En Vichada la Contraloría encontró 15 hallazgos fiscales por más de $450 millones en el PDA

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó la Actuación Especial de Fiscalización donde evaluó la gestión del Plan Departamental de Agua (PDA) de Vichada, encontrando 15 hallazgos administrativos, de los cuales 4 corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal por $476.851.612, otros 2 dan pie a la apertura de indagación preliminar y 12 más tienen posible alcance disciplinario. 

Según el ente de control, en Vichada, durante las vigencias 2019 y 2020 se realizó una baja ejecución de los recursos disponibles en los planes estratégicos de inversión, debido a la falta de gestión en la elaboración de estudios y diseños de los proyectos incluidos en el PAEI.  

“Los estudios de precios y mercados realizados por la entidad no están técnicamente soportados ni debidamente documentados e incluyen costos fijos para consultorías que no están relacionados con los proyectos, dejando incertidumbre en la determinación del valor de la contratación por el incumplimiento de los principios de economía y selección objetiva y generando sobrecostos en la contratación realizada”, indicó la CGR.  

Además, advierte falta de seguimiento y control por parte de la supervisión a los productos entregados en las consultorías realizadas, dado que los proyectos radicados ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial presentan glosas de forma y fondo, que hacen que sean rechazados los proyectos, y los contratistas no las subsanan. 

“Fue así como se encontraron 2 casos con más de 10 años del estudio y otro de más de 5 años, donde el estado actual del proyecto es en suspensión porque los contratistas no subsanaron las glosas de los estudios, dejando de satisfacer las necesidades en agua potable y saneamiento básico priorizadas por los municipios”, explicó la Contraloría.  

La entidad precisa que no hay planeación presupuestal en los contratos de prestación de servicios del PAP-PDA vigencia 2019-2020, realizando contratos de prestación de servicio de tiempo corto, con lapsos de tiempo entre los mismos, a pesar de que se requería el servicio por mayor tiempo, afectando la gestión del PDA, dado que varios de esos contratos son para apoyar la supervisión de los proyectos, o el seguimiento de la gestión del PDA.  

Como resultado de la auditoría al PDA del Vichada, la Contraloría General de la República constituyó 15 hallazgos administrativos, de los cuales 4 corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal por $476.851.612, otros 2 dan pie a la apertura de indagación preliminar y 12 más tienen posible alcance disciplinario. 

De los hallazgos mencionados, 10 son para la Gobernación de Vichada, 2 para el Municipio de La Primavera, 1 para el municipio de Santa Rosalía, y 1 para la asamblea de accionistas de la Empresa Aguas del Vichada / Gobernación.  

Irregularidades en otros departamentos

La CGR también auditó los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Tolima, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018. 

Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR. 

En el siguiente cuadro se aprecian los hallazgos detectados y la cuantía de los mismos en cada uno de los PDA auditados: 

Consolidado Hallazgos y sus presuntas incidencias 

Fuente: CGR, 2021, con base en los respectivos Informes Finales de AEF. 

Muchas obras contratadas no se han concluido 

Como resultado de las Actuaciones de Fiscalización realizadas, la Contraloría encontró en todos los departamentos serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme, debido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.   

Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población.