Humedales, seres vivos sujetos de derechos en Colombia
Por María Esperanza Castro Torres
Guainía, por todos conocida como tierra de muchas aguas, se caracteriza por contar con una amplia red hidrográfica teniendo como afluentes principales el río Atabapo, el río Isana, el río Cuiarí; destacando el río Inírida como principal fuente de agua para el consumo del municipio de Inírida.
Los humedales que caracterizan el territorio han sido objeto de reconocimiento y conservación como lo garantiza el decreto 1275 de julio 8 de 2024.
En el área urbana del municipio de Inírida, se encuentran las microcuencas caño Terpel, caño Motobomba, caño Limonar y caño Ramón; designadas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); lo que implica la necesidad de desarrollar estrategias de conservación por parte del departamento, del municipio y de la corporación ambiental CDA.
Considerando que los humedales son elementos constitutivos del espacio público, zonas de manejo ambiental que deben estar protegidas constitucionalmente, lo que significa que son sujetos de derecho con medidas de protección.
Infortunadamente, para los humedales de Inírida esto no aplica; estas cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies animales y vegetales que dependen de ellos para subsistir, en Inírida, no tienen doliente y agonizan lentamente ante la mirada indiferente de las instituciones y de los ciudadanos.
Sin embargo, para fortuna de caño Motobomba, en el año 2022, a iniciativa voluntaria del grupo ambientalista Ütmay (cuidadores del agua en lengua Puinave) y otros ciudadanos preocupados por el medio ambiente , se iniciaron actividades de limpieza y recuperación, encontrándose una alta afectación de este ecosistema por vertimientos de basuras y aguas residuales; acometiéndose jornadas de limpieza y sensibilización; ante la dolorosa situación de este ser vivo indefenso, se iniciaron actividades jurídicas para el restablecimiento de sus derechos, interponiéndose una tutela con apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Ya, para el año 2023, la ciudadana Silvia Aristizábal López, inicia una Acción Popular ante el juzgado segundo administrativo de la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, donde actualmente surte trámite bajo el radicado 50001-33-33-002-2023-00017-00 del que se espera falle en favor de restituir y garantizar los derechos de caño Motobomba; derecho a un ambiente sano, protección de la biodiversidad y protección del patrimonio natural de la Amazonia; sin embargo y a la fecha aún no se tiene respuesta sobre esta acción popular y sobre la investigación que se adelanta al contrato de obra FM-INIRIDA-384-AMBIENTAL -01-2023 suscrito entre el Fondo Mixto para la Promoción y el Deporte el Desarrollo Integral y la Gestión Social y el Consorcio Restauración BIO INÍRIDA 2023, el cual se firmó por un valor de $1.008.306.531; teniendo como objeto realizar actividades de recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las microcuencas urbanas Caño Motobomba, Caño Limonar, Caño Terpel y Caño Ramon etapa I en el municipio de Inírida. Contrato del que nadie da razón pero que se pagó en su totalidad, en la alcaldía de Inírida no saben, los entes de control tampoco. Sin embargo, para cobrar la totalidad presentaron una serie de fotos supuestamente correspondientes a los caños en mención, a los que se les practicó un recorrido y siguen igual de contaminados, con basura y con tala de árboles.
Finalmente, tal y como van las cosas, este es un contrato fraudulento. Se sabe que el Fondo Mixto para la Promoción y el Deporte El Desarrollo Integral y la Gestión Social tiene sus oficinas en la ciudad de Cali y generó todo un entramado con aliados estratégicos, con socios exclusivos y reservados, para la ejecución de contratos públicos administrados por este Fondo, y con un “pool de aliados Estratégicos” que son los únicos ejecutores de los contratos. Así las cosas, no hubo cumplimiento de la normatividad para la protección ambiental y menos investigación a contratos fraudulentos. Cabe preguntarse, ¿ante quién se queja el ciudadano de bien? Sobre todo, cuando Colombia es catalogada como una potencia mundial de recursos naturales renovables.
Igual, se puede decir con respecto que el régimen jurídico en materia ambiental cuenta con una amplia normativa que tiene como fin regular el uso, manejo, aprovechamiento y la conservación del medio ambiente. A pesar de ello, el estado actual de los recursos muestra poca efectividad de las normas en los territorios. En el caso de los humedales de Inírida, ¿a quién se exige el plan de manejo ambiental si las normas no funcionan?
