Tres días en pie de lucha: Puerto Carreño no cede y exige que el ministro Edwin Palma venga al Vichada
Ni el calor de 35 grados, ni las noches sin cama, ni el desgaste físico los ha movido. Esta mañana, cuando el sol volvió a golpear con fuerza el parque Santander de Puerto Carreño, los manifestantes seguían allí: carpas instaladas, ollas al fuego, guardia indígena rondando y la voz firme de quienes llevan 72 horas exigiendo una sola cosa al Gobierno Nacional: que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, venga en persona al Vichada y le dé la cara a una población que lleva más meses sufriendo por las irregularidades en el servicio de energía eléctrica digna.
Lo que comenzó como una explosión espontánea de indignación el miércoles 11 de marzo se ha consolidado como la protesta más sostenida en la historia reciente del municipio. Comerciantes, madres cabeza de hogar, líderes comunitarios, funcionarios públicos —muchos de ellos desafiando a sus superiores— y hasta la guardia indígena del territorio han confluido en una sola voz. La Gobernación del Vichada permanece bloqueada. Y el mensaje es uno solo: sin solución estructural, no hay levantamiento.
El detonante de una crisis incubada por años
Aunque la indignación lleva décadas acumulándose, fue en los últimos 20 días cuando la situación desbordó cualquier umbral de tolerancia. Puerto Carreño ha padecido históricamente cortes de energía por problemas de interconexión, plantas obsoletas y lo que sus habitantes describen sin tapujos como corrupción. Pero lo que se vivió en las dos semanas previas al estallido no tenía precedente conocido: jornadas de 10, 12, 15 y hasta 20 horas sin electricidad, en una ciudad donde la temperatura supera los 38 grados centígrados y donde la población flotante proveniente de Venezuela, comunidades indígenas y viajeros en tránsito incrementa aún más la demanda sobre una infraestructura al límite.
El modelo que debía haberlo resuelto todo —la generación por biomasa a través de la empresa Refoenergy— fracasó estrepitosamente. La compañía introdujo plantas diésel que contaminaron el ambiente sonoro y atmosférico del municipio, acumuló una deuda que Electrovichada no pudo sostener y terminó levantando su contrato de forma unilateral. Nadie —ni la Gobernación, ni el operador de red, ni el Ministerio— le explicó a la ciudadanía qué vendría después.
Lo que vino después fue el colapso.
La empresa Electrovichada, que según voceros de la protesta recibe más de 1.000 millones de pesos mensuales de los contribuyentes, resultó no tener siquiera un banco de transformadores de respaldo. Cuando uno explotó a las 3 de la mañana en el barrio Los Recreos, la solución fue despojar de su transformador a otro barrio para taparlo. Esta mañana del viernes 13, la misma historia se repitió en Calarcá: un transformador quemado a las 5 a. m. y el operador de red que no respondió al llamado.
El 11 de marzo: el día que Puerto Carreño dijo basta
El miércoles 11 de marzo la comunidad salió a las calles. No convocada por un partido ni por un sindicato, sino de manera espontánea, como lo describió José Triana, uno de los voceros del cabildo abierto: «Somos todos en la cama o todos en el suelo.»
Ese día, los manifestantes tomaron el parque Santander y bloquearon la entrada de la Gobernación. Intentaron pegar una pancarta de protesta en la fachada del edificio y la Policía respondió con empujones. Triana denunció que una camioneta del Sijín intentó atropellarlo —debió ser apartado por otros manifestantes— y que luego el coronel a cargo se presentó personalmente a ofrecerle disculpas.
La Procuradora de Instrucción del departamento fue cuestionada por permanecer reunida con funcionarios públicos en lugar de garantizar el derecho a la protesta. El Defensor del Pueblo, desde otra ciudad, envió funcionarios de tercer nivel. «Nunca sentimos ese respaldo que ellos deben por constitución garantizarnos», dijo Triana.
Esa noche, el gobernador Fulberto Guevara anunció que entre martes y miércoles de la siguiente semana llegaría desde Cartagena una planta de energía. La comunidad rechazó la oferta: según Sonia Prada, presidenta de la Veeduría de Servicios Públicos, esa planta de 1.000 kW apenas generaría 800 kW —insuficientes para un solo sector del municipio— y su alquiler costaría cerca de 120 millones de pesos mensuales durante seis meses. «Es como si compráramos nuevamente unos grupos electrógenos», señaló.
El ultimátum fue claro: si a las 8 de la mañana del jueves 12 no había un representante del Ministerio en el territorio, los manifestantes tomarían la Asamblea Departamental, la Secretaría de Educación y la Alcaldía.
