El impacto de las decisiones de Donald Trump se sienten en Vichada
Por: Daniela Parra
El pasado 24 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, solo cuatro días después de tomar posesión del cargo, hizo pública la decisión de congelar toda la ayuda internacional, haciendo excepciones sólo para alimentos de emergencia y financiación militar para Israel y Egipto.
A través de un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió un memorando interno donde explica las razones de restringir estrictamente la asistencia en el exterior todo lo que involucre ayudas humanitarias, conservación ambiental, medios de comunicación independientes, entre varias acciones.
Colombia era uno de los principales beneficiados en la inversión social proveniente de los Estados Unidos, con la que se financiaban programas que mitigaban los efectos de la migración y poblaciones vulnerables dentro del territorio, entre varias áreas de acción.
Según cifras del 2024 de Migración en Colombia, hay más de 2.800.905 persona provenientes de Venezuela y el 0,40% de esta población se encuentra en el departamento de Vichada, cabe resaltar que son estadísticas que se obtienen a través del censo por los pasos fronterizos autorizados, sin embargo, gran parte de la población venezolana que transita lo realiza por medio de zonas no aptas o pasos irregulares.
El 0,40% se traduce en un aproximado de 11.180 personas que han llegado al territorio en búsqueda de mejores condiciones de vida, y frecuentemente llegan en estado de vulnerabilidad. Además, es importante hacer énfasis en la población colombiana que residía en Venezuela y por la situación socioeconómica han retornado al territorio.
Los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia generaron un impacto económico en el país equivalente a 529.100.000 de dólares de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evidenciando la contribución económica que los migrantes y refugiados de Venezuela.
Puerto Carreño, zona de frontera con Venezuela, ha recibido el mayor impacto migratorio del departamento, a raíz del desplazamiento de la población venezolana, por lo cual, ha sido el lugar objeto para la ejecución de programas que mitiguen los efectos y proporcione actividad económica directa e indirectamente al municipio, sumado a que la movilización trajo consigo el establecimiento de comunidades indígenas que estuvieron establecida en territorio bolivariano y ahora se acentúan en zonas rurales y urbanas de la capital de Vichada.
El apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos contaba con varios proyectos enfocados en la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. PRM financiaba programas que llevaban una trayectoria dentro del departamento de Vichada, entre los que se encontraba Americares, Fundación Panamericana para el Desarrollo -FUPAD- y Construyendo Puentes Hacía la Integración operado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana.
Cada uno de estos programas atendían un flujo importante de población venezolana y colombiana en situación de vulnerabilidad con un único fin de acompañar y proteger a la población migrante acogida en Colombia, más específicamente en Puerto Carreño a través de varias líneas de acción enfocadas en salud, atención social, apoyo jurídico, medios de vida y refugio.
Como en el caso de Americares, que realizaba recorrido por el Departamento realizando atenciones médicas y entregando insumos necesarios para la salud de los asistentes o FUPAD que a través de proyectos buscaban iniciativas que generarán seguridad alimentaria en zonas indígenas manteniendo los saberes y tradiciones.
Estos tres programas, a causa de las decisiones tomadas por Trump, temporalmente suspendieron sus labores por los próximos 90 días, que es el tiempo que tomarán para examinar si se reactiva la financiación internacional para el desarrollo.
La suspensión ha tenido un impacto significativo en la población beneficiaria, afectando el acceso a servicios esenciales y limitando las oportunidades de integración para inmigrantes venezolanos y comunidades de acogida.
Como es el caso de Edith Montes, una líder comunitaria de los barrios La Esperanza y Simón Bolívar, ella como muchos colombianos retornados, llegaron a Puerto Carreño en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sus hijos son nacionales venezolanos. Y desde que habita en Puerto Carreño se ha dedicado a buscar la manera de ayudar con la asistencia comunitaria a las personas que residen en el municipio.
Ella se encontraba focalizada, con más de 300 personas, para recibir un beneficio que correspondía a un auxilio económico temporal, entregado por la Pastoral Social, para apoyar en temas de vivienda y arriendo. Le ha afectado mucho porque contaba con recibir eso para el arriendo mensual. Ya no cuenta con ese dinero. “Ahora debo trabajar más para conseguirlo y más con la situación de cómo está el pueblo”, dijo.
Además, ella tuvo la oportunidad de ser usuario de la atención médica de Americares. “Le daban los medicamentos a uno, y llevaban controles. Lo único es que si tenía EPS lo atendía una sola al año, pero le cubría los medicamentos. Los que no tenía EPS podían ir las veces que fuera necesario y los atendían”, explicó Montes.
Construyendo Puentes Hacia la Integración, de Pastoral Social, ya había iniciado con las capacitaciones correspondientes para el apoyo de pequeños emprendedores del municipio para potencializar sus negocios, esto contaba con un presupuesto para cada uno de los 20 emprendedores y charlas pedagógicas de educación financiera como parte de la atención.
La suspensión de la asistencia humanitaria impactó en las más de mil personas que accedían a los proyectos, que es la población más vulnerable acentuada en el municipio de Puerto Carreño, exacerbando su situación y limitando su acceso a necesidades básicas.
El impacto económico
No solo nos referimos a dejar de percibir recursos para la atención humanitaria en el territorio, sino que consigo traía plazas de empleos para personal local o colombiano para desarrollar las actividades, más de 30 empleos de manera directa se dejaron de contratar solo en Puerto Carreño.
Sumado al intercambio económico, puesto que dentro del municipio se adquirían los insumos necesarios para la atención migratoria, como medicamentos, productos de aseo, alimentos, entre otros, que también se adquirían de manera directa con el operador, además de que para la operación de los programas es necesario unos gastos en arriendo (sede de funcionamiento), servicios públicos, transporte, logística y la compra de insumos mobiliarios.
Son recursos millonarios que dejarán de impactar la economía local y que por el contrario puede desencadenar unas problemáticas sociales que se estaban solventando con la atención oportuna de los programas. Teniendo en cuenta que hace un tiempo dejó de operar en el Departamento la Organización Internacional para Migrantes, El Consejo Noruego para los Refugiados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros cooperantes que su función principal es la atención migratoria.
“La migración funciona como un agente impulsor del desarrollo y estos estudios brindan evidencia empírica que fundamenta tal aseveración y demuestran de qué manera la migración puede promover el crecimiento de la fuerza social y económica en los países de acogida”, dijo Diego Beltrán, Enviado Especial de la OIM para la respuesta regional a los flujos de migrantes y refugiados venezolanos.