Senador Feliciano Valencia habla de la Consulta previa y la municipalización de Barrancominas y San Felipe, en Guainía

Detrás de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas existen años de lucha con el fin de recuperar la identidad, las costumbres y tradiciones, la autonomía, cuidar la tierra y la naturaleza, retomar la cultura y el buen vivir. Es así como en 1971 nace el CRIC en el Cauca, un consejo regional que buscaba la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente con el fuero indígena se dan los pasos para la fundamentación de la legislación indígena y en los años 80 se crean las primeras nociones de jurisprudencia indígena, para en 1989 ir a términos internacionales y firmarse el convenio 169 de la OIT, un tratado internacional que en Colombia es la ley 21 de 1991 que le da reconocimiento a los pueblos indígenas.

El senador Feliciano Valencia, en entrevista con el Periódico EL MORICHAL, explica el porqué de su oposición a la regulación de la Consulta Previa y porque es importante mantenerse en pie de lucha; pasar de la retórica a la praxis, formar la base de los pueblos indígenas. “No basta con formar dirigentes, porque el pueblo no sabe lo que está pasando y muchos dirigentes no comunican y se dejan comprar por el Gobierno, debemos ir al territorio a enseñar y de esta manera recuperar la identidad” dice Valencia.

Feliciano Valencia Medina es un senador indígena nasa electo en las pasadas elecciones legislativas para el periodo 2018-2022, con 29 mil votos. Es uno de los líderes indígenas  más representativos del país, tiene una fuerte trayectoria de lucha por los derechos de los suyos. El congresista Valencia se opone al proyecto de ley radicado ante el congreso el pasado 10 de septiembre por parte del partido Cambio Radical, que busca regular la Consulta Previa.

¿Senador, cuál ha sido su trascendencia política, en que va la lucha de ustedes como pueblos indígenas?

Nosotros hemos estados toda la vida en la reivindicación de derechos, recuperación de la tierra, la recuperación de los gobiernos propios, consolidar técnica y jurídicamente el Buen Vivir. Articularnos con grupos sociales, colectivos e individuales para construir un nuevo sistema, es así como hemos estado en resistencia y buscamos el dialogo para la construcción de un modelo diferente o al menos  alternativo, porque el modelo en el que estamos nos agobia. Buscamos que todos participemos en las decisiones, porque la sociedad le delegó la democracia a 203 congresistas y de esos solo deciden 20 o 50, o solo una bancada, el resto son figurines.

Usted está en contra de la regulación de la Consulta Previa ¿por qué?

Sí, si nosotros no tenemos un sentido de pertenencia o identidad, aquí cualquiera nos vuelve trizas y esa identidad es la que esta embolatada. Para alcanzar esa identidad vivimos en una lucha de procesos: Negros, indios, campesinos, ambientalistas, todos pelean por sus derechos, pero no hemos encontrado una estrategia para que todos peleemos por los mismos intereses.

En 1989 Colombia se suscribió mediante convenio 169 de la OIT e implementó la ley 21 de 1991 que reconoce a los indígenas como sujetos con derechos especiales, con características especiales, que tienen un territorio, se rigen como ellos creen, tienen institucionalidad “Gobierno propio”, manejan su salud y educación. Y por eso la Consulta Previa es importante, porque garantiza esos derechos.

Además, la Corte Constitucional dice que cualquier proyecto,  iniciativas que tengan que ver con pueblos indígenas o los involucre tiene que ser consultado con los indígenas, también que esas consultas deben derivar en un consentimiento libre, previo e informado y para eso la Corte en la sentencia T-382 del 2006 plantea una ruta y unos pasos a seguir.

Usted dice que es un proyecto inviable ¿por qué?

Para las iniciativas de ley, como este Proyecto de ley que propuso el partido Cambio Radical, tiene que agotar esa misma fase, el senador ponente es un atrevido porque nunca consulto y lo radicaron en el senado, eso ya tiene un vicio de forma, porque es inconsulto, no agotaron la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena (MPC) que es el primer escenario en donde se debe discutir. No hicieron los pasos de la pre-consulta y eso ya es inviable y también para la Corte Constitucional porque trata de modificar un tratado internacional y una ley (ley 21 de 1991), ellos buscan atacar un derecho fundamental so pretexto de que nosotros nos oponemos al desarrollo, que porque es difícil consultar a los indígenas. La consulta previa no está en discusión por que la Consulta Previa ya está.

