La odisea de los mineros deportados del Yapacana

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Algunos de los colombianos que se dedicaban a las actividades de minería en el Parque Nacional Cerro Yapacana y han sido deportados por el Gobierno venezolano, lo están pasando mal. En Puerto Carreño (Vichada), varios de ellos, venidos incluso de diferentes partes del país, han tenido que quedarse en un albergue, sin recursos económicos y sin un panorama claro sobre qué van a hacer con sus vidas de aquí en adelante.

Corría el año 2002 cuando Diego Marulanda Machado, un caleño que hoy tiene 52 años de edad, llegó al municipio de Inírida (Guainía) desplazado por la violencia del conflicto armado colombiano. Buscando mejores condiciones de vida para él y su familia, después de vivir más de una década en la capital de Guainía, cruzó la frontera colombo venezolana y se radicó en el cerro de Yapacana.

Era el año 2013. Desde ese entonces había labrado la tierra, realizado actividades comerciales y de minería ilegal, como todas las personas que llegaban a esa reserva natural casi olvidada por Venezuela. Una década después, en 2023, fue capturado y deportado por la Guardia Nacional Venezolana.

Diego Marulanda.

En diciembre de 2022 el Gobierno de Venezuela emprendió una lucha contra la minería ilegal que por más de veinte años se ha realizado en el Yapacana. Durante meses, a través de X (antes Twitter), el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, ha mostrado los avances de la denominada “Operación Autana”.

Entre esos resultados están la evacuación de cientos de personas y decenas de capturados. Muchos de ellos, colombianos como Marulanda. Organizaciones defensoras de derechos humanos han estimado que en la zona del Yapacana vivián entre 15.000 y 20.000 personas.

“Nos estábamos rebuscando la comida de nuestros hijos, de mi mujer, detrás de mí vienen 10 personas, que me tocaba mantener y trabajar duro para poder darles la comida”, dijo Marulanda, en una entrevista a EL MORICHAL, quien además reconoció que estaba de manera irregular en territorio venezolano.

Una moto es quemada junto a uno de los cambuches del Yapacana. Foto tomada de X.
Un cambuche es quemado por las Guardia Nacional en Yapacana.
Imagen de los capturados, compartida por un alto oficial venezolano en X.
Imagen de los capturados y de las personas que abandonan el Yapacana.
Militares venezolanos queman elementos utilizados en la minería.

Marulanda, junto a Miguel Berrocal y otros 12 colombianos más, fueron los primeros ciudadanos en ser deportados de Venezuela, a inicios de septiembre. Dicen que, bajo engaños, la Guardia de ese país los capturó en Yapacana.

Según sus relatos, en medio de la “Operación Autana”, fueron citados por los militares al comando militar ubicado en la zona para ayudarles a solucionar el estatus migratorio y obtener la documentación regular del país. Pero, en vez de eso, fueron arrestados por “violentar las leyes nacionales venezolanas e irrespetar el ordenamiento territorial”.

“Creíamos que estábamos bien, porque inclusive llegó el general Maita González (quien en ese momento era el comandante de la Zodi Amazonas de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela), y cuando él llegó, lo primero que dijo, en una reunión a todos, era que él no venía a sacar colombianos, ni ha a extranjeros, que, él solo venía a explotar máquinas, a quemar motores y que lo dejáramos hacer su trabajo como militar”, detalló Marulanda.

“Nos engañaron”, dijo Berrocal, otro de los mineros deportados que llegó a Puerto Carreño. “Nos dijeron que nos presentáramos para un supuesto censo de colombianos, pero fue una orden del general para que nos detuvieran”.

A otro colombiano, que no realizaba actividades de minería sino que ejercía el mototaxismo, yendo de una mina otra (porque en Yapacana existen 40 focos de extracción de oro), le pidieron un servicio para llevar a un militar “enfermo” hasta el comando, cuando llegó a ese lugar lo cogieron preso.

En esa primera tanda de capturados cayeron siete colombianos, dijo Marulanda. Cinco que mediante engaños llegaron hasta las instalaciones militares, y dos más que fueron arrestados cuando navegaban por el río hacía sus casas.

“Nos cogieron a todos, nos montaron en un helicóptero, nos quitaron lo que cargábamos, nos incomunicaron con nuestras familias y nos llevaron a Puerto Ayacucho, donde duramos tres meses presos en la cárcel estatal, nos metieron con 16 presos de alta peligrosidad”, relató uno de los deportados.

