Inseguridad alimentaria en Vichada y Guainía: una crisis silenciosa
Escrito por: Eliana Wiesner León*
Foto: Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
En mayo de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los datos más recientes sobre la inseguridad alimentaria en Colombia, en una medición realizada en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las cifras revelan una realidad preocupante: más de 14,4 millones de colombianos —es decir, poco más de una cuarta parte de la población— enfrentan dificultades para acceder de manera constante y segura a los alimentos.
Pero, antes de profundizar en los datos, vale la pena comprender qué es la seguridad alimentaria y por qué su garantía es esencial para el desarrollo de los países. Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable [1].
Sin embargo, este concepto va más allá de la alimentación misma, es un imperativo moral. Toda persona debería tener acceso equitativo y sin restricciones a los alimentos, pues donde hay inseguridad alimentaria, hay riesgo de desplazamientos, conflictos e inestabilidad que pueden trascender fronteras y amenazar la paz y la cohesión social a nivel regional e internacional [2].
En línea con la importancia de garantizar este derecho fundamental, Colombia adoptó en 2008 la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, establecida mediante el documento Conpes 113. Su objetivo es claro: “Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” [3].
Esta política, actualmente en proceso de transición, ha comenzado a enfocarse en la garantía del derecho humano a la alimentación, sin perder de vista su objetivo original de cubrir a toda la población, con especial atención a los grupos más vulnerables. Su implementación requiere acciones coordinadas y sostenidas que contribuyan a reducir las profundas desigualdades sociales y económicas que alimentan la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué avances ha logrado Colombia en la aplicación de esta política, especialmente en regiones históricamente marginadas como Vichada y Guainía?
De acuerdo con el informe más reciente, en 2024 la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,5 % de los hogares en Colombia, lo que representa una leve mejoría de 0,6 puntos porcentuales en comparación con la cifra reportada en 2023, cuando alcanzó el 26,1 % [4]. Aunque esta reducción sugiere un avance general, los datos revelan una realidad más compleja: la mejoría se concentra en las zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales la situación se ha deteriorado. Factores como el cambio climático, la persistencia del conflicto armado y la limitada infraestructura agravan las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en estos territorios, profundizando las brechas estructurales que afectan a las comunidades más vulnerables.
Los departamentos con mayores índices de pobreza en Colombia son también los más golpeados por la inseguridad alimentaria. La Guajira (52,4 %), Sucre (49,5 %) y Córdoba (47,6 %) encabezan la lista de territorios con el mayor porcentaje de población en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave [5].
Aunque sus cifras no lideran el ranking, Vichada (42,5 %) y Guainía (37,5 %) se encuentran alarmantemente cerca, reflejando una situación igualmente crítica. Estos datos evidencian cómo las brechas estructurales persisten y se profundizan en las regiones periféricas, donde la falta de acceso a servicios básicos, la baja inversión estatal y las condiciones geográficas adversas dificultan la garantía del derecho a una alimentación digna.
En Vichada y Guainía, entre los años 2022 y 2024, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, presenta comportamientos distintos, aunque en ambos casos se mantienen niveles alarmantes.
En Guainía, la prevalencia registrada en 2022 fue del 29,8%. Para 2023, se evidenció una leve mejoría, con una reducción al 26,4%, lo que podría interpretarse como un avance temporal en el acceso a alimentos. No obstante, en 2024 se observa un repunte significativo, alcanzando el 37,5%. Este incremento de más de 11 puntos porcentuales con respecto al año anterior refleja un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad alimentaria del departamento. Dicho retroceso podría estar vinculado a factores como el aumento de la pobreza, conflictos territoriales, restricciones en el abastecimiento alimentario o dificultades de conectividad y acceso a servicios básicos.
En contraste, Vichada muestra una tendencia ascendente continua en el periodo analizado. En 2022, el 30,7% de su población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta proporción aumentó notablemente en 2023, llegando al 39,7%, y continuó su ascenso en 2024 hasta alcanzar el 42,5%, cifra muy por encima del promedio nacional, que, como se señaló anteriormente, se sitúa en 25,55%. Este comportamiento evidencia un deterioro sostenido y progresivo de las condiciones alimentarias, lo cual sugiere la existencia de una crisis estructural más profunda, que no ha sido atendida de manera efectiva en los últimos años [6].
Fuente: Elaboración propia. 2025.
Pero entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas detrás de este panorama tan desalentador? Según el informe del ACAPS Analysis Hub presentado en 2024, los departamentos de Vichada y Guainía enfrentan una grave crisis de seguridad alimentaria provocada por múltiples factores interrelacionados. Entre ellos, el cambio climático y el fenómeno de El Niño han tenido un impacto directo en la producción y disponibilidad local de alimentos, afectando severamente la autosuficiencia de las comunidades.
A esto se suma la precariedad de la infraestructura, que limita el acceso a servicios básicos y dificulta el transporte y la comercialización de productos agrícolas. Además, la dependencia de métodos tradicionales de cultivo ha restringido la capacidad de los agricultores para generar ingresos sostenibles, perpetuando el ciclo de pobreza. Esta situación se agrava aún más por la presencia de grupos armados ilegales y la persistente inseguridad, que obstaculizan el acceso humanitario y restringen la acción de las organizaciones que buscan asistir a la población afectada [7].
Las comunidades indígenas, junto con migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, son los grupos más vulnerables frente a esta crisis. La inflación en los precios de los alimentos, el aislamiento geográfico, la dependencia de la agricultura de subsistencia y las múltiples barreras socioeconómicas hacen que estos sectores de la población enfrenten condiciones especialmente difíciles y sufran con mayor intensidad las consecuencias de la inseguridad alimentaria.
Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir los escenarios de inseguridad alimentaria en estas dos zonas del país? La clave está en implementar estrategias integrales que consideren las particularidades de los departamentos de Vichada y Guainía, y que fortalezcan tanto la producción como el acceso a los alimentos. Esto implica fomentar una agricultura sostenible y adaptada al clima, mejorar la infraestructura rural para facilitar el transporte y el comercio, diversificar las fuentes de ingreso de las comunidades y garantizar la protección social a través de programas focalizados para los sectores más vulnerables. Asimismo, se debe impulsar una política de fomento agropecuario transversal, que incluya estrategias de mitigación y gestión de riesgos para todos los productores, de manera paralela con el desarrollo de herramientas que mejoren el acceso a los alimentos por parte de los hogares más afectados por la pobreza y el aislamiento [8].
Para que estas acciones tengan éxito, es necesario un trabajo conjunto y coordinado entre los gobiernos locales y nacionales, las organizaciones comunitarias y la cooperación internacional, siempre con la participación activa de las comunidades. Solo así se podrá avanzar hacia una seguridad alimentaria sostenible que asegure el bienestar de la población, proteja los recursos naturales y fortalezca la capacidad de la región para enfrentar los desafíos climáticos, sociales y económicos que la aquejan.
Referencias:
[1] https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security
[6] DANE, FAO (2025). Estado de la seguridad alimentaroa en Colombia desde la Encuesta nacional de Calidad de Vida – ECV 2024. Pag 10.
[7] ACAPS ANALYSIS HUB (2024). Crisis de seguridad alimentaria en el departamento del Vichada.
*Eliana Wiesner León: Economista, con maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo (MDP), maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública Territorial y especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales. Consultora con experiencia en el sector público y privado y actual directora de la Fundación Cultural Llano Adentro.
*Este artículo hace parte de la colaboración ente EL MORICHAL y la Fundación Cultural Llano Adentro