Dos años más de plazo para luchar contra la apátrida en Colombia
Foto: imagen de referencia. Archivo EL MORICHAL
En aras de garantizar la identificación, y por ende el acceso básico a derechos inalienables de todo ser humano, la Registraduría colombiana prorrogó hasta el 2023 las acciones para el reconocimiento pleno como colombianos a los menores nacidos en este territorio entre 2015 y 2023, cuyos padres sean venezolanos.
Así lo confirma la resolución 8617 de 2021, que modificó parcialmente la disposición 8470 del 05 de agosto 2019, y prorroga su vigencia hasta el 2023. Esta disposición incorporó nuevas figuras, como: la autorización de “la autoridad Indígena”, como documento antecedente para la expedición del registro civil de nacimiento, y el acto administrativo del defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En relación a lo anterior, el mandato prevé el reconocimiento de los menores nacidos en territorio colombiano, hijos de venezolanos pertenecientes a resguardos indígenas y con flexibilidad de requisitos para esta población, que se considera vulnerables y que, a la fecha, según el Ministerio del Interior, por su cultura y condición especial, no han podido acreditar los requisitos y se encuentran en riesgo de apátrida.
Para el caso de la autorización indígena como documento que antecede al registro civil de nacimiento, la norma explica que, “se tendrá como autoridad indígena el colombiano que haya sido elegido por los miembros de la respectiva comunidad asentada en el territorio nacional, entendiéndose que lo manifestado en el escrito corresponde a la verdad”, como declaración de buena fe sobre el nacimiento.
Con relación a la nacionalidad de los padres, será corroborada con alguno de los siguientes documentos: cédula venezolana vigente o vencida, pasaporte expedido en Venezuela vigente o vencido, cédula de extranjería vigente o vencida, Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente o vencido, y Permiso por Protección Temporal (PPT).
Una oportunidad
El posible riesgo de apatridia lo viven muchos niños y niñas en Puerto Carreño. En abril de este año EL MORICHAL conoció las impresiones de la personería municipal Norby Segura, quien comentó sobre las barreras tecnológicas, la falta de información oportuna por parte de las autoridades competentes y la dificulta que enfrentan las mujeres que dan a luz por fuera de los hospitales o los centros de salud, para acceder al derecho a registro e identificación.
“Las mujeres venezolanas que dan a luz por fuera de los hospitales o los centros de salud, es decir, en las fincas, asentamientos indígenas, veredas y resguardos padecen muchas barreras”, precisó Segura en su momento. Son hijos de padres venezolanos que nacen con la ayuda de parteras, y por el simple hecho de no haber nacido en el hospital, les colocan la barrera y no los registran”.
Asimismo, se conoció la historia de Marilys Uribe, joven mujer venezolana, que hace unos meses atrás, dijo a EL MORICHAL que, “mi hija no tiene nacionalidad por ahora, ella nació en diciembre de 2018 en la casa, yo vivo en una invasión, en el hospital no me dieron certificado y no he podido presentar ante la Registraduría a mi hija como ciudadana colombiana, ya no sé qué hacer”.
Al igual que, Kerlys Montoya, otra madre venezolana que vive en Puerto Carreño desde hace más de un año y tuvo un parto natural en una finca, a las afueras de la capital vichadense, expresó la odisea y angustia porque no ha tenido acceso al registro y plena identidad de su niña.
“No le he podido sacar la partida de nacimiento porque me han dicho que es difícil. La niña se me enfermado y he tenido problemas en el hospital, no me lo cubre el área de pediatría”, aseguró.