Entre inundaciones históricas y la amenaza de El Niño: ¿están preparados Guainía y Vichada?
Por: Juan Ramos*
Foto de portada: Inundación en Santa Rosalía a inicios de junio de 2026
Mientras gran parte del país continúa enfrentando una temporada de lluvias intensas, los departamentos de Guainía y Vichada vuelven a ocupar un lugar central en las alertas por inundaciones. Durante la semana del 9 al 12 de junio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que las precipitaciones continuarán en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Amazonía y Orinoquía, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.
Las consecuencias de estas precipitaciones se reflejan en el incremento de los niveles de los ríos y en las afectaciones que enfrentan cientos de comunidades ribereñas. En Guainía, más de 3.500 personas y cerca de mil familias han resultado afectadas por las crecientes de los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y Negro. La emergencia ha generado pérdidas en cultivos de maíz, yuca y plátano, productos fundamentales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales, en un departamento donde cerca del 90 % de la población es indígena.
Las afectaciones no se limitan al ámbito productivo. Según las autoridades locales, cientos de familias han tenido que trasladar sus pertenencias para evitar pérdidas mayores, mientras los organismos de atención de emergencias avanzan en la caracterización de daños y la entrega de ayudas humanitarias. Gobernaciones y alcaldías han distribuido asistencia en municipios como Inírida, Barrancominas y el Raudal de Mapiripana, además de brindar apoyo técnico y logístico a las comunidades afectadas.
Sin embargo, las inundaciones actuales no pueden analizarse únicamente como una emergencia coyuntural. Diversos reportes muestran que se trata de un fenómeno recurrente que, en los últimos años, ha adquirido una magnitud cada vez mayor. Entre mayo y julio de 2025, las lluvias intensas provocaron crecientes históricas en los principales ríos de la Orinoquía, dejando más de 46.000 personas afectadas en departamentos como Guainía, Vichada y Arauca. Los niveles alcanzados por los ríos Orinoco, Meta y Guaviare superaron incluso los registros de 2018, considerado hasta entonces uno de los años más críticos para la región.
En Vichada, la situación fue especialmente compleja. Municipios como Puerto Carreño, Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera registraron inundaciones que afectaron viviendas, cultivos y vías de comunicación. En algunos sectores, las comunidades quedaron aisladas durante varios días mientras se coordinaban acciones de respuesta institucional. En Guainía, por su parte, las crecientes de los ríos continuaron generando preocupación entre líderes comunitarios e indígenas, quienes alertaron sobre el impacto creciente en viviendas, animales y cultivos tradicionales.
Frente a este panorama, las autoridades han activado diversos mecanismos de respuesta. En varios municipios de Vichada se declararon situaciones de calamidad pública y se pusieron en marcha planes de emergencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) articuló ayudas para miles de familias afectadas, mientras las Fuerzas Militares apoyaron labores de evacuación y transporte de asistencia mediante lanchas y helicópteros.
No obstante, la capacidad de respuesta también enfrenta limitaciones. Según declaraciones recogidas por distintos medios, la reducción de recursos disponibles para la atención de emergencias representa un desafío adicional para las entidades encargadas de gestionar el riesgo. Esto ocurre en un contexto donde los eventos climáticos extremos parecen presentarse con mayor frecuencia y afectar a poblaciones históricamente vulnerables .
Las comunidades indígenas han desempeñado un papel importante en este escenario. Organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) han impulsado sistemas de alerta temprana, difusión de información en lenguas nativas y estrategias de adaptación comunitaria. Entre las medidas promovidas se encuentran la construcción de viviendas elevadas, la adecuación de plataformas para cultivos y la identificación de zonas más seguras para asentamientos temporales.
La discusión adquiere una dimensión aún más amplia cuando se observa el panorama climático proyectado para los próximos meses. Mientras actualmente la preocupación gira en torno al exceso de agua, diferentes entidades nacionales han comenzado a preparar acciones frente a un posible desarrollo del fenómeno de El Niño. El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunciaron medidas orientadas a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante eventuales periodos de sequía, disminución de caudales e incremento del riesgo de incendios forestales.
Entre las acciones planteadas se encuentran la revisión de planes de contingencia, el fortalecimiento de los programas de uso eficiente del agua, el mejoramiento de los sistemas de monitoreo ambiental y el seguimiento a proyectos que puedan generar impactos sobre los recursos hídricos. En el caso de las hidroeléctricas, también se solicitó reforzar los análisis relacionados con la estabilidad de los caudales para evitar afectaciones a las comunidades ubicadas aguas abajo.
Este contraste entre inundaciones y posibles sequías evidencia uno de los principales desafíos que enfrentan territorios como Guainía y Vichada. Aunque tradicionalmente el debate público ha estado marcado por fenómenos como El Niño y La Niña, algunos análisis recientes sugieren que las lluvias registradas durante los últimos meses responden también a procesos de variabilidad climática y a condiciones locales de vulnerabilidad. Esto significa que las comunidades podrían verse expuestas con mayor frecuencia a eventos extremos de distinta naturaleza, independientemente de los ciclos climáticos tradicionales.
En ese contexto, la pregunta de fondo no es únicamente cómo responder a la emergencia actual, sino qué tan preparados están los territorios para enfrentar los próximos eventos. Las ayudas humanitarias, las evacuaciones y las declaratorias de calamidad son mecanismos necesarios para atender situaciones urgentes. Sin embargo, los desafíos asociados a la adaptación climática exigen medidas de largo plazo orientadas a fortalecer la infraestructura, mejorar los sistemas de monitoreo, proteger los medios de vida de las comunidades y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas.
Las inundaciones que hoy afectan a Guainía y Vichada muestran la magnitud de los retos que enfrenta la región. Al mismo tiempo, las advertencias sobre un posible fenómeno de El Niño recuerdan que los riesgos climáticos no desaparecen cuando baja el nivel de los ríos. Por el contrario, obligan a pensar en estrategias permanentes de preparación y adaptación para territorios que, cada vez con mayor frecuencia, deben enfrentar los efectos de una realidad climática cambiante.
*Sociólogo y miembro de la fundación Llano Adentro