Procuraduría pidió garantizar los derechos de 130 reclusos hacinados en la cárcel de Puerto Carreño

La Procuraduría General de la Nación, a través de una acción popular que presentó ante el Tribunal Administrativo de Villavicencio (Meta), pidió garantizar la defensa y protección de los derechos colectivos de las 130 personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones precarias y hacinamiento en el centro de reclusión de Puerto Carreño (Vichada). 

La acción judicial se presentó luego de que la Procuraduría Regional de Vichada recibiera denuncias y realizara una visita de inspección a la cárcel, donde identificó que esta opera en una casa privada semidestruida, con permanentes fugas de agua, humedad en las celdas, carencia de baños, y un sistema eléctrico obsoleto que le impide a los reclusos estudiar para resocializarse y cumplir con las obligaciones que puedan redimir sus penas.  

El órgano de control también evidenció que tanto hombres como mujeres conviven hacinados en el mismo lugar; que son aproximadamente 40 internos los que duermen en un pasillo a la intemperie porque no tiene tejas, y que los demás reclusos están ubicados en lugares con poca ventilación e iluminación, donde las temperaturas superan los 40º y los olores se concentran. 

Asimismo, encontró que el establecimiento no está custodiado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sino por un vigilante de turno, y que el área de sanidad no cuenta con habitaciones adecuadas para la recuperación digna y exitosa de los pacientes, ni el aislamiento requerido para quienes puedan padecer de la COVID-19 u otra enfermedad infectocontagiosa. 

A juicio de la Procuraduría, estas circunstancias reflejan la violación de las autoridades competentes hacia los derechos colectivos de seguridad y salubridad pública, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la misma, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y la moralidad administrativa. 

Con la medida, el Ministerio Público busca adelantar gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales y financieras para dar soluciones a las problemáticas y mejorar las condiciones de los reclusos, conforme a la política carcelaria. 

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