Crisis administrativa y financiera en la Asamblea del Guainía. Esto sabemos

Foto portada: Sede de la Asamblea (2025)

Un tropiezo administrativo tiene a la Asamblea Departamental del Guainía en vilo. La nueva Mesa Directiva, elegida para el 2026, dice que por falta de actas de posesión no ha podido realizar los trámites administrativos necesarios para mantener a flote a la entidad. Además, dicen, por recursos de reposición frente al nombramiento de la secretaria general, la funcionaria está suspendida.

Según un informe técnico de gestión que conoció El Morichal, presentado el 15 de enero de 2026 por la nueva Mesa Directiva, cerca del 90 % de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas durante 2025 no cuentan con actas aprobadas y firmadas, situación que, advierten, pone en riesgo la validez de decisiones clave como la elección del Contralor Departamental, la aprobación del presupuesto general para 2026 y varias ordenanzas y proyectos debatidos el año anterior.

Jorge Luis Curvelo, presidente de la Duma departamental para este año, dijo que la Mesa Directiva tomó posesión el 30 de noviembre, mismo día en que se realizó la elección. Sin embargo, sin esa acta firmada y aprobada, entidades como la Dian no le permiten actualizar el Rut, documento requerido para realizar trámites bancarios.

Eldon Martínez, presidente de la Asamblea durante 2025, rechazó las acusaciones. En una respuesta escrita, dirigida a la nueva Mesa Directiva, sostuvo que el atraso en las actas obedece a problemas administrativos heredados de vigencias anteriores y a la ausencia temporal de secretaría general, y aseguró que el acta de elección de la Mesa Directiva 2026 está en trámite de transcripción y aprobación. El Morichal buscó a Martínez para conocer detalles de su opinión, pero, aunque se mostró dispuesto, solo pudimos hablar con el después de publicada esta nota. En esa conversación, Martínez aseguró que lo ocurrido en la Asamblea el 30 de noviembre por parte de la nueva Mesa Directiva fue una juramentación, hecho que no corresponde a una posesión.

A esta situación se suma un conflicto de carácter financiero, que, dice la nueva Mesa Directiva, podría derivar en sanciones fiscales y en un eventual detrimento patrimonial para el departamento. Según Curvelo, el expresidente Martínez, no ha entregado las claves bancarias y el token, lo que ha impedido el pago de nómina, seguridad social, impuestos y obligaciones parafiscales de la Asamblea. Frente a esta acusación, Martínez dijo que las claves y tokens bancarios pierden vigencia al finalizar el periodo y que corresponde a la nueva Mesa Directiva adelantar oportunamente los trámites ante las entidades financieras.

Las denuncias de la Mesa Directiva 2026 frente a un supuesto bloqueo financiero también involucran a Heidy Ordóñez, la tesorera de la entidad desde agosto de 2023, a quien el presidente actual de la Asamblea declaró insubsistente y desalojó con ayuda de la policía de su oficina a mediados de enero. Según Curvelo, las claves de acceso a los aplicativos bancarios, Ordóñez las entregó erróneamente. En conversación con El Morichal, la funcionaria aseguró que las claves son correctas, pero que, como no se ha surtido el proceso de empalme, es posible que la persona que ahora se encarga de estos trámites no esté ingresando de la manera correcta a las plataformas financieras.  

Ante este panorama, la Mesa Directiva 2026 informó que interpuso una acción de tutela con solicitud de medida provisional para destrabar las cuentas, actualizar la representación legal ante la DIAN y garantizar el pago de salarios y aportes. Asimismo, solicitó a la Procuraduría y a las contralorías departamental y general la apertura de investigaciones disciplinarias y la realización de auditorías urgentes a la gestión de 2025.

Serán los entes de control los responsables de evaluar las denuncias y la justicia deberá pronunciarse sobre la tutela interpuesta. Entre tanto, la Asamblea del Guainía permanece en una situación de incertidumbre institucional y una operatividad financiera limitada.

¿Qué pasa con la Secretaría General?

