Crisis del transporte público en Puerto Carreño: Ciudadanía, la más afectada

Las calles de Puerto Carreño (Vichada) ahora se ven un tanto desocupadas. Muchos de los motocarros han dejado de circular debido a la restricción que impuso la Alcaldía de Puerto Carreño para que estos vehículos prestaran el servicio público de pasajeros. La ciudadanía se ha visto obligada a caminar o utilizar otros medios de transporte como motocargueros.

“Los afectados somos nosotros, los ciudadanos de a pie, que no tenemos una moto o un carro para movilizarnos”, dijo Soramgely Guape, una habitante de Puerto Carreño. “Hoy por ejemplo tenía que llevar a mi papá a cita médica en el hospital, estaba lloviendo y no conseguí como trasladarlo, tuve que esperar harto rato en la calle. Imagínese si fuese una emergencia u otra situación”.

Desde este lunes 8 de mayo unos 260 motocarros, que brindaban de manera informal transporte de pasajeros, dejaron de operar debido a una prohibición de la Administración. La entidad tomó la medida acatando una decisión judicial. La medida estima que solo los taxis pueden prestar el servicio público de pasajeros en la zona urbana; los motocarros pueden hacerlo en zona rural.

Pero en la actualidad no hay taxis suficientes en la ciudad. Comutravi, la única cooperativa de taxis que existe en Puerto Carreño tiene tres colectivas y 24 taxis 27 cupos), que fueron saliendo de circulación por la “competencia desleal” con los motocarros, que desde el 2012 ruedan por las calles de Puerto Carreño. “A la fecha hay 12 taxis rodando por la ciudad, en el día de mañana y pasado entran las dos colectivas que tenemos listas”, expuso Antonio Martínez, representante de la cooperativa.

¿Solución a la vista?

Este lunes 8 de mayo los conductores de los motocarros realizaron diferentes movilizaciones por la ciudad, como acción de rechazo a la medida. Al finalizar la tarde, el alcalde de Puerto Carreño, Jair Beltrán, se dirigió a un pequeño grupo de manifestantes apostados frente a la sede de la Alcaldía.

“Este fallo nace a raíz de una acción de cumplimiento que me interpusieron a mí en el Tribunal en Villavicencio, esto no nace por capricho del señor alcalde, ni nace que es porque yo quiero sacarlos”, les dijo el mandatario.

En su exposición, Beltrán manifestó que venía dilatando la orden del juzgado “porque yo de alguna manera entiendo también que este es un servicio que le sirve a la comunidad”. Incluso, precisó el alcalde, incumplir la medida provocó que le pusieran una multa de cerca de diez salarios mínimos legales vigentes que representan más de once millones de pesos.

El mandatario carreñense precisó que este miércoles se llevará a cabo una audiencia de seguimiento al fallo judicial, en donde la juez a cargo del caso definirá si ratifica o cambia la decisión.

Según Antonio Martínez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Transportadores del Vichada (Comutravi), la notificación del juzgado es clara y la audiencia de este 10 de mayo busca hacer seguimiento al cumplimiento del fallo y verificar que el alcalde haya pagado la sanción impuesta.

Por eso, ese gremio espera que el alcalde, antes de brindar falsas expectativas a los conductores de motocarros, busque facilitar a los taxistas el cumplimiento de los requisitos mínimos para la movilidad y transporte individual de pasajeros. “Ya tenemos el Soat, estamos esperando las pólizas. Pedimos que nos dé una tregua, un espacio para poder tener todo lo reglamentario”, dijo Martínez.

El líder de los taxistas también instó al alcalde a ampliar el número de cupos para taxis que existe en Puerto Carreño. “Nosotros como empresa legalmente constituida desde hace 24 años estamos en condiciones de administrar el transporte terrestre individual de la ciudad, pero es el alcalde al que le corresponde dar los cupos, si no amplía esa cantidad que hoy tenemos de 27, pues, no podemos ofrecerle a nadie nada”.

Para Martínez, una de las posibles soluciones, para evitar el desempleo del gremio de motocarros, es que se vinculen a la cooperativa de transporte existente y brinden el servicio de transporte público en la zonas veredales de forma legal, como lo exige la normativa que rige la materia.

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