Así se armaron las UTL de Guainía y Vichada durante el periodo 2022-2026
Las unidades de trabajo legislativo (UTL) de los congresistas tienen tan mala imagen entre los analistas políticos como el Congreso de la República entre la opinión pública —en 2025, según el Opinómetro de Datexco, el 71% de los encuestados tenía imagen negativa del Congreso—. Es, dijo Mauricio Cabrera en una columna de opinión de Portafolio en julio de 2022, refiriéndose a las UTL, “uno de los rubros más costosos e inútiles del funcionamiento del Congreso”.
Cuando un congresista asume su curul, tiene derecho a conformar un equipo de trabajo que lo asesore “en diversos temas correspondientes a su labor legislativa”, según Congreso Visible. Este equipo interdisciplinar puede tener máximo 10 miembros —entre asistentes (que pueden ganar este año entre $5.252.000 y $12.256.000 por mes) o asesores (con sueldos de entre $14.000.000 y $26.263.000 mensuales)— y sus salarios, en conjunto, no pueden superar los 50 salarios mínimos al mes: para 2026, ese tope equivale a $87.5 millones por congresista. Solo el pago del salario de la UTL de cada congresista durante 2026 le habrá costado $1.050 millones al erario.
“Aunque es válido el propósito de que los congresistas tengan una asesoría técnica”, dice Cabrera en su columna de opinión, “es claro que no la necesitan los numerosos parlamentarios que casi no participan en los debates ni nunca presentan un proyecto de ley”. Por el contrario, dice, “son muchos los casos -con valiosas excepciones- en que esa plata la usan para el pago de favores políticos o para tener activistas que les cultiven los votos en sus feudos electorales”.
Un artículo publicado por Congreso Visible en 2019 coincide con el planteamiento de Cabrera. “Las UTL del Congreso se han convertido en un importante fortín político que desemboca, en muchas ocasiones, en el pago de favores políticos pre adquiridos y en la captación ilegal de dineros –de pago de nómina- del Estado”.
En El Morichal investigó cómo estuvieron conformadas las UTL de los cuatro representantes a la Cámara por Guainía —Carlos Alberto Cuenca Chaux y Alexander Guarín Silva— y por Vichada —Javier Alexander Sánchez Reyes y Álvaro Mauricio Londoño Lugo— durante el periodo 2022 – 2026.
Entre agosto de 2022 y abril de 2026 (último mes disponible en el portal de transparencia de la Cámara de Representantes al momento de escribir esta historia), las cuatro UTL le costaron al país $11.542 millones. Por ellas pasaron 68 personas, de las cuales 58 ocuparon únicamente cargos de asistente: el nivel para el cual, según el manual de funciones de la propia corporación, no se exige ningún título ni experiencia alguna. Además, en esas unidades de trabajo legislativo hubo presencia de políticos que hoy están condenados por corrupción, exalcaldes y familiares de conocidos políticos de la región.
Carlos Alberto Cuenca Chaux (Guainía) — Comisión Tercera
Cuenca vinculó a 16 personas en el periodo. Su UTL estuvo exactamente en el tope de 50 salarios mínimos durante 43 de los 45 meses. En abril de 2026 sostenía 10 personas por $87.545.250 mensuales.
De esas 16 personas, 15 ocuparon únicamente cargos de asistente. El único asesor de su despacho en cuatro años fue Jair Henao Orozco, presente en los 45 meses analizados. Cuenca integra la Comisión Tercera, que conoce de hacienda y crédito público, impuestos, régimen monetario, leyes sobre el Banco de la República, mercado de valores y la actividad financiera, bursátil y aseguradora.
