Ministerio de Trabajo ordena cierre parcial de la Corporación CDA por graves riesgos para sus empleados
El Ministerio de Trabajo decretó la paralización inmediata de varias áreas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), al concluir que la sede de Inírida presenta riesgos “graves e inminentes” para la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores. La medida, adoptada mediante el Auto 108 del 14 de noviembre de 2025, se produjo tras una inspección solicitada por el sindicato Sintrambiente y practicada entre el 10 y el 14 de noviembre por funcionarios de la Dirección Territorial del Guainía.
El informe de inspección describe un deterioro profundo de las condiciones sanitarias, eléctricas y estructurales de la entidad. Durante la visita se encontró que la sede contaba apenas con un extintor operativo, el cual además estaba vencido; los demás equipos para extinción de incendios permanecían guardados y sin mantenimiento. Tampoco existía un plan de emergencias, a pesar de la acumulación de madera, cartón y archivos en papel que incrementan el riesgo de combustión, junto con la presencia esporádica de gasolina y cableados eléctricos defectuosos.
En los baños la situación también era crítica. Los sanitarios del segundo piso estaban inhabilitados y no disponían de agua, jabón ni papel higiénico, lo que obligaba a labores de aseo realizadas únicamente con agua, sin productos de desinfección. En el primer piso, uno de los lavamanos no funcionaba, las puertas y ventanas estaban dañadas y la baja presión del sistema impedía evacuar adecuadamente los residuos, generando malos olores persistentes. El uso mixto de los baños, sin división por género, se sumaba a la falta de ventilación y de elementos básicos para el manejo de residuos peligrosos u orgánicos.
Las oficinas administrativas evidenciaron otra serie de riesgos. El área de atención al ciudadano presentaba desorden generalizado, olor a humedad, presencia de hongos y un riesgo biológico elevado debido al manejo inadecuado de los archivos. Algunas estanterías estaban sin anclar, lo que podía provocar la caída de objetos pesados sobre los trabajadores. A esto se sumaba la mala iluminación en diversos espacios y la acumulación de documentos no transferidos desde 2023 hacia atrás, lo que aumentaba tanto el riesgo biológico como la probabilidad de un incendio. En la oficina de cadena presupuestal los olores a humedad eran perceptibles incluso al ingresar, y la pantalla de la tesorera se encontraba en tan mal estado que afectaba su salud visual. Además, varios cables eléctricos permanecían por fuera de las canaletas.
El primer piso concentraba buena parte de las irregularidades. Algunas oficinas funcionaban como subbodegas en condiciones de humedad permanente y con escasa ventilación. El archivo represado reducía la movilidad, deterioraba el ambiente laboral y exponía a los funcionarios a posibles enfermedades respiratorias. En una de las oficinas, el cielo raso de madera estaba colapsando debido al peso de los elementos almacenados encima, lo que representaba un riesgo inminente de caída. La oficina de gestión documental y atención ciudadana presentaba filtraciones severas que anegaban la mitad del espacio, generaban charcos y olores fuertes a hongos, y favorecían la proliferación de virus y bacterias.
La inspección también reveló problemas en las áreas de almacenamiento. El salón donde se guardan las motocicletas tenía un techo en riesgo de colapso y se utilizaba simultáneamente como depósito de elementos en proceso de baja, sin delimitación alguna. El archivo central se encontraba en un estado crítico de desaseo y desorden, con la puerta caída y peligro de que el vidrio se rompiera y causara lesiones. Allí se identificaron heces de animales, presumiblemente roedores, murciélagos y reptiles, así como una alta concentración de olores a hongos y humedad que evidenciaba un riesgo biológico generalizado. El almacén central, que colinda directamente con este archivo, compartía el mismo nivel de insalubridad y contenía todos los extintores, ya oxidados, en un espacio no apto para el trabajo.
Las dos trabajadoras de servicios generales realizaban sus funciones sin ropa adecuada, sin elementos de protección personal y sin insumos para la desinfección. Esto implicaba que el aseo se hiciera únicamente con agua, incluso en zonas donde habían sido identificadas heces de murciélagos, lo que aumentaba la exposición a vectores biológicos. Los pasillos, escaleras y áreas perimetrales carecían de iluminación suficiente, presentaban goteras, pisos mojados sin señalización y una proliferación de zancudos e insectos debido a la falta de mantenimiento de las zonas verdes. La sede, además, se encuentra contigua a un comando policial que fue objeto de un atentado un año atrás, lo que incrementa los riesgos asociados al orden público, especialmente por la falta de iluminación exterior y las frecuentes inundaciones en el sector.
Ante estos hallazgos, el Ministerio concluyó que existía un riesgo cierto e inmediato para los trabajadores, lo que justificó la aplicación del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, que faculta a los inspectores a dictar medidas preventivas sin necesidad de abrir previamente una investigación. Con base en esta normativa y en los Convenios 81 y 129 de la OIT, la Dirección Territorial del Guainía dispuso la paralización de actividades en el segundo piso —con excepción de las oficinas de la Dirección General y la Secretaría General—, así como en el archivo general, el almacén, el almacén de motos, la oficina de gestión documental y cualquier dependencia donde hubiera archivos antiguos o cableado expuesto.
El Auto ordena que la medida tendrá efectos inmediatos y se mantendrá hasta que la entidad demuestre, mediante informes técnicos, que los riesgos fueron mitigados. Durante el periodo de cierre parcial, los trabajadores conservarán su salario, prestaciones, honorarios y seguridad social, pues la paralización no es imputable a ellos. La CDA podrá implementar temporalmente modalidades de trabajo en casa, teletrabajo o trabajo remoto, así como suspender términos administrativos en caso de ser necesario para garantizar la continuidad del servicio público ambiental.
El Ministerio también llamó la atención sobre la actuación del Director General de la CDA, Óscar Javier Vargas Urrego, quien no atendió a los funcionarios ni al sindicato durante la inspección, dificultando la búsqueda de acuerdos para minimizar la afectación del servicio. Aun así, la autoridad laboral decidió no abrir por ahora un proceso sancionatorio y, en su lugar, iniciar un proceso administrativo de mejora y diálogo social con Sintrambiente. La Dirección Territorial advirtió, sin embargo, que el incumplimiento total o parcial de la medida preventiva agravará la responsabilidad de la entidad.
El Auto dispone la colocación de sellos oficiales en las áreas cerradas y ordena informar a las Direcciones Territoriales de Guaviare y Vaupés, al Consejo Directivo de la CDA, al Ministerio de Ambiente, al Archivo General de la Nación, al comando de Policía del Guainía y a la Secretaría de Salud del departamento. Esta última deberá emitir un concepto técnico sobre las condiciones sanitarias de la sede, requisito indispensable para evaluar el eventual levantamiento de la medida.