Defensoría del Pueblo alerta por colapso del sistema de salud en Guainía

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el estado crítico del sistema de salud en Guainía durante una mesa de trabajo realizada en Inírida, liderada por la Defensora Iris Marín Ortiz con autoridades nacionales y territoriales del sector. Los datos presentados revelan un deterioro sostenido en el acceso a servicios médicos en uno de los departamentos más apartados del país.

Según la Defensoría, las quejas en salud aumentaron un 31 % entre 2024 y 2025, los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud se dispararon un 45 %, y entre enero de 2025 y febrero de 2026 se interpusieron 217 tutelas —cuatro de cada diez, por la falta de transporte y viáticos para acceder a atención médica fuera del departamento.

El problema más extendido, sin embargo, es la falla en la entrega de medicamentos. Según una encuesta aplicada por la propia Defensoría en abril, el 82,9 % de los usuarios consultados —39 de 47 personas— reportó no haber recibido sus tratamientos a tiempo por falta de dispensación en los puntos de atención.

La fragilidad del sistema en Guainía se explica, en parte, por una particularidad estructural: cerca del 99 % de la población afiliada al régimen subsidiado depende exclusivamente de Nueva EPS, que opera en el marco del modelo MIAS. El porcentaje restante pertenece al magisterio, cuya aseguradora —Fiduprevisora— enfrenta dificultades similares. Esta concentración extrema deja a los habitantes sin alternativas cuando el servicio falla.

A eso se suma, dice la Defensoría, la inestabilidad institucional derivada de los cambios en los interventores de la EPS y en la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud, que según los participantes de la mesa ha revertido