El fallo judicial que podría salvar de la quiebra a los taxistas de Puerto Carreño

Desde hace años los taxistas vienen reclamando igualdad de condiciones y denunciando competencia desleal frente al transporte de pasajeros en la ciudad de Puerto Carreño (Vichada). Por decreto municipal, una de sus carreras cuesta $4.000, pero en los motocarros el servicio se paga a la mitad: eso los tiene arruinados. 

“Es imposible competir con ellos”, dijo Antonio Martínez, presidente de Comutravi, a EL MORICHAL. “Hicimos la prueba y llenamos con 50 mil pesos el tanque con combustible de uno de nuestros taxis, empezó a rodar por la ciudad y durante un día solo hizo tres carreras, que representan 12 mil pesos, por tal razón no podíamos seguir compitiendo con ellos, a pesar de la ilegalidad que ellos representan”.

Incluso, algunos taxistas han tomado medidas drásticas para tratar de ser competitivos. “Algunos compañeros han colocado en sus taxis el valor de 3.000 la carrera, para tratar de ganar algo”, aseguró Martínez.

La única cooperativa de taxis que existe en la capital vichadense es la Cooperativa Multiactiva de Transportadores del Vichada (Comutravi), que tiene 18 taxis registrados, pero por las calles de Puerto Carreño no circulan diariamente más de cuatro. 

Desde 1998 el gremio de los amarillos ha contribuido a la movilidad carreñense, pero la proliferación de motocarros poco a poco los ha ido sacando del negocio del transporte de pasajeros. Desde el año 2015 “empezó a llegar uno, luego otro y más motocarros, y al día de hoy contamos con mucho más de 200 aparatos de estos”, precisó el presidente de Comutravi.

La ilegalidad en el servicio que brindan los motocarros es un debate que hace varios años ha estado a la orden del día. Martínez asegura que en los municipios del territorio nacional con una población inferior a los 50.000 habitantes los motocarros solo pueden prestar su servicio en zonas veredales, “a través de empresas o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas en el municipio”.

Pero en Puerto Carreño eso no ocurre. Los motocarros deambulan por las calles de la ciudad llevando y trayendo pasajeros, sin ningún tipo de control. “La comunidad no ve el alto riesgo de accidentabilidad que tienen los motocarros, se han generado accidentes donde no hay ningún amparo, no existen pólizas, ni el SOAT, que sería como lo básico que deberían tener estos aparatos”, recalcó Martínez.

Un fallo judicial

Por todas las “vías” los taxistas de Puerto Carreño han logrado poner freno al desordenado servicio que prestan los motocarros, pero hasta el momento, de ninguna manera lo han logrado. Ni siquiera con la decisión de un fallo de primera instancia emitido por un juzgado administrativo de Villavicencio el pasado dos de agosto. 

“El Juzgado Noveno nos dio la razón, los motocarros no pueden prestar servicio de transporte público de pasajeros en el casco urbano de Puerto Carreño, su función es hacia el campo, hacia las veredas”, enfatizó el vocero de Coomutravi.

El Juzgado ordena al alcalde de Puerto Carreño “ejercer el control y vigilancia de manera permanente, en relación con el servicio público de transporte mixto veredal en motocarro, conforme lo reglan las normas que se determinan como incumplidas. Para tal efecto, deberá cerciorarse que el mismo se preste por empresas o cooperativas constituidas y habilitadas en el municipio con dicho fin, así como que los vehículos en los que se preste este servicio cuenten con tarjeta de operación y demás requisitos legales, señalados en las disposiciones indicadas en este fallo, debiendo rendir informe cada dos (2) meses del cumplimiento de esta obligación hasta que se haya cumplido todas las obligaciones ordenadas en este proveído”.

Pero, según Martínez, mes y medio después de la decisión judicial, las medidas por parte de la Alcaldía de Puerto Carreño no se hacen efectivas. “El juez le otorgó términos perentorios al alcalde (Jair Beltrán), para que defina qué va a suceder con los motocarros. El primer término se vence ahorita el 2 de octubre. El alcalde debe reunir a los motocarros, entiendo que hay más de 200 actualmente y notificarlos de que ya no pueden seguir laborando en el casco urbano, de ahí tendremos la posibilidad como empresa”.

¿Qué alegó la Administración municipal en el litigio?

En su defensa, la administración de Jair Beltrán, a través de un apoderado manifestó oposición a las pretensiones de la demanda, toda vez que, “desde el mes de abril de 2022 existe un plan de acción para que los transportadores, motocargueros y la cooperativa accionante, puedan ejercer el derecho al trabajo y la población cuente con los medios necesarios para su movilización dentro del territorio municipal”. 

En el alegato, la Alcaldía de Puerto Carreño también cuestionó que Coomutravi no cumple con las condiciones, requisitos y garantías para prestar el servicio público de taxi, y eso le impide tomar decisiones drásticas frente a otros servicios de locomoción, como el de los motocarros. “El demandante no cumple con los requisitos legales para su habilitación, generando una carencia del servicio de transporte en el Municipio, siendo esa la razón por la cual el Municipio le permite la prestación del servicio de transporte de mototaxi, ello para sobreponer la necesidad de la ciudadanía”, se justificó la Administración municipal, y agregó que desde hace muchos años los taxistas no ha cumplido con los requisitos que exige la Ley para su óptimo funcionamiento: “en el Municipio solo están funcionando 3 taxis, de 28 que deberían estar prestando el servicio”.

Sin embargo, en la entrevista concedida a EL MORICHAL, Martínez, líder del gremio amarillos, se defendió manifestando que “actualmente tenemos alrededor de unos 18 vehículos que están listos para ir a trabajar y a medida que el señor alcalde frene la ilegalidad empezaremos a salir”, dijo.

Un comentario en «El fallo judicial que podría salvar de la quiebra a los taxistas de Puerto Carreño»

  • el 4 octubre, 2022 a las 10:00 pm
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    El servicio de taxis prestado por COOMUTRAVI se tiene que relanzar para estimular a los socios que invirtieron en un emprendimiento necesario para la movilidad ciudadana. El Alcalde sabe que los motocarros no están legalmente autorizados porque mintransporte. También sabe que esta incurso en un presunto delito de prevaricato. La condición política es una de las claves para entender porqué desde la Alcaldia no se quiere desenredar el problema. Varias veces insistimos y otras tantas el Alcalde se burló de los taxistas hasta llegar al momento actual. Más de 100 motocarros ilegales circulando por las calles mientras los taxis están sin operar por la competencia desleal ocasionando enormes pérdidas económicas a los dueños de taxis. Si vencido el plazo legal para la solución planteada y no obtener éxito en la petición de la autoridad judicial se vendrá una posible demanda penal en contra del Alcalde.

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