Consultado sobre si su equipo tuvo profesionales afines a las materias de la Comisión a la que perteneció, Cuenca respondió que sí y remitió a la relación de perfiles que él mismo entregó. Pero esa tabla muestra lo contrario: de los 16 integrantes, cuatro son bachilleres —dos de ellos en cargos de Asistente IV durante los 45 meses— y el resto reúne perfiles como técnico en enfermería, técnico en mecánica, microbiólogo, psicóloga o ingeniera industrial, ninguno con formación en economía o finanzas. Su único asesor es tecnólogo en administración de empresas. Y la mitad del equipo no trabajó donde se legisla: ocho de los dieciséis prestaron sus servicios desde Guainía —entre ellos los dos exalcaldes de Inírida— y no desde Bogotá.

Su planta tiene un núcleo de seis personas que no se movieron en cuatro años. Una de ellas es Norma Rodríguez Sandoval, hermana de Norela Rodríguez Sandoval, exalcaldesa encargada de Barrancominas (2019-2020) y compañera de lista de Cuenca en Cambio Radical durante las últimas tres elecciones a Congreso.
Otro nombre inamovible fue el de Zulma Esmeralda Delvasto Lara, hermana de Carlos Antonio Delvasto Lara, quien donó $20 millones este año a la campaña de Cuenca, donde resultó elegido para el periodo 2026-2030. Zulma Esmeralda también es hermana de Óscar Gerardo Delvasto Lara, ex alcalde de Inírida (2012-2015) por Cambio Radical, quien integró la UTL del congresista como asistente II entre agosto de 2022 y junio de 2024.
El nombre del exalcalde de Inírida Pablo Willan Acosta Yuvabe (2020-2023) también figura en la UTL de Carlos Cuenca, quien desempeñó el cargo de asistente II, entre julio de 2024 y abril de 2026. Durante el gobierno de Acosta Yuvabe, Giovanni Alexander Delvasto Arenas, sobrino de los Delvasto Lara y muy cercano a Cuenca, obtuvo siete contratos con la alcaldía por más de $10.000 millones.
El Morichal también consultó a Cuenca por su relación política y personal con Óscar Gerardo y Acosta Yuvabe, y sobre los roles específicos que tuvieron en su UTL. Durante el tiempo de su vinculación, dijo, “desempeñaron las funciones que les fueron asignadas en apoyo de las actividades legislativas, de control político, representación y atención a la ciudadanía”. “En cuanto a las relaciones de carácter personal, este despacho no se pronuncia sobre circunstancias pertenecientes a la esfera privada de las personas”.
Alexander Guarín Silva (Guainía) — Comisión Segunda
Guarín vinculó a 20 personas durante todo su periodo. Es la mayor rotación de las cuatro unidades de trabajo legislativo analizadas. Fue también la única UTL que no vivió pegada al techo: promedió 48,3 salarios mínimos y solo alcanzó el tope en 9 de los 45 meses. En abril de 2026 sostenía 10 personas por $84.043.440 mensuales, de los cuales cinco trabajaban en Bogotá y el resto desde “la región”.
De esas 20 personas, 19 ocuparon únicamente cargos de asistente. Su despacho tuvo un solo asesor: Jeison Rodrigo Castillo Briceño, asesor II entre agosto de 2022 y abril de 2023. En mayo de 2023 fue reclasificado a asistente IV —un descenso de nivel—. Desde entonces y hasta abril de 2026, su UTL no ha tenido ningún asesor durante 36 meses consecutivos.

El Morichal consultó a Guarín Silva si algún miembro de su unidad de trabajo tenía formación y experiencia en temas como política internacional, defensa, fronteras, migración, comercio exterior; asuntos de los que se ocupa la Comisión Segunda a la que pertenece. Aunque dijo que los perfiles que su Unidad de Trabajo Legislativo “cuentan con la idoneidad y formación requeridas para abordar de forma transversal y técnica las temáticas no solo de la Comisión Segunda, sino de todas las comisiones de las que se hace parte”, no mencionó ninguno en particular. Solo argumentó que esa información es pública en el SIGEP II.
