El tortuoso camino de Luisa para lograr cumplir su cita médica en Bogotá
Foto: Luisa junto a su mamá.
Luisa Fernanda Prada Pachón es una joven habitante de Puerto Carreño que hoy se encuentra en Bogotá cumpliendo un procedimiento médico. Pero para lograr llegar hasta la capital del país tuvo que interponer una tutela y hasta una incidencia de desacato. Su caso es el vivo reflejo de la salud en Vichada: una salud en decadencia.
Luisa tiene 20 años y sufre una enfermedad huérfana conocida como “ataxia de Friedreich” que, según medios especializados en salud como Medline Plus, daña el sistema nervioso, afecta la médula espinal y los nervios que controlan los movimientos de los músculos de los brazos y las piernas.
Desde antes de la pandemia de la COVID-19, la joven necesitaba acudir a una cita con un especialista en maxilofacial. Sin embargo, solo en el segundo semestre de 2021 empezaron los trámites para organizar la salida, pero la EPS puso trabas, relató Lina Pachón, madre de Luisa. “Yo misma saqué la cita y ellos me pusieron a esperar. Les pasé los documentos y me dijeron: hay que esperar 15 días. Esperé ese tiempo y me dijeron que había que aplazar la cita. Como a los 20 días me dieron la cita y me dijeron váyase, tome los pasajes y llegue a la cita, por su cuenta”.
Por su condición, Luisa requiere de un acompañante permanente y una atención especial. “El proceso ha sido cruel porque ellos ya saben, han remitido a Luisa en otros casos y saben que tienen que darle todo a Luisa y se han hecho los desentendidos”, dijo la madre.
Pachón acudió entonces a la Procuraduría para hacer valer los derechos de su hija. “Si no hubiese sido por el procurador regional de Vichada (Álvaro Bermúdez), quien fue quien me guio me ayudó, no hubiera sido posible. Por parte de la EPS me ponen muchas trabas, no me ponen las cosas más accesibles”.
A través de una tutela interpuesta a inicios de junio de este año la Procuraduría logró que el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño ordenara a la Nueva EPS, que en un término máximo de 48 horas procediera a autorizar y garantizar a Luisa Fernanda Prada Pachón, la “remisión prioritaria, vuelo comercial ida y regreso con acompañante para que sea atendida la orden dada en fecha del 23 de mayo de 2022, (ii) “Consulta de primera vez por especialista en cirugía maxilofacial” y, (iii) alojamiento, alimentación y albergue en la ciudad de remisión”.
Como la Nueva EPS incumplió la decisión del Juez, a inicios de julio la Procuraduría regional Vichada, acudió nuevamente al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño para adelantar una incidencia de desacato, medida que fue proferida por el Juez, impartiendo Wendy Johana Rivera Patiño, coordinadora o directora de la Oficina Vichada Nueva EPS, tres días de arresto y multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (esta decisión fue ratificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 9 de agosto) .
Solo así, Luisa y su mamá lograron viajar a Bogotá el pasado 23 de agosto y acudir a la cita maxilofacial al día siguiente. Este 31 de agosto la joven tiene una nueva cita en la que se determinará si requiere de una cirugía. Por ahora no saben cuándo regresarán a Puerto Carreño, solo esperan que la EPS les garantice la estadía el tiempo necesario para llevar a cabo con éxito el procedimiento médico.
Agrademos a este periodico por su valiosa informacion que le estan dando a la comunidad de Vichada.
Los servicios de salud en el Vichada están descontrolados por la falta de una vigilancia agresiva que permita hacer cumplir con las normas vigentes. Desde la descentralización las EPS se tomaron la dirección de la salud a su antojo. Se convirtió en el mejor negocio porque los dineros que recaudan los destinan a otras actividades diferentes a mejorar el servicio. Esto conlleva que, igualmente, las IPS no evolucionen ni progresen. Se han quedado estancadas porque sus servicios no se cancelan a tiempo situación que las tiene al borde de la quiebra. Y el estado con su paquidermia no ofrece garantías para optimizar todas las actividades de los actores de salud. Puerto Carreño y el Vichada en general, sufren las consecuencias de su pasividad ciudadana aunada a la permisividad en el manejo y administración de EPS e IPS. El paseo de la muerte también se da en el Vichada cuando los pacientes son autorizados a su atención en otras ciudades por diferentes especialidades y demoran meses en ser atendidos. Ojalá se encontrará una solución posible que determine tiempos y distancias viables so pena de sanciones fuertes por su incumplimiento. La salud no puede seguir siendo tema judicial en donde el juez da órdenes para la atención y la prestación de los servicios. Ordenes que casi nunca tienen éxito por la desconfianza que los ciudadanos no ocultan frente a este abuso.