Comunidad indígena de Kanalitojo recupera 1.274 hectáreas en Puerto Carreño, Vichada
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, declaró víctima de la violencia a la comunidad indígena de Kanalitojo, integrada por 141 personas que son miembros de 32 familias, y de las cuales el 50% pertenece al pueblo Amorúa, 25% al Sikuani y 25% a Sáliba. Se trata de la primera sentencia étnica que beneficia a comunidades étnicas de la orinoquía colombiana.
La decisión representa un caso emblemático, debido a que se reafirman los derechos territoriales de la comunidad de Kanalitojo sobre 573 hectáreas reclamadas y el aumento de su área, que le permitirá recibir un total de 1.274 hectáreas. El fallo del Tribunal es claro y ordena la devolución material de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao, Fortaleza y Fortaleza 2, a la comunidad representada por el gobernador del cabildo.
El fallo enfatiza que la Unidad de Restitución de Tierras debe proceder a efectuar la entrega material del terreno y actualizar el área total restituida que se destinará para la constitución del resguardo indígena de Kanalitojo.
El proceso debe ser acompañado por la Fuerza Pública, quienes además deberán garantizar la seguridad del resguardo. Por su parte la providencia establece que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría deben investigar las irregularidades advertidas en la adjudicación de los predios.
Este proceso fue respaldado con las medidas cautelares que interpuso la Unidad de Restitución de Tierras en diciembre de 2013, con el fin de salvaguardar los derechos territoriales de esta comunidad mientras se emitía la sentencia del juez.
Los hechos de violencia que se han registrado en la zona, así como la presencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales han tenido un impacto sociocultural sobre estos pueblos indígenas.
Hace 9 meses, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro y la directora de la Unidad en Meta, Viviana Beltrán, visitaron el resguardo indígena y se comprometieron a trabajar para lograr que la comunidad étnica recuperara su tierra, hecho que hoy es una realidad con la sentencia que incluye medidas de reparación integral, que van desde la atención psicosocial hasta la implementación de un plan de vida sostenible.