Desde la calle, la densa copa de árboles frutales y palmeras sobresalen del muro de la casa fiscal de la Gobernación de Vichada destinada para la residencia oficial del gobernador de turno. Su fachada se presenta como una fortaleza impenetrable, con una pared perimetral de unos dos metros y medio de altura y continua de casi 32 metros de largo, interrumpida únicamente por un gran portón de acceso vehicular pintado de blanco que permanece cerrado al escrutinio público. 

La casa está ubicada sobre la carrera 10 No. 18A-12, en el corazón de Puerto Carreño. A su costado izquierdo —viéndola desde afuera— se encuentra una residencia oficial de la Armada Nacional y a la derecha, el estacionamiento de Migración Colombia y la estación de policía de Puerto Carreño.

La casa fiscal en Puerto Carreño existe desde hace décadas, cuando Vichada era una comisaría departamental. En ese entonces los gobernantes o «comisarios» eran designados a dedo por el presidente de la República, en su mayoría generales o  personas provenientes del interior del país, quienes llegaban a Vichada por períodos limitados.

Como Puerto Carreño era un caserío fronterizo desconectado del resto de Colombia, sin servicios básicos ni comercio inmobiliario, el Estado central debía proveer un espacio físico para que la máxima autoridad local pudiera pernoctar, despachar y ejercer la soberanía en la frontera con Venezuela. Era una necesidad logística de supervivencia institucional.

Con la Constitución Política de 1991, Vichada pasó de ser un «territorio nacional» relegado a convertirse formalmente en uno de los 32 departamentos de Colombia. Desde entonces, el gobernador se elige a través del voto popular. Ya no son foráneos, son vichadenses de nacimiento o por adopción, con gran arraigo al territorio. 

¿Por qué, entonces, 35 años después se mantiene vigente una residencia oficial para el gobernante de turno? 

Como respuesta a un derecho de petición, la Gobernación precisó que no existe ninguna ordenanza departamental que ampare y promueva la inversión de recursos públicos en el sostenimiento de esa casa fiscal. Esto significa que la decisión de mantener una residencia privada para el gobernante de turno, es netamente política y administrativa. El inmueble podría transformarse mañana mismo, y solo por decir algo, en un centro de atención a víctimas, una casa cultural, una universidad, un centro de comunicación y tecnología o un albergue para los pacientes rurales que requieren atención médica.

El costo de la casa fiscal

Una vez asume su periodo —que habitualmente inicia un 1 de enero y finaliza cuatro años después, un 31 de diciembre—, el gobernante de turno tiene la decisión de instalarse o no en la casa fiscal con su familia. El lugar está completamente amoblado y el nuevo inquilino tiene la potestad, según la Gobernación, de solicitar, si considera que es necesario, nuevo mobiliario. (El Morichal está en la capacidad de confirmar que desde 2012 en adelante, todos los gobernantes de Vichada han hecho uso de la residencia oficial. De esa fecha hacia atrás no tenemos información).

En la actualidad, la casa fiscal tiene un costo anual aproximado de $100 millones —más de $8 millones por mes—. Con el presupuesto de la Gobernación se pagan recibos de acueducto y energía eléctrica —cerca de $4.000.000 mensuales—, una aseadora y un jardinero cuyo salario mensual es, en 2026, de $2 millones aproximadamente. 

Además, según el cálculo de El Morichal a partir de los documentos entregados por la Gobernación, en los últimos diez años se invirtieron $270 millones en compras de mobiliario, elementos y remodelaciones a la residencia oficial del gobernador (incluyendo un vehículo de $103 millones). Solo en cortinas, por ejemplo, se gastaron $15 millones —$7 millones para nueve cortinas con velos decorados y cenefas, en 2016; y $8 millones en 2025 para cortinas enrollables de doble capa, con bloqueo parcial de rayos UV, cabezal de lujo y perfil en aluminio—.

Entre las compras realizadas para la residencia del gobernador también hay electrodomésticos que difícilmente se encuentran en un hogar vichadense promedio, donde el 55% de la población sufre de pobreza multidimensional.  En noviembre de 2025, se adquirieron, entre otros elementos, una silla confort reclinable con herrajes eléctricos, puerto USB y automatizada con conectividad tecnológica, avaluada en $4.791.243; y un televisor de 86 pulgadas, por el que pagaron más de $10 millones.