¿Cuál cree usted que son los objetivos de Cambio Radical para regular la Consulta?

Buscan es atacar un derecho fundamental, quieren camuflar sus intereses, ellos  quieren hacer la consulta no con todos los integrantes si no solo con las autoridades, también quieren hacer un registro único de indígenas en Colombia y eso no puede ser porque no somos iguales, las etnias tenemos particularidades.

La Consulta Previa no es una herramienta solo para indígenas, también es una herramienta para todos los grupos minoritarios y campesinos. Es más, ahora se fortalecen las consultas populares.

Muy seguramente los ponentes son enviados de los empresarios que quieren intervenir en nuestros territorios, porque la materia prima está en los territorios y la Consulta Previa defiende esos territorios, el afán de ellos está en continuar con sus políticas extractivitas.

¿Qué debería hacer la gente?

La gente debe informarse, enterarse de lo que es en sí la Consulta Previa, porque es que eso no solo es para los indígenas, es para todos, los recursos naturales que nosotros defendemos nos sirven a todos, la Consulta Previa dio pie para las consultas populares que va en la misma dirección y eso le molesta a las multinacionales ¿pero qué vamos a hacer? ellos lo que quieren es llenarse de plata, llevarse los recursos y dejarnos la pobreza a nosotros.

Guainía está en proceso de crear dos nuevos municipios que involucra comunidades indígenas ¿que podría pasar con estas comunidades y la población?

Si los indígenas permiten esas municipalizaciones están renunciando a su titularidad territorial, al Derecho Propio y al Derecho Mayor, a su Gobierno propio, autónomo,  para dejar entrar otro modelo, otro régimen de gobierno, implementar el régimen municipal que pone contra las cuerdas el régimen ancestral del pueblo indígena.

El argumento es la falta de recursos y olvido estatal ¿qué opina usted, senador?

La falta de la intervención del Estado no es argumento, porque un resguardo y un cabildo son la institucionalidad, ellos son reconocidos por el Estado y por la Constitución Política, tienen un reconocimiento administrativo, eso quiere decir que pueden administrar los recursos de salud, educación, ambiente, etc. Eso lo pueden hacer allá, yo no entiendo para que quieren un municipio, el decreto 1953 de 2014 crea ese régimen especial administrativo, las entidades territoriales van en esa línea. Toca es trabajar con el resto de población no indígena, con los colonos.

En el Cauca existen municipios en territorios indígenas ¿cómo ha funcionado?

Nosotros que tenemos territorios con municipios con alcaldes indígenas, estamos es para renunciar, no nos sirve, porque el estado categoriza los municipios, los más pobres y botados en la selva son de sexta categoría, y por eso nos llegan pocos recursos, no nos sirve.

Un municipio sirve para más burocracia, es pagar por algo cuando podríamos estar construyendo. En el Cauca vamos a acabar los municipios, no necesitamos estar metidos en politiquería, no necesitamos elegir un alcalde, necesitamos un Gobierno, un gobernador y eso no se hace politiqueando.

¿Muchas veces los dirigentes hacen todo bajo cuerda, qué puede hacer la comunidad?

Muchos dirigentes mañosos hacen acuerdos y las comunidades ni se enteran, ellos deben hacer un acto de petición, diciendo que no les consultaron, inmediatamente eso se hace, se para y entra en un proceso de investigación para ver qué fue lo que paso, hasta podrían ir la cárcel si hay irregularidades.

¿Qué participación tienen las organizaciones indígenas?

Con el Decreto 1397 se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas (MPC), es una instancia legal; se sienta el Gobierno y los indígenas para acordar la política pública y allí participan la ONIC, la OPIAC, la CIT y AICO, ahora entró Gobierno Mayor; esas cinco organizaciones son las que regulan como se agotan los procesos de Consulta Previa, como se agota el proceso más no como se hace la consulta, eso lo definen las autoridades de las comunidades, ósea la MPC no tienen rueda suelta, las organizaciones  tienen que ir a las comunidades a comentarles de los proyectos y volver a la MPC a decir que es lo que quiere y decide la comunidad. La MPC no puede decidir por las comunidades, ha habido quejas de que en la MPC se están tomando decisiones. Pilas, tienen que estar informados.

“Como el Estado y el Gobierno saben que para crear una institución dentro de territorios indígenas se requiere hacer la Consulta Previa, por eso es que quieren regularizarla” finaliza diciendo el senador Valencia.

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