coparticipación criminal—, introdujo hechos que no habían sido comunicados en la imputación de enero de 2024, violando el principio de congruencia y el derecho de defensa.
La Corte rechazó ese argumento. Para la Sala de Casación, los elementos que la defensa calificó de novedosos —la participación de otros individuos, la división de labores, las reuniones para cuadrar los contratos— ya estaban presentes en la imputación original: la Fiscalía había descrito desde el principio un esquema deliberado de direccionamiento contractual que involucró a varias personas. Los agregados de la acusación fueron calificados como precisiones propias del principio de progresividad de la actuación penal, no como modificaciones al núcleo de los hechos.
La decisión fue unánime y no admite recursos.
Un expediente de larga data
El caso tiene una dimensión que vale subrayar: los hechos ocurrieron hace casi veinte años y el escrito de acusación fue radicado en enero de 2024. A mayo de 2026, la audiencia de acusación todavía no ha concluido su verbalización. La propia Corte lo señaló en su decisión como un factor de preocupación, al advertir que el trámite acumulaba más de dos años desde la radicación del pliego sin perfeccionarse.
Con la nulidad descartada, la acusación queda en firme y el proceso deberá avanzar hacia el juicio oral.