El embrollo de la Asamblea también toca las puertas de la Secretaría General de la Corporación. Desde el inicio de la elección de la nueva secretaria, Sofía Cedeño, a finales del año pasado, el proceso estuvo envuelto en un litigio al interior de la entidad. Entre los diputados que se opusieron a la elección de Cedeño estaba el presidente Curvelo.

Al final, Cedeño fue nombrada en diciembre de 2025 para ejercer funciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, Curvelo asegura que, por decisión de la nueva Mesa Directiva, respondiendo a unos recursos de reposición contra dicho nombramiento enviados al correo de la Corporación el 1 y 2 de enero, ella fue suspendida el 5 de enero.

Consultada por El Morichal, Cedeño defendió la legalidad del proceso de elección en el que resultó ganadora, dijo “que aún no se me ha notificado válidamente que exista una suspensión de mi nombramiento”, y aseguró que no existe una decisión judicial en firme que haya dejado sin efectos su designación como secretaria. También manifestó que desde el 5 de enero “se me han venido imponiendo restricciones y obstáculos por vías de hecho que no me han permitido trabajar y han impedido el ejercicio normal de mis funciones”, y, que, incluso, la han sacado con Policía de su lugar de trabajo.

Para Cedeño, la sustitución emitida por la Mesa Directiva encabezada por Curvelo carece de validez porque “al parecer no es” formalmente el presidente de la Corporación, “ya que no cuenta con acta de posesión conforme lo exige la Ley”, solo cuenta con “una constancia hecha en enero de este año, por alguien que no tiene la capacidad para posesionarlo”.

Curvelo, por su parte, defiende que la posesión realizada por Yesid Gaviria es válida porque era el segundo vicepresidente de la Asamblea en 2025. Aún así, este documento no ha tenido validez en entidades como la Dian.

 El caso Ordóñez

Heidy Ordóñez, una tecnóloga en Contabilidad y Finanzas que cursa el último semestre de Contaduría Pública, llevaba más de cinco años trabajando en la Asamblea Departamental de Guainía. Inició en el archivo, luego fue auxiliar administrativa, hasta que en agosto de 2023 —luego de que Luz Stella Da Silva Miranda fuera suspendida del cargo por presuntos retiros injustificados mediante cheques y depósitos de las cuentas oficiales de la entidad por más de $900 millones— asumió como tesorera pagadora.

El de tesorero pagador es un cargo de libre nombramiento y remoción, es decir, el presidente de la Asamblea Departamental, que se a su vez funge como representante legal de la entidad y se elige cada año (su período inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre), puede cambiarlo cuando considere. Ordóñez logró mantenerse en ese puesto durante 2024 y 2025, sin embargo, a inicios de este año fue sacada del cargo y desalojada de la Asamblea con el acompañamiento de la Policía.

Salir de un puesto de libre remoción se puede dar de dos maneras: que la persona renuncie o que sea declarada insubsistente. En el caso de Ordóñez, ocurrió lo segundo.

Según Ordóñez (versión que confirmó Curvelo), a inicios de enero ella le preguntó al nuevo presidente sobre su permanencia en el cargo. Al final, Curvelo decidió reemplazar a Heidy; ella decidió renunciar para evitar la declaratoria de insubsistencia, pero solicitó poder hacerlo a mediados de enero, mientras solucionaba problemas personales y resolvía tareas pendientes de su puesto de trabajo.

Aunque, según Ordóñez, al inicio Curvelo aceptó la propuesta, luego empezó a presionarla para que presentara la renuncia. Eso, dice, la motivó a cambiar de opinión. Su negativa a renunciar motivó al presidente de la Asamblea a declararla insubsistente y obligarla a salir de su lugar de trabajo con el apoyo de la Policía.

Ordóñez insiste en que la notificación de insubsistencia fue irregular y que carece de validez porque, sin acta de posesión, Curvelo no es formalmente el presidente de la Corporación. Por su parte, Curvelo asegura que el proceso de insubsistencia es acorde a la ley.

Nota: Minutos después de publicada esta noticia, el diputado Eldon Martínez, a quien habíamos buscado en varias oportunidades para conocer detalles de su versión en esta controversia, se comunicó con El Morichal. Manifestó que lo ocurrido en la Asamblea el 30 de noviembre fue una juramentación, hecho que no corresponde a una posesión.