[Opinión] Válvulas de escape: cuando la fiesta es el analgésico de la negligencia
Por: Cesar Mora*
El sábado 21 de marzo de 2026, en Inírida, mientras la tarima de la Tercera Feria Departamental La Manaca de Oro vibraba con la presentación de la Academia de baile Selva Latina, al otro lado de la calle, el hospital departamental Renacer se sumía en la oscuridad.
No era una metáfora. Era un corte de energía. Uno más en una larga cadena de apagones que padece Guainía desde hace semanas. Pero este tuvo una crueldad quirúrgica: ocurrió mientras las luces del escenario iluminaban a los asistentes, mientras los parlantes amplificaban la música, mientras la fiesta —la misma fiesta que el gobierno local había organizado con pompa y boletín de prensa— exigía todo el respaldo eléctrico que el hospital, justo al frente, no podía garantizar.
En urgencias, familiares sujetaban las manos de sus seres queridos en la penumbra. Sin ventilación, sin monitores, sin la certeza de que el siguiente latido que marcara el aparato sería escuchado a tiempo. Temían. Porque en Guainía, temerle a un apagón no es una exageración: es la experiencia cotidiana de quienes han entendido que su salud depende de un sistema eléctrico que colapsa mientras la agenda cultural del departamento se mantiene impecable.
Hay algo profundamente cruel en esa imagen. La crueldad no está en la música o el baile, por supuesto. Está en la elección. En aquello que se decide celebrar y aquello que, por omisión o por negligencia, se decide ignorar.
Esta semana, mientras Vichada y Guainía —dos de los departamentos más olvidados de Colombia— sufren una crisis energética que mantiene a sus poblaciones a oscuras, sin agua potable y con la conectividad reducida a un parpadeo, las agendas de los gobiernos locales brillan con una programación cultural envidiable. Torneos, festivales, concursos. Una cascada de eventos que, vistos con los lentes del sociólogo Lewis Coser, revelan su verdadera función: operar como válvulas de escape institucionales.
Coser enseñó hace más de seis décadas que las sociedades no solo necesitan resolver sus conflictos, sino también gestionar sus tensiones. Y una forma de hacerlo, la más funcional para quienes detentan el poder, es ofrecer mecanismos que permitan descargar la presión sin modificar un ápice las estructuras que la generan. Así funciona una válvula: libera vapor para que la caldera no explote, pero no apaga el fuego que la calienta.
Miremos con atención el listado de eventos. En Vichada, el Torneo Internacional del Corrío Llanero —que nació en 1987 y lleva casi cuatro décadas celebrándose— convoca a voces recias, parejas de baile y copleros. En diciembre, se suma el Festival de Colonias, con sus carrozas y su despliegue gastronómico. Luego viene el Festival del Cumare, que exalta la cestería indígena. Más adelante, el Bocachico de Oro, que hermana a Colombia y Venezuela en torno al folclore y la pesca. Y, para que nadie quede fuera, el festival infantil más importante del género: la Palometa de Oro.
En Guainía, el panorama no es distinto. El Festival de Colonias celebra la fundación de Inírida con un crisol de etnias y tradiciones. El Festival de Verano llena de conciertos y deportes las playas y en ocasiones las comunidades como Sabanitas. La Feria Departamental La Manaca de Oro engalana vitrinas con artesanías de chiquichiqui y palo brasil.
Ninguno de estos eventos es, en sí mismo, reprochable. La cultura importa. El folclore es memoria. La fiesta, como lo sabía Durkheim, tiene el poder de tejer comunidad. El problema no es la fiesta. El problema es lo que la fiesta desplaza.
Porque mientras las carrozas desfilan y las parejas compiten por el mejor pasaje, en Vichada y Guainía hay territorios enteros que llevan semanas sin energía eléctrica. No se trata de un apagón ocasional. Es una crisis crónica que agudiza todas las demás: sin electricidad no hay bombeo de agua, no hay refrigeración de alimentos, no hay ventilación en temperaturas que superan los 35 grados, no hay funcionamiento de centros de salud, no hay educación virtual, no hay trabajo remoto, no hay vida digna.