De los 20 nombres de la UTL de Guarin Silva, uno sobresale: Cilia Paola Domínguez Aponte, asistente II entre febrero de 2024 y noviembre de 2025. Es esposa del representante electo a la Cámara por Guainía para el periodo 2026-2030, Jhonn Alexander Molina Betancur. Guarin Silva y Molina Betancur hacen parte de la maquinaria política de la U en el departamento, partido que tiene una de las curules de Guainía desde 2018 (con Anatolio Hernández) y el control de la Gobernación desde el año 2020. Domínguez Aponte trabajó en el despacho del exgobernador Juan Carlos Iral (2020-2023).
Consultado por El Morichal, el exrepresentante Guarín dijo que “su labor estuvo enfocada principalmente en las tareas de apoyo logístico, manejo de agenda territorial y enlace interinstitucional”.
Álvaro Mauricio Londoño Lugo (Vichada) — Comisión Segunda
Londoño vinculó a 19 personas. Su UTL estuvo en el tope de los 50 salarios mínimos mensuales durante 39 de los 45 meses. En abril de 2026 sostenía 9 personas por $87.545.250 mensuales, de los cuales, solo cuatro trabajaban en Bogotá y el resto desde “el territorio”.
Según su reporte, el equipo se compuso de 10 personas con formación tecnológica, 8 con formación profesional y un conductor: Erik Jesús Piña Hinojosa, vinculado como asistente I durante 12 meses.
De las 19 personas, 18 ocuparon únicamente cargos de asistente. La única asesora, Gladys Yolanda Durán Bautista, ocupó durante los 45 meses el cargo mejor remunerado de las cuatro UTL: asesor VIII, 15 salarios mínimos, $26.263.575 mensuales en 2026. Londoño la relaciona como «abogada especialista», perfil que corresponde a los requisitos del cargo.

Según Londoño Lugo, «uno de los asesores del despacho quien fue el encargado de las sesiones y reuniones de la Comisión II es profesional en Negocios Internacionales», tenía un perfil acorde a la Comisión Segunda. Sin embargo, su único cargo de asesor en cuatro años es el de Durán Bautista, abogada. Las dos personas con formación en negocios internacionales que aparecen en su lista —Daniel Alamario Cardozo y Brianna Catherine Cuéllar Jiménez— figuran en la planta como asistente V y asistente I, no como asesores.
El nombre que destaca en la UTL de Londoño Lugo es el de Hecson Alexis Benito Castro —asistente V entre agosto y octubre de 2022, elegido en 2023 gobernador de Vichada y hoy privado de la libertad por un caso de corrupción ocurrido cuando era alcalde de Santa Rosalía—. Según el excongresista, el efímero paso de Benito por la unidad estuvo enmarcado en análisis de iniciativas legislativas, conceptos jurídicos e interlocución con autoridades locales, apoyado en «su experiencia previa como alcalde». No respondió a qué obedeció su vinculación ni su salida en octubre de 2022.
Javier Alexander Sánchez Reyes (Vichada) — Comisión Cuarta
Sánchez vinculó a 13 personas, la planta más pequeña y estable: seis permanecieron los 45 meses. Su UTL estuvo en el tope durante 43 de los 45 meses. En abril de 2026 sostenía a 7 personas por $87.545.250 mensuales.
Es el despacho que rompe el patrón: siete de sus 13 integrantes ocuparon cargos de asesor y, en el último corte, cuatro de las siete personas lo eran, la única UTL de las cuatro donde los cargos con requisitos son mayoría. Es también donde se registran los mayores ascensos del periodo. Diego Alejandro Medina Ángel pasó de asistente IV a asesor I en agosto de 2023 y a asesor III en octubre de 2025, cargo para el cual el manual exige título de educación superior y un año de experiencia profesional. Óscar Javier Hernández Espinosa pasó de asistente III a asesor II, y Jhacksuri Brigith Sánchez Arguello recorrió cuatro denominaciones: asistente I, asistente V, asistente IV y finalmente asesor I. En sentido contrario, Ashley Isabella Parrado Carrillo figuró como asesor VII en agosto de 2022 —14 salarios mínimos— y desde octubre del mismo año como asistente IV.

