Finca del exrepresentate Gustavo Londoño en La Primavera será recuperada por la Agencia Nacional de Tierras
Imagen de portada: Archivo particular.
La semana pasada el diario El Tiempo revelo que, un predio de más de 6.600 hectáreas conocido como finca Buenavista, ubicado en el municipio de La Primavera, Vichada, será recuperado por el Estado colombiano luego de que se comprobara que la tierra es baldía y fue ocupada de manera indebida por el exrepresentante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, y el empresario Nicolás Laserna Serna, primo de la senadora Paloma Valencia.
Según el diario bogotano, La Agencia Nacional de Tierras (ANT) prepara el desalojo de los actuales ocupantes en las próximas semanas, en cumplimiento de una resolución que declara la ilegalidad de la ocupación y ordena la restitución del predio al Estado para su posterior adjudicación a familias campesinas sin tierra.
Telefónicamente, Londoño García le dijo a EL MORICHAL que no ha sido notificado de la diligencia por parte de la ANT, y que buscará impedir el desalojo porque “la adjudicación que se hizo fue legal y hemos trabajados legalmente”. Y agregó: “Vamos a pelear el usufructo”.
La decisión del desalojo por parte de la ANT es el resultado de un largo proceso jurídico que comenzó en 2014, cuando Londoño y Laserna instauraron una demanda de “pertenencia contra personas indeterminadas” buscando la titularidad de la finca, argumentando haberla comprado por 520 millones de pesos a Milciades Burgos Tuay, un colono que ocupaba el terreno desde 1976. El proceso fue resuelto a su favor en 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, lo que permitió abrir la matrícula inmobiliaria del predio, pese a que la Corte Constitucional ya había advertido en 2014, mediante la sentencia T-488, que ningún juez podía ordenar la prescripción de un baldío.
Sin embargo, la ANT —entonces Incoder— no fue vinculada al proceso judicial, pese a ser la entidad encargada de administrar los bienes baldíos de la Nación. Al enterarse del caso por una investigación de La Liga Contra el Silencio, la ANT interpuso una tutela en marzo de 2019. Un mes después, el Tribunal Superior de Villavicencio declaró ineficaz el fallo del juzgado de Puerto Carreño, decisión que fue ratificada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre del mismo año.
El proceso judicial fue calificado por el alto tribunal como viciado, ya que se desconocieron antecedentes registrales fundamentales: el predio carecía de folio de matrícula inmobiliaria, lo que indicaba claramente su condición de baldío, y no se vinculó a la ANT ni al procurador agrario. Además, la jueza del caso fue señalada por incurrir en “defectos fácticos, sustantivos y por desconocimiento del precedente jurisprudencial”, como se lee en el fallo.
La sentencia fue revertida, y el 4 de diciembre de 2023 la ANT expidió un informe técnico jurídico que declaró oficialmente la ocupación indebida de la finca por parte de Londoño y Laserna. La entidad también solicitó a la DIAN los rangos patrimoniales de ambos ocupantes entre 2013 y 2022, y encontró que sus patrimonios superaban ampliamente los 750 salarios mínimos legales mensuales, lo que los excluye del derecho a acceder a tierras destinadas a la reforma agraria.
Nicolás Laserna, además, figura como propietario de al menos 13 inmuebles, entre fincas y casas, registrados a su nombre. Este hecho refuerza la decisión de la ANT, que anunció que hará uso de la Fuerza Pública para proceder con el desalojo.
Un proceso cuestionado desde el inicio
La historia completa de este caso fue documentada en 2019 por La Liga Contra el Silencio, medio que reveló cómo Londoño y Laserna interpusieron una demanda por prescripción adquisitiva de dominio sin notificar a las entidades estatales correspondientes. Según la investigación, compraron la posesión del predio a un colono por solo 50 millones de pesos —menos de 10.000 pesos por hectárea— sin que existiera título legítimo.
Para sustentar su demanda, la jueza Derlis Vega Perdomo realizó una visita a la finca del 3 al 5 de mayo de 2017. Parte de los costos del viaje —incluyendo transporte, alojamiento y alimentación— fueron asumidos por los demandantes, en lo que parece ser una actuación irregular. “Si no le garantizábamos la dormida, la jueza no va”, reconoció Londoño en su momento.
A pesar de los múltiples indicios de ilegalidad, la sentencia le permitió a Londoño y Laserna multiplicar el valor del predio, que podría haber alcanzado hasta 10.000 millones de pesos en el mercado legal, según estimaciones citadas por La Liga Contra el Silencio. En su defensa, ambos argumentaron que las tierras no eran baldías y que la ANT es una entidad corrupta que les pedía sobornos para tramitar adjudicaciones.
Este caso pone nuevamente bajo la lupa el fenómeno de la apropiación irregular de baldíos en Colombia. Según datos de la Contraloría General de la República y la organización Oxfam, citados por la Liga Contra el Silencio en la investigación que denunció el caso Buenavista, Colombia es el país con la peor distribución de tierra en América Latina. En departamentos como Vichada y Meta, la concentración de tierras ha sido facilitada por fallos judiciales cuestionables y vacíos en la información catastral.
La finca Buenavista no solo era más grande que la Hacienda Nápoles, sino que además, como lo precisó la Liga Contra el Silencio, se encuentra en una zona estratégica que se beneficiaría directamente con la construcción de la vía entre Puente Arimena y Puerto Carreño, promovida por el propio Londoño desde su curul en el Congreso (2018 – 2022).