Un teatro en casa de cinco altavoces y karaoke incluido, por el que pagaron $1.500.000 —dos salarios mínimos de la época—, fue otro de los elementos comprados en 2016 por la Gobernación de Vichada para el disfrute del mandatario de turno y su familia. Sin embargo, un año después el equipo fue dado de baja por el almacén de la entidad.

Lo paradójico es que, mientras la Gobernación de Vichada mantiene este privilegio desde hace décadas para el gobernador, cuyo salario actual es de $19.130.764,  sin contar primas y otras bonificaciones, la entidad no tiene inmuebles suficientes para sus diversas dependencias. Anualmente se gasta más de  $245 millones en alquileres.

En respuesta a un derecho de petición a este medio de comunicación, la Gobernación compartió contratos que evidencian que, para abril de 2026, por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se pagaba un arriendo mensual de $5.300.000; por Turismo y Cultura se pagaba $1.766.000 cada mes; para la sede de Desarrollo Social se destinaban $7.800.000 mensuales; y por la Oficina de Cooperación Internacional y Pasaporte se pagaban $4.670.000 al mes. Además, la Administración departamental paga el alquiler del lugar donde funciona la Contraloría Departamental: durante 2026 cada mes cuesta $8.684.000. 

El ejemplo de los vecinos

En Guainía, territorio que también fue elevado a la categoría de departamento en la Constitución Política de 1991 y con quien Vichada comparte más de 400 kilómetros de frontera, la figura de residencia oficial para el gobernador de turno fue abolida en 2009.

Según el antropólogo y exdiputado de Guainía, Leonardo Ladino, en el 2008 el entonces gobernador Iván Vargas rompió la costumbre por voluntad propia. Dijo: «Yo tengo mi casa aquí, no necesito vivir allá, usemos esto para otra cosa». Fue así como la antigua casa fiscal del gobernador en Inírida fue convertida, mediante una ordenanza departamental en 2009, en la Casa de la Cultura «Flor de Inírida».

Para Ladino, en épocas como la de 1963, cuando Guainía fue segregada de Vaupés y constituida como comisaría, “darles casa era válido” porque eran funcionarios transitorios enviados desde Bogotá. Con la Constitución de 1991 y la llegada de la elección popular, dice Ladino, los gobernantes dejaron de ser «foráneos» o “enviados a la selva”, y pasaron a ser líderes de la región con arraigo y bienes propios en el territorio.

“No deberían, en la actualidad, existir casas fiscales con fines de que vivan los gobernantes”, manifestó Ladino.

Para el antropólogo Ladino, perpetuar el uso gratuito y privado a quienes gozan de grandes sueldos del Estado —como ocurre en Vichada, donde el gobernador se gana más de $19 millones— representa un anacronismo administrativo que frena el retorno social del patrimonio público hacia comunidades que reclaman con urgencia espacios sociales o comunales para la memoria y la cultura.

A los ojos de Ladino, el caso de Vichada es incomprensible. “Yo lo que veo es que se están utilizando recursos públicos indebidamente y eso podría considerarse incluso un peculado por uso indebido de recursos públicos”, dijo.

Vaupés es otro departamento que —si bien no es fronterizo con Vichada pero que también hizo parte de los antiguos territorios nacionales— optó por suprimir la figura de residencia oficial para el gobernante de turno. Fue bajo el mandato del exgobernador Harold León Bentley (2001-2003). José Raúl Castro, quien trabajó durante 27 años en el sector público en el área administrativa y de tesorería de Vaupés, asegura que  el exgobernador tuvo una postura ética al asumir el cargo, y sentenciar que, «el gobernador debe tener su vivienda o pagar arriendo. Acto seguido, desalojó la residencia oficial y la entregó como Casa de la Cultura para beneficio de la población, rompiendo el esquema de privilegios”.

Desde la calle, el muro de casi 32 metros sigue cerrado al escrutinio público. Detrás de él, una silla reclinable con puerto USB, un televisor de 86 pulgadas y cortinas millonarias adornan ventanas en el departamento donde más de la mitad de la gente vive en pobreza. No es ilegal habitar la casa fiscal: ningún gobernador ha violado norma alguna al instalarse allí. Pero tampoco existe ninguna ordenanza que obligue a sostenerla, y esa es justamente la pregunta que el Vichada no se ha hecho en treinta y cinco años. Guainía la convirtió en una casa de la cultura; Vaupés, en patrimonio de su gente. Ambos demostraron que basta una decisión —y la voluntad de tomarla— para que un muro deje de proteger un privilegio y empiece a abrirse hacia quienes pagan por él.