Al final, los capturados no fueron sentenciados ni condenados por delito alguno. Pero, al no tener documentación legal para estar en Venezuela, fueron dejados a disposición de la policía migratoria de ese país que, en coordinación con Migración Colombia, fueron enviados a Puerto Carreño (Vichada).

Extorsión a los colombianos

Los colombianos deportados a Puerto Carreño con los que habló EL MORICHAL dijeron que, en el marco de la “Operación Autana”, fueron extorsionados de diversas maneras por la Guardia Venezolana.

Miguel Berrocal, de 40 años y oriundo del costero departamento de Córdoba, era mototaxista o transportador de personas en la mina y cobraba en rallas de oro el servicio prestado. “Nos tocaba apoyar de manera obligatoria a la Guardia Nacional para movilizarlos a cualquier sitio”, dijo. “Yo compraba mi combustible para moverlos a ellos”.

El servicio obligatorio de mover a los militares en las motos era avalado, según dice Berrocal, por los lideres de las comunidades indígenas que históricamente han habitado la reserva del Yapacana, y que de acuerdo a lo dicho en repetidas ocasiones por el comandante Domingo Hernández Lárez, son los únicos que pueden hacer presencia en ese lugar sin tener problemas legales. “Los militares nos radiaban si uno no cumplía, y nos sancionaban con cinco gramos de oro la Guardia Bolivariana”.

Otros mineros colombianos también denunciaron que algunos de ellos, para poder permanecer y trabajar en el cerro de Yapacana, debían entregar a los militares una “cuota” valorada en gramos de oro. Un gramo de oro en las minas equivaldría en Colombia a unos 200 mil pesos colombianos.

Un amargo retorno

Cuando las imágenes de la operación de desalojo de los mineros del Yapacana adquirieron relevancia mediática, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el inminente regreso masivo de al menos 7.000 colombianos a los departamentos de Guainía y Vichada.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a los entes territoriales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno” masivo, dijo esa entidad a mitad de junio de este año a través de un boletín de prensa.

Sin embargo, ante el desplazamiento de ciudadanos colombianos que han sido deportados y entregados por las autoridades fronterizas de Venezuela hasta Colombia, la alerta indicada por la defensoría no ha sido atendida por los mandatarios municipales, departamentales y nacionales.

Cuando los primeros colombianos fueron deportados hacía Puerto Carreño, fueron conscientes de su cruda realidad: no tenían dinero en el bolsillo y estaban lejos de sus hogares. ¿Cómo iban a regresar hasta donde sus familiares si la mayoría de ellos son el sustento de los suyos?

En la capital de Vichada, los deportados que no tenían a dónde llegar ni para donde irse, se les facilitó un albergue donde pasar la noche y el día, pero la alimentación corría de cuenta propia, por eso, muchos de ellos pasaron dificultes para poder comer.

“Estamos comiendo una vez al día”, indicó Juan Guarín, quien es oriundo de San José de Guaviare, pero con familia en la ciudad de Inírida.

Marulanda dijo que no han pasado tanta hambre porque algunas personas de buen corazón, “unas pocas”, les han brindado alimentos.

Salir de Puerto Carreño en cualquier época del año es costos. Por la temporada de lluvias las alternativas son aéreas o fluviales. En cualquiera de los dos casos una persona se gastaría en promedio medio millón de pesos para llegar a Villavicencio o el interior del país. Para quienes van para Inírida, que por su condición migratoria no puede tomar la ruta por Venezuela, que sería la más fácil, tendrían que salir hasta Villavicencio o Bogotá y tomar un vuelo en Satena, cuyo costo estaría por encima de los 400.000.

“Necesitamos un retorno, alojamiento, alimentos, trabajo, lo que sea posible”, dijo Berrocal.

De manera extraoficial, EL MORICHAL conoció que entidades como la Defensoría y la Personería de Puerto Carreño, han aunado esfuerzos para poder apoyar humanitariamente a los deportados.

Este medio de comunicación conoció que, a través de una acción de tutela, algunos deportados buscan que la Administración municipal les garantice una protección inmediata de sus derechos.

 

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Redacción EL MORICHAL

El periódico EL MORICHAL es el medio de comunicación más importante en los departamentos de Guainía y Vichada. ¡Hacemos periodismo!
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