En las instalaciones de la Nueva EPS, indígenas de Puerto Carreño se declaran en minga permanente por el derecho a la salud
Desde las primeras horas de esta mañana, los indígenas de Puerto Carreño, Vichada, iniciaron una minga en las instalaciones de la Nueva EPS, bloqueando el acceso a la entidad como medida de protesta ante la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales, con especial énfasis en el derecho a la salud. La movilización, liderada por Henny Gutiérrez, líder indígena de la región, busca visibilizar las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas en el acceso a servicios médicos adecuados y oportunos, así como exigir el cumplimiento de otras demandas históricas relacionadas con su autonomía y condiciones de vida digna.
Gutiérrez denunció que la EPS ha estado remitiendo a pacientes indígenas a Bogotá sin garantizarles albergue ni condiciones mínimas de atención, dejándolos en situación de abandono. «Nos están mandando a Bogotá sin albergue, nos están dejando botados. No tenemos garantías», afirmó la líder, quien subrayó que esta situación es solo una de las muchas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en la región.
Derecho a la salud: una prioridad urgente
Uno de los puntos centrales de la protesta es la exigencia de que se respete el derecho fundamental a la salud de las comunidades indígenas. Los manifestantes rechazan la decisión de la Nueva EPS de no reconocer los certificados médicos emitidos por las autoridades indígenas, lo cual limita su acceso a tratamientos y procedimientos médicos. «Exigimos que se garantice la validez, autonomía e identidad cultural de estos certificados», señaló Gutiérrez.
Además, demandan la implementación de una ruta de atención en salud con enfoque diferencial e intercultural que garantice el acceso oportuno a medicamentos, tratamientos especiales y servicios médicos adecuados para sus comunidades. Esta petición busca superar las barreras que históricamente han enfrentado los indígenas en el sistema de salud colombiano, donde la falta de pertinencia cultural y la discriminación han sido constantes.
Autonomía y reconocimiento de la autoridad indígena
La minga también tiene como objetivo exigir el reconocimiento de la autoridad indígena y el autogobierno del Cabildo Indígena Multipueblos del Picacho, el cual, al no estar registrado ante el Ministerio del Interior, carece de reconocimiento oficial. Esta situación impide que los comuneros sean identificados como población indígena, lo que limita su acceso a derechos básicos y servicios esenciales.
Los manifestantes exigen que el alcalde de Puerto Carreño proceda con la posesión de la autoridad del cabildo, respetando su derecho a la autonomía y al autogobierno, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley 89 de 1890. Asimismo, reclaman al Ministerio del Interior que cumpla con el compromiso adquirido en respuesta a una acción de tutela, en la cual se determinó la realización de un estudio etnológico en el primer trimestre de 2025, requisito indispensable para el registro de la comunidad indígena.
Agua potable y atención integral: demandas históricas
Otra de las exigencias centrales de la minga es el cumplimiento de una sentencia judicial emitida en 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la cual ordena a la alcaldía de Puerto Carreño garantizar el acceso a agua potable para las etnias indígenas asentadas en la región. Los manifestantes exigen que se presente un plan de acción con cronograma y presupuesto destinado a la dotación de agua potable, asegurando su implementación sin más dilaciones.
Además, demandan la formulación y ejecución de un plan integral de atención para las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, la pobreza extrema y la falta de condiciones de vida digna. Este plan debería incluir programas de vivienda, educación, generación de empleo y acceso a tierras productivas, garantizando así condiciones de vida digna para las poblaciones más vulnerables.
Llamado a las entidades de control
Los indígenas han solicitado la presencia y acompañamiento de entidades de control, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para asegurar el cumplimiento de estos compromisos y la efectiva protección de sus derechos. «Exigimos la presencia de entidades competentes para atender nuestras solicitudes y requerimientos», afirmó Gutiérrez, quien hizo un llamado al Ministerio del Interior y otras instancias gubernamentales para que se sumen a la mesa de diálogo y brinden soluciones concretas a sus demandas.
La minga en Puerto Carreño es un llamado de atención sobre las deudas históricas que el Estado colombiano tiene con los pueblos indígenas, quienes continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos, la garantía de servicios básicos y el respeto a su autonomía y cultura. Mientras las comunidades mantienen su asamblea permanente, esperan que sus voces sean escuchadas y que se tomen medidas urgentes para superar las condiciones de exclusión y vulnerabilidad que enfrentan.