El acceso a agua potable, en pleno siglo XXI, sigue siendo un privilegio en regiones que concentran algunas de las reservas hídricas más importantes del continente. La paradoja es tan absurda como insoportable: estar sentados sobre ríos caudalosos y no tener agua para beber.
Y ni qué decir del aislamiento. Para un habitante de Puerto Carreño o de Inírida, un tiquete aéreo cuesta lo que un campesino de la zona gana en dos meses. La conectividad no es un servicio público; es un lujo. La integración nacional, un eslogan.
Ante este panorama, ¿qué hace la autoridad local? Organiza otro festival. Programa otro concierto. Anuncia otra versión de la Manaca de Oro. No porque la cultura sea irrelevante, sino porque la fiesta funciona. Funciona como distracción, como catarsis, como un espejismo de gestión. Mientras hay celebración, hay una ilusión de normalidad. Mientras hay escenario, hay un lugar donde posar para la foto. Mientras hay folclore, hay contenido para la página de Facebook de la alcaldía o la gobernación.
Coser advirtió sobre el riesgo de estos mecanismos: las válvulas de escape, cuando se institucionalizan, no resuelven los conflictos reales —aquellos que tienen causas objetivas y demandas concretas—, sino que los convierten en conflictos irreales, que se agotan en la descarga emocional. El ciudadano, en lugar de organizarse para exigir energía eléctrica, se desahoga bailando joropo. La indignación, en lugar de articularse como presión política, se diluye en la efervescencia colectiva de un concierto.
Esto no es un accidente. Es una tecnología de gobierno. Muy sofisticada, además, porque viene envuelta en banderas, en identidad, en orgullo regional. Decirle no a la fiesta es, aparentemente, decirle no a la cultura. Cuestionar el festival es, según la lógica oficial, atentar contra las tradiciones. Pero la verdad es más simple y más brutal: la fiesta no es el problema; es la coartada.
No se trata de abolir la fiesta. Se trata de exigir que la fiesta no ocupe el lugar de la solución. Que los recursos públicos destinados a montar tarimas y contratar artistas compitan en igualdad de condiciones con los recursos destinados a garantizar el servicio de energía. Que el gobernador que preside el desfile de carrozas haya respondido primero por qué su departamento sigue sumido en una crisis energética que cualquier municipio del centro del país resolvería en días.
Porque la ciudadanía tiene derecho al folclore, sí. Pero tiene primero derecho a la energía eléctrica. Tiene derecho a la fiesta, pero antes a tener agua en el grifo. Tiene derecho a la tradición, pero mientras sus niños puedan estudiar sin que un apagón les borre la clase virtual.
La violencia de este modelo no está en lo que ofrece, sino en lo que hace invisible. La fiesta se vuelve entonces una cortina de humo con estribillos y pasodobles. Una manera de que el Estado se muestre presente donde su ausencia es más grave.
Lewis Coser nos dejó una herramienta para entender que no todas las celebraciones son inocentes. Hay fiestas que liberan tensiones, sí, pero hay fiestas que también perpetúan abandonos. Hay festivales que construyen comunidad, pero hay otros que funcionan como analgésicos de una gestión fallida.
En Vichada y Guainía, la agenda cultural no debería suspenderse. Pero debería incomodar. Debería ser el lugar desde donde se exija, se pregunte, se denuncie. Que el Corrío Llanero dedique una estrofa al apagón. Que la Palometa de Oro cante para que los niños tengan internet. Que la Manaca de Oro no sea solo artesanía, sino también un contrato de luz para todos.
Mientras eso no ocurra, mientras la fiesta siga siendo el espejismo que oculta la herida, estos departamentos seguirán siendo lo que siempre han sido para el centro del país: territorios de postal, adornados con folclore, condenados a la oscuridad.
*Cesar Mora es Sociólogo egresado de la Universidad de Caldas, Especialista en Gerencia de Proyectos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente cursa la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social Aplicada en la Universidad Internacional de la Rioja. Su trayectoria profesional se orienta hacia la investigación social aplicada, la formulación y ejecución de proyectos de intervención con comunidades indígenas amazónicas, y la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial.