El exrepresentante no respondió de manera formal nuestra solicitud de comentarios, aunque dijo que lo haría. Por eso, no fue posible conocer si los miembros de su UTL tenían perfiles acordes a la temática —presupuesto, control fiscal, bienes y contratación administrativa— de la Comisión Cuarta a la que pertenecía.
El nombre que destaca en la UTL de Sánchez es el de Álvaro Arley León Hernández, que ingresó como asesor I en julio de 2024, poco después de la salida de Diego Fernando Mosquera León, que ocupaba ese mismo nivel hasta mayo. León Hernández es hijo del exgobernador de Vichada Álvaro León (2020-2023). Antes de llegar a la Cámara, Sánchez Reyes trabajó con el exmandatario vichadense, quien a su vez le brindó su respaldo durante la campaña que lo llevó al Congreso.
Lo que sí dijo Sánchez por WhatsApp el mismo 26 de junio, minutos después de recibir nuestro cuestionario, fue que una semana antes había renunciado a su curul. Sobre la pregunta por la presencia de León Hernández en su UTL, dijo: «Pude haber nombrado a hermanos o familiares de cualquier otro ex dignatario del Vichada. ¿Qué llama la atención?».
Quién estuvo en las UTL de Guainía y Vichada
Las 68 personas que los cuatro representantes a la Cámara por la Orinoquía vincularon a sus Unidades de Trabajo Legislativo entre agosto de 2022 y abril de 2026, y lo que costó cada una. Cada franja son 45 meses. Busque un nombre o toque una fila.
— sin requisito legal
en 45 meses
el tope de cada UTL
Cada UTL contra su techo
Consumo mensual en salarios mínimos. La línea punteada es el tope legal de 50 que fija el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992. Ninguna de las cuatro lo superó nunca; tres se mantuvieron pegadas a él. El costo está calculado mes a mes, con el salario mínimo vigente en cada año.
Buscador de integrantes
El color indica el nivel del cargo. Los tonos cálidos son cargos de asistente, para los que el manual de funciones no exige título ni experiencia. Los verdes son cargos de asesor, el único nivel con requisitos. Para las UTL de Cuenca Chaux y Londoño Lugo, el detalle incluye la profesión —y, en el caso de Cuenca, el lugar de trabajo y la función— tal como cada representante los declaró a El Morichal.
El escalafón
Los trece niveles de una UTL, su valor en salarios mínimos y lo que el manual de funciones exige para cada uno. Los cinco de asistente dicen todos lo mismo.
Fuente: reportes mensuales de conformación de las UTL publicados en el portal de transparencia de la Cámara de Representantes (45 cortes, agosto 2022 – abril 2026), procesados por El Morichal. La escala salarial y los requisitos de cada cargo provienen de la respuesta de la División de Personal de la Cámara del 14 de julio de 2026 (oficio D.P.4.1.1764/2026), que cita el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificado por la Ley 868 de 2003, y la Resolución 1095 de 2010.
Cálculo: los valores en pesos son cálculo de El Morichal. Cada corte mensual se tasó con el salario mínimo vigente en su año: $1.000.000 (2022), $1.160.000 (2023), $1.300.000 (2024), $1.423.500 (2025) y $1.750.905 (2026, fijado transitoriamente por el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 mientras el Consejo de Estado resuelve una demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025). Los totales están en pesos corrientes de cada año: no son comparables entre sí ni están ajustados por inflación. Corresponden a la asignación de los cargos según la escala oficial; no incluyen prestaciones ni aportes a seguridad social, de modo que el costo fiscal es mayor.
Notas: Los perfiles (profesión, lugar de trabajo y función) solo aparecen cuando el representante los entregó a El Morichal.

Interesante tema, buena investigación, gracias por la organización de la información, además la presentación en colores hace más entendible.