Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana de Inminencia por riesgo extremo para cinco pueblos indígenas en el Guainía
Foto: Archivo particular
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió el pasado 6 de marzo la Alerta Temprana de Inminencia N° 008-2026, en la que califica como extremo el nivel de riesgo para la población civil en cinco resguardos indígenas del departamento del Guainía. El documento, firmado por la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, advierte sobre graves amenazas a los derechos colectivos de los pueblos curripaco, yeral, baniwa, sikuani y puinave, asentados en territorio transfronterizo con Venezuela, en el municipio de Inírida y en las Áreas No Municipalizadas (ANM) de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual.
La alerta identifica dos factores de riesgo concurrentes. El primero es la confrontación armada entre el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia y el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, que se desarrolla en el corredor fronterizo colombo-venezolano, específicamente en el litoral del río Negro y en los linderos del resguardo indígena Medio y Bajo Guainía. El segundo es la estrategia del ELN orientada a consolidar el control territorial en las ANM de Puerto Colombia y Cacahual, lo que se traduce en restricciones a la movilidad, control social y afectaciones a la autonomía comunitaria de las poblaciones indígenas.
La Defensoría señala que esta ruptura de la coexistencia armada fue advertida desde la Alerta Temprana 056-2019, reiterada en 2023, pero que la respuesta institucional no fue suficiente. Los enfrentamientos se materializaron entre agosto y septiembre de 2025 y desde entonces la situación no ha dejado de deteriorarse.
El documento reconstruye una secuencia de eventos que permite dimensionar la magnitud de la crisis. El 5 de agosto de 2025, un comerciante de Puerto Colombia fue asesinado. En las dos semanas siguientes a los primeros enfrentamientos, aproximadamente 2.300 personas —entre comunidades indígenas y el casco urbano del corregimiento de Puerto Colombia— quedaron confinadas. Entre el 3 y el 15 de agosto, las ANM reportaron desabastecimiento de alimentos. El ELN robó los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la zona disputada, hecho que se repitió en noviembre de 2025.
El 1 de septiembre, un cuerpo sin vida apareció en aguas internacionales frente a San Felipe. Entre el 6 de agosto y el 22 de septiembre, el ELN amenazó a población indígena acusada de colaborar con la Segunda Marquetalia, señalando principalmente a motoristas y transportadores fluviales que en algún momento tuvieron contacto con alguno de los grupos armados. El 15 de octubre se conoció que Venezuela decidió militarizar su frontera con Colombia en las zonas en disputa.
En una misión de verificación realizada entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 2025, el equipo en terreno de la Defensoría confirmó el confinamiento parcial y la imposición de control social. En la madrugada del 2 de noviembre, los verificadores atestiguaron el cargue y descargue de armamento y la presencia de personal armado en el ANM de Puerto Colombia. El 29 y 30 de noviembre, el ELN convocó a comerciantes de la zona a una reunión que derivó en la retención de una comerciante, quien fue liberada días después. El 1 de enero de 2026 se registró un homicidio y la desaparición de dos personas en Puerto Colombia.
Un territorio sin Estado efectivo
El Guainía tiene 453 kilómetros de frontera internacional, cerca de 1.600 kilómetros de ríos navegables y el 98,77% de su extensión corresponde a áreas forestales y de sabana. Según la Defensoría, estas condiciones geográficas han representado desde 1991 un desafío estructural para la presencia y el control del Estado, y han sido capitalizadas por los grupos armados organizados para convertir el territorio en zona de refugio, centro logístico y fuente de rentas criminales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal de oro y coltán, y la extorsión a comerciantes y transportadores fluviales.
La contaminación por mercurio derivada de la minería ilegal en los ríos Atabapo, Inírida, Guainía y Negro representa, además, un riesgo de salud pública documentado, con niveles de exposición que superan los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
La población en riesgo directo supera las 11.000 personas en las áreas no municipalizadas, según proyecciones del DANE al año 2025. En el municipio de Inírida la cifra llega a 37.917 habitantes. En las ANM priorizadas, la proporción de población indígena oscila entre el 78,4% y el 97%.