El ministro respondió en X y avivó la hoguera
El jueves 12 de marzo, mientras la protesta cumplía su primer día completo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, emitió un comunicado calificando la situación como una «grave crisis humanitaria» y pidiendo la presencia inmediata del Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en el territorio. La organización advirtió que incluso las unidades militares y policiales de la ciudad fronteriza estaban siendo afectadas por cortes de más de 12 horas, comprometiendo la seguridad territorial. También alertó sobre el riesgo para el proceso de escrutinio electoral, que se adelantaba en la Registraduría local.
La respuesta del ministro Edwin Palma llegó por X a las 2 de la tarde. Y cayó como una piedra en el agua.
En su trino, Palma aseguró que el comunicado de Asocapitales «no corresponde a la realidad del sistema eléctrico en el territorio» y afirmó que su cartera llevaba más de dos semanas actuando: coordinando el traslado de una planta desde Cartagena, enviando equipos técnicos y articulando acciones con el gobernador. Señaló que de una carga total de 6 MW, cerca de 1 MW estaba bajo racionamiento programado, afectando a aproximadamente 7.200 usuarios, de los cuales 1.200 bajo «balanceo de carga». Atribuyó los problemas estructurales a gobiernos anteriores y a una deuda de cerca de 13 millones de dólares (la cifra formal sobre este monto no se conoce públicamente) generada por la desconexión unilateral de la interconexión con Venezuela.
En Puerto Carreño, la respuesta fue de indignación. «Desde Bogotá no se conoce la realidad. El ministro no conoce la realidad», afirmó este viernes Zuleima Guzmán, una de las líderes que hoy encabeza el plantón. «Por eso es que estamos acá. Por eso es que nos mantenemos. Porque no se puede pretender conocer la realidad de una población si usted no está aquí, si usted no siente el calor, si usted no es el que toma bebidas calientes, si usted no pasa noches en vela por los zancudos.»
Sonia Prada, por su parte, fue más directa ante medios nacionales: «El Ministerio de Minas miente.»
La noche del 12: donaciones, guardia indígena y vehículos liberados
Pese a la tensión, la jornada del miércoles al jueves dejó también imágenes de solidaridad. Mientras la mayoría de manifestantes se retiraban a descansar, un grupo se quedó haciendo guardia. La guardia indígena los acompañó parte de la noche. Llegaron donaciones de pan, chocolate y café. «Eso es lo que nos permite continuar con fuerza», dijo Guzmán esta mañana.
También hubo gestos de distensión. La Gobernación y la Alcaldía pusiero a disposición de los manifestantes carpas, sillas y baños portátiles en el parque Santander. Y los líderes del plantón tomaron una decisión que refleja la madurez del movimiento: liberar los seis vehículos particulares —y uno de la Policía— que habían quedado atrapados dentro de la Gobernación cuando se decretó el bloqueo. «Entendemos la afectación que han sufrido sus dueños», explicó Guzmán. El vehículo de la fuerza pública será el primero en salir.
La Gobernación, por su parte, publicó en redes sociales la noche del miércoles los compromisos pactados en una reunión entre el gobernador Guevara y el Ministerio de Minas: instalación de una mesa permanente de trabajo, llegada de inyectores y camisas para restablecer generación a partir del martes, traslado de una máquina desde Cartagena en 8 a 10 días, gestión de una planta de 1,2 MW en alquiler, análisis de una posible declaratoria de urgencia manifiesta, financiación del 100% de un parque solar de 4 MW y evaluación de alternativas de interconexión, incluyendo conexiones desde Arauca.
Tres días después: el plantón se mantiene y el martes es la fecha clave
Este viernes 13 de marzo, con tres días de protesta cumplidos, el panorama sigue igual. El parque Santander permanece tomado. La Gobernación, bloqueada. Y los manifestantes, firmes.
«No nos retiramos porque es una manera de decirle: ‘Está bien, los esperamos, pero vamos a aguantar'», explicó Guzmán. Según la información que manejan los líderes del plantón, el martes 17 de marzo el viceministro de Minas llegaría a Puerto Carreño para la primera sesión de la mesa permanente de trabajo. Pero la comunidad no da nada por sentado.
La afectación, como subrayó Guzmán, no es solo económica ni doméstica: «Es grave y es a nivel general. En el tema educativo, en el tema de salud, en el tema del comercio y de cada uno de nuestros hogares.» Niños que reciben clases a 38 grados, el hospital comprometido, unidades militares con cortes de más de 12 horas en una ciudad de frontera. Y una población de cerca de 30.000 habitantes —más la flotante de Venezuela y las comunidades indígenas— que lleva semanas pagando una factura por un servicio que no llega.
La invitación de los líderes a la comunidad es clara: «No nos dejen solos. Si no pueden venir, aquí recibimos sus donaciones. Los pequeños actos suman. Y si usted no puede venir, invite a su vecino, a su familiar. No podemos echarnos para atrás».
El próximo capítulo se escribirá el martes. Si el Gobierno Nacional no hace presencia, los manifestantes ya saben cuál es el siguiente paso. Y esta vez, Puerto Carreño no tiene miedo.