Indígenas realizan retén ilegal en la vía a Casuarito
Varias personas se han visto afectadas por un retén ilegal que indígenas de la comunidad de Bachaco han instalado en la vía que de Puerto Carreño conduce a la inspección de Casuarito.
Según denuncian los habitantes de esa inspección, en el improvisado retén los indígenas están cobrando altas sumas de dinero para permitirles continuar con su recorrido.
Un habitante de Casuarito, quien pidió proteger su identidad, manifestó a EL MORICHAL que “estamos muy preocupados y cansados con esta situación. No se justifica que para poder ingresar a Casuarito, donde está mi residencia, debo pagar entre $ 50.000 mil y $ 300.000 pesos. Eso dependiendo sí llevo comida o cualquier otro artículo”, expreso el afectado.
Un comerciante de la inspección, que también pidió reservar su nombre, indicó que los indígenas se tornan violentos cuando alguien que llega al bloque manifiesta no tener plata. “Cuando uno les dice que no hay dinero para pagarles se han tornado violentos y arremeten contra los neumáticos de los vehículos, nos dicen groserías y hasta nos amenazan. Así no se puede transitar. Le hago el llamado a las autoridades a ejercer el control, ya que esto no se justifica”, precisó.
La policía la inspección de Casuarito llegó hasta el lugar durante la tarde de este 20 de marzo y corroboró la situación. En acción ciudadana logró mediar entre los indígenas y los dueños de los dos vehículos represados y se permitió la circulación vehicular.
Sin embargo, este 21 de marzo el bloqueo continuó. Una de esas personas afectadas fue el director del Parque Nacional El Tuparro, Henry Pinzón, quien aseguró que tampoco logró llegar a su destino por causa del retén ilegal.
Este medio de comunicación pudo conocer que esta medida realizada por los indígenas se debe a una postura de presión ante la mirada pasiva del Estado, ya que dicen sentirse abandonados en el área de la salud, principalmente.
Para los transportadores y habitantes de la inspección de Casuarito, nada justifica la retención y el impedimento al libre derecho de tránsito y movilidad. Advierten, que la medida asumida por los indígenas ya no es una protesta, sino una forma ilegal de lucrase.