Uno de los hallazgos centrales de la alerta es que la presencia del ELN en el territorio no se limita a operaciones militares, sino que constituye un ejercicio permanente de control social: impone horarios de circulación, restringe la movilidad fluvial, regula las actividades de pesca y caza, prohíbe la interacción de las comunidades con entidades del Estado y sanciona a quienes son percibidos como colaboradores de grupos rivales. Esta dinámica la describe el Sistema de Alertas Tempranas como un escenario de «sustitución funcional del Estado».
El ELN también ha intervenido en procesos de consulta previa asociados a proyectos de bonos de carbono (Proyectos REDD+), sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, lo que la Defensoría identifica como un riesgo de despojo territorial y fractura del tejido comunitario.
Niños, mujeres y personal médico: los más expuestos
La alerta dedica un apartado específico a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. En el caso de niñas, niños y adolescentes, advierte sobre el uso de instalaciones escolares por parte del ELN, la apropiación de los alimentos del PAE, y el riesgo de reclutamiento forzado, adoctrinamiento y vinculación progresiva a las estructuras armadas. Para pueblos indígenas, esta amenaza compromete la transmisión cultural y la permanencia territorial de manera directa.
En Puerto Colombia y La Guadalupe, el documento constata la ausencia total de personal médico, la falta de infraestructura sanitaria, la inoperancia de la telemedicina y la inexistencia de rutas de atención de urgencias. El personal de salud que llega al territorio enfrenta presiones del ELN para atender a integrantes del grupo armado y autocensura por temor a represalias. La Defensoría advierte que esta situación genera un riesgo real de mortalidad por causas prevenibles.
Para las mujeres indígenas, el control armado ha limitado su participación en espacios de decisión comunitaria, ha restringido prácticas culturales como el mantenimiento del conuco y la recolección de plantas medicinales, y ha debilitado el liderazgo femenino en los resguardos. La alerta también señala que la población indígena con orientaciones sexuales e identidades de género enfrenta riesgos de humillación, exclusión y expulsión promovidos directa o indirectamente por los grupos armados.
La Defensoría advierte que, de no adoptarse medidas preventivas urgentes, el escenario podría encuadrarse dentro de los factores de riesgo de exterminio étnico y cultural identificados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Las restricciones a la movilidad fluvial afectan el acceso a zonas de pesca, caza y cultivo que estructuran la economía y la cultura de los pueblos indígenas, lo que podría generar dependencia de economías externas o ilícitas y erosionar la autonomía alimentaria de comunidades enteras.
La vulnerabilidad se agrava por el carácter transfronterizo de varios de estos pueblos. Los curripaco y yeral, por ejemplo, tienen presencia en Colombia, Venezuela y Brasil, y su movilidad ancestral a través de los ríos Atabapo y Guainía-Negro es indispensable para mantener sus redes familiares y comunitarias. En Venezuela, ese mismo territorio no cuenta con garantías estatales suficientes para protegerlos.
Once recomendaciones al Gobierno Nacional
La alerta formula once recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, con implementación de carácter inmediato y permanente. Entre las principales: al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, articular la respuesta rápida interinstitucional; al Ministerio de Defensa, reforzar la presencia, movilidad y dispositivos de control de la Fuerza Pública con enfoque étnico; a la Unidad para las Víctimas, activar los planes de contingencia ante el riesgo de desplazamiento masivo; a la Fiscalía General, fortalecer las capacidades investigativas y adaptar las rutas de denuncia con pertinencia cultural; y a la Gobernación del Guainía, adecuar los albergues temporales con enfoque diferencial.
La Defensoría exhortó a las entidades concernidas a no utilizar la alerta como justificación pública de acciones militares, capturas o incautaciones, y a reportar sus planes de acción directamente a la entidad en los canales establecidos.