Guainía y Vichada ¿paraísos de la legalidad y de la ilegitimidad?

Por: Hugo Tamayo

Vemos continuamente a los “servidores públicos” expuestos a las críticas y mordaces comentarios de quienes reunidos alrededor de un tinto y tertulias de esquina;  debaten acerca del origen de los bienes de estos personajes que buscan el bien común, y de los procedimientos de apropiación (legales) de los bienes públicos que terminan en los bolsillos privados de los representantes de lo público, generando repentinas e inexplicables riquezas, pero que refugiados en el concepto que todo es  “perfectamente legal y que sus actos son o han sido conforme a la ley”, terminan haciendo del patrimonio de todos los vichadenses y guainianos una oportunidad para hacerse un capital privado. Lamentablemente, tienen toda la razón, pues es totalmente legal en un estado social de derecho, que  el imperio de la ley prime y la legitimidad que otorga la legalidad sea la que impere; haciendo  carrera la legalización de los dineros públicos, en cualquiera de las múltiples circunstancias en la que se vean comprometidos nuestros dineros; como lo han venido siendo los casos de la alud de la Orinoquia, en la que existe toda una infraestructura de apropiación legal de nuestro patrimonio, con las consecuencias que usted y yo estamos sufriendo hoy, con el tema de precaria  atención en la Salud.
Pero, ¿es legítima esta actividad de los “servidores públicos”? Hablar de lo legítimo, es abordar el terreno de lo justo, de lo verdadero, de lo genuino, del deber ser, del bien común. No todo lo legal es legítimo. Peor aún, mucho de lo legal es ilegítimo.
Es justo que un alcalde, personero, asambleísta, concejal, gobernador, senador o ministro o cualquier servidor público incremente su patrimonio a expensas de la salud pública, del bien común… ellos lo hacen legal, pero es completamente ilegitimo. “Es legal, pero no legítimo”, significa que legalizan y hacen lo indecible, para apropiarse del dinero del bien común y lo hacen de acuerdo a la ley, pero  no es justo. Nos surge enseguida la pregunta ¿puede algo legal no ser justo? La respuesta es sí, y estamos viviendo las consecuencias,  convirtiendo nuestro dinero de la salud en uno de los principales proveedores para los servidores públicos.

En nuestro entorno de realidad, lo legal y legítimo seria que protestáramos, rechazáramos y nos opusiéramos vehementemente a estos atropellos, pues teniendo los mecanismos legales, de ley para hacerlo, consagrados en la Constitución Política Colombiana, tenemos toda la legitimidad de reclamar en justicia y en la práctica que el bien común sea la prioridad. Para nuestro caso y ejemplo,  que nuestros dineros de la salud no se los lleven a los bolsillos privados del servidor público.

Las contralorías regionales, cuya misión principal es controlar el manejo eficiente y pulcro de los recursos Públicos, nuestros recursos, nuestros impuestos, son las que tienen el más alto riesgo de corrupción, que las entidades que deben controlar.

Según el Índice de Transparencia Nacional (ITN), que mide las condiciones que tienen las instituciones para favorecer la transparencia y controlar posibles riegos de corrupción; las ciudades capitales quienes muestran los peores resultados de transparencia en sus procesos,  son: Puerto Carreño,  Inírida, Quibdó Mitú, Sincelejo y Leticia. Además, nuestros departamentos  tienen el más alto riesgo de corrupción como podemos ver en la gráfica. La mayoría de  las inversiones de los programas para construir la paz, se encuentran en los municipios con mayor índice de corrupción, donde  uno de los programas menos transparentes en cuanto a su información es Familias en Acción; pero somos optimistas y esperamos que algún día lo legal y lo legítimo se reconcilien en las acciones de los Servidores Públicos y los gobiernos.