Así operaba el “cartel de las embarazadas” en Vichada
Una red dedicada a estafar el sistema de salud colombiano que, de acuerdo con las autoridades, operaba principalmente desde Vichada, fue desmantelada en los últimos días. Ocho personas fueron enviadas a la cárcel.
Según la Policía de Vichada, la investigación duró “aproximadamente 10 meses”, lo que permitió “identificar a ocho personas, integrantes de tres familias distintas, quienes habrían constituido 19 sociedades de papel que figuraban como inmobiliarias, empresas de servicios generales o de asesorías, entre otras”, indicó la Fiscalía General.
La red delictiva vinculaba al sistema de salud mujeres de escasos recursos o analfabetas que se encontraban en “entre el quinto y séptimo mes de gestación, por medio de empresas fachadas o de papel (ONG o entidades del estado)”, para luego cobrar millonarias licencias de maternidad.
“Las mujeres inicialmente eran vinculadas al sistema de seguridad social en salud, mediante contratos laborales con ingresos de 1 millón de pesos, y faltando dos o tres meses para el parto, reportaban un incremento exponencial entre $4 a 12 millones de pesos. En el momento que dan a luz, la empresa fachada o de papel cobra la licencia de maternidad ante las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) y en algunos casos, entregan una remuneración irrisoria a las mujeres de ($100.000 a $200.000), a título de “subsidio”, y no como prestación social”, explicó la policía en boletín de prensa.
La fiscalía indicó que, “al parecer, con los nombres y datos personales obtenidos en municipios de Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico, afiliaron 428 mujeres al sistema de salud con el supuesto de que eran empleadas de las empresas fachada creadas. El material de prueba da cuenta de que, inicialmente, reportaron que las trabajadoras recibían una remuneración equivalente a un millón de pesos, pero faltando un mes para que dieran a luz informaron sobre un aumento salarial a ocho millones de pesos”.
Con estas maniobras, los señalados integrantes de la organización delincuencial habrían solicitado el pago de licencias de maternidad, las cuales fueron pagadas con base en el último salario reportado por el empleador. De esta manera, defraudaron en cerca de 9.000 millones de pesos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos implicados por los delitos de: enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada, utilización ilícita de redes de comunicación y concierto para delinquir agravado.
“Seis de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad y dos más seguirán vinculados a la investigación”, indicó la fiscalía.
Extinción de dominio
Paralelamente a la judicialización, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 1 predio rural, 3 urbanos, 8 vehículos y 19 sociedades ubicadas en Villavicencio (Meta), Neiva (Huila) y Bogotá.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 1.216 millones de pesos, habrían sido adquiridos con los dineros obtenidos por la red ilícita. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.