[Opinión] El voto de la Orinoquia: entre la “Colombia profunda” y la promesa del Estado Social de Derecho
Por: César Mora*
La cita electoral del 8 de marzo pasará a la historia de Colombia no solo por la alta dosis de incertidumbre que sembró para la primera vuelta presidencial de mayo, sino por confirmar una importante reconfiguración del poder legislativo. Mientras los reflectores se centraron en la arrolladora victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia (con más de 3.1 millones de votos) y la atomización del centro político en manos de Claudia López y Roy Barreras, hay un hecho que merece un análisis más profundo desde la óptica del Estado Social de Derecho: la consolidación del Pacto Histórico como la primera fuerza política del país.
Con aproximadamente el 22.8% de los votos en el Senado y una proyección de 27 curules, el Pacto no solo retuvo su poder, sino que lo fortaleció. En un país construido sobre la exclusión sistemática de las mayorías, que el partido de gobierno se convierta en la bancada más grande del Congreso es, en sí mismo, un ejercicio de coherencia constitucional. Sin embargo, la frialdad de los números no debe hacernos olvidar el espíritu del artículo 1 de nuestra Carta Magna: Colombia es una República unitaria, descentralizada, y con autonomía de sus entidades territoriales. Es precisamente en este punto donde la dupla Cepeda-Quilcué y la situación de territorios olvidados como Vichada y Guainía nos exigen una reflexión aparte.
La candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué a la presidencia y vicepresidencia representa un hecho político de profundo calado simbólico y programático. Por un lado, Cepeda encarna la lucha contra la impunidad y la búsqueda de verdad, una figura que trasciende lo partidista para instalarse en el debate de los derechos humanos. Por otro lado, la presencia de Aida Quilcué, lideresa del pueblo nasa no es un mero gesto de inclusión. Es la materialización del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que la Constitución de 1991 prometió y que la realidad ha negado.
Para los analistas del centro y la derecha, esta fórmula puede leerse como la continuación del “petrismo” sin Petro. Pero para las regiones periféricas, particularmente aquellas con alta población indígena como la Orinoquia y la Amazonia, la posibilidad de tener a una mujer indígena en el segundo cargo más importante del país no es una cuestión de simbolismo: es la promesa de que, finalmente, alguien en la Casa de Nariño entenderá que la “Colombia profunda”, la “Colombia Indígena” no empieza en Villavicencio, sino mucho más allá, donde el Estado llega tarde, llega mal o nunca llega.
Así las cosas, hablar de Vichada y Guainía es adentrarse en la contradicción más evidente de nuestra democracia. Son departamentos extensos, con una riqueza hídrica y ambiental inmensa, pero con indicadores de necesidades básicas insatisfechas que son una herida abierta al Estado Social de Derecho. Sus territorios, antes dominados por el conflicto y ahora por las economías ilegales y la negligencia estatal, necesitan más que promesas; requieren un modelo de desarrollo que entienda su naturaleza.
¿Dónde reside, entonces, la situación más prometedora para estos territorios en la propuesta del Pacto Histórico?
Si la candidatura de Cepeda y Quilcué se mantiene fiel a los principios que los trajeron hasta aquí —y que quedaron refrendados en los resultados legislativos del 8 de marzo—, la oportunidad para el oriente del país se encuentra en la convergencia de dos agendas:
- La reforma agraria y el ordenamiento territorial: Vichada ha sido visto históricamente como una “frontera agrícola” para la explotación extensiva. Una visión desde el Estado Social de Derecho debe priorizar la seguridad jurídica de los resguardos indígenas, la vocación forestal del suelo y la economía campesina sobre el latifundio improductivo y la acaparación de tierras.
- El enfoque territorial y la transición energética: La propuesta de una vicepresidenta con arraigo indígena podría garantizar que los megaproyectos (que siempre acechan a estas regiones) no se impongan sin consulta previa, y que la riqueza ambiental de Guainía se convierta en un activo para el bio-comercio y el turismo sostenible, y no en una maldición.
Sin embargo, el 8 de marzo también nos dejó una advertencia clara: el país está dividido y el próximo gobierno enfrentará un Congreso fragmentado, donde el Pacto Histórico, siendo la primera minoría, está lejos de la mayoría absoluta. Para Vichada y Guainía, esto significa que las inversiones y las políticas públicas no dependerán únicamente de la voluntad del Ejecutivo, sino de la capacidad de tejer alianzas en un legislativo donde el Centro Democrático (con 17 curules) y los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) fungirán como contrapesos y, en muchos casos, como frenos.
La verdadera oportunidad para los Llanos Orientales y la Amazonia no nace de una mayoría aplastante en el Congreso, sino, paradójicamente, de la necesidad de construirla. Si Cepeda y Quilcué quieren gobernar, se verán obligados a negociar con fuerzas políticas que tradicionalmente han mirado a estas regiones como botines electorales y no como territorios con necesidades reales. Esta dependencia, lejos de ser una simple amenaza, impone una condición ineludible: que los planes de desarrollo para Vichada, Guainía y sus capitales Puerto Carreño y Inírida sean discutidos con lupa, con veeduría y, ojalá, con la participación activa de las comunidades que, con un 47% de participación electoral, aún creen que las urnas pueden cambiar algo. El camino está trazado. Por primera vez, una fórmula presidencial lleva en sus apellidos la memoria de las víctimas y la resistencia de los pueblos originarios. La verdadera prueba para Vichada y Guainía no será si llegan a la Casa de Nariño, sino si, al llegar, son capaces de mirar el mapa y poner el presupuesto donde históricamente ha estado la deuda: en la periferia.
*Cesar Mora es Sociólogo egresado de la Universidad de Caldas, Especialista en Gerencia de Proyectos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente cursa la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social Aplicada en la Universidad Internacional de la Rioja. Su trayectoria profesional se orienta hacia la investigación social aplicada, la formulación y ejecución de proyectos de intervención con comunidades indígenas amazónicas, y la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial.