Suspender la minería ilegal, el llamado de autoridades indígenas de la cuenca media-alta del río Inírida

El pasado 14 de julio las autoridades militares y de policía desarrollaron una operación de acción ofensiva en contra de la minería ilegal en el departamento de Guainía, que dejó como saldo una embarcación tipo draga artesanal destruida, “avaluada en más de 100 millones de pesos”.

La operación tuvo lugar en el río Inírida, a la altura de la comunidad de Puerto Payara del resguardo de CMARI. “Se logró gracias a la información suministrada por una fuente humana quien denunció el grave daño ambiental que se estaba ocasionando en más de una hectárea que tardaría entre 20 a 30 años en recuperarse ecológicamente”, precisó el Ejército a través de un comunicado de prensa.

Aunque el objetivo de las autoridades era ubicar y desmantelar cuatro balsas en total, “sólo una pudo ser destruida controladamente porque las comunidades del sector, utilizando como escudos humanos a niños y mujeres en embarazo y la guardia indígena de manera hostil y amenazante, impidieron la intervención”, indicó la Octava División del Ejército.

La situación provocó que el 16 de julio el Ejército Nacional convocara un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades civiles del departamento “para denunciar este hecho que atenta contra los Derechos Humanos”.

La autoridad militar insiste en que su accionar apunta a la protección de la naturaleza, toda vez que “la explotación ilegal de oro es uno de los mayores verdugos para los recursos naturales y la biodiversidad. El mercurio, metal utilizado para separar la pepa dorada de la roca, envenena ríos, suelos, animales y plantas; además, pone en peligro la salud de los habitantes ribereños”.

Controversia en la comunidad

La noticia, que fue divulgada por EL MORICHAL en redes sociales, provocó la reacción de los lectores, quienes en su mayoría rechazan la operación militar alegando falta de oportunidades económicas y de empleo para los habitantes de ese sector de Guainía donde ocurrieron los hechos.

“Este departamento lo mueve solo la minería de Guainía y Venezuela. No hay más fuentes de ingresos para el departamento, empresas como tal tampoco existen”, dijo en Facebook Sandra Lozano.

Otro comentario similar en la red social fue el de Felipe Lozano: “Está bien que se acabe la minería, ahora hay que generar las condiciones para que quienes se dedican a esta actividad realicen algo que contribuya a la conservación de la naturaleza y la cultura, y que les permita vivir dignamente de ello”.

Una apuesta por su legalización

Un par de días después del operativo, los gobernadores de los resguardos indígenas de Remanso Chorro Bocón y CMARI, emitieron un documento -al que este medio de comunicación tuvo acceso- rechazando la minería ilegal en sus territorios.

La misiva, con fecha del 18 de julio, firmada por Luis Camelo Moyano (Remanso Chorro Bocón) y Aquileo Medina García (CMARI), solicitan a los capitanes y líderes de las comunidades de esos resguardos que suspendan cualquier actividad minera entre el 25 de julio y el 1 de septiembre, “mientras se busca la legalización de esta actividad para un beneficio común”.

Las autoridades indígenas reconocen que la minería ha sido la única fuente de ingreso para muchas comunidades, “pero para nosotros es muy importante y necesario que este trabajo se haga de manera legal y transparente”.

Por eso, insisten ante sus comuneros que “la suspensión temporal de esta actividad es necesario para que juntos nos cuidemos y para que no sea un obstáculo para la expedición de las resoluciones para la explotación legal de esta actividad en nuestra zona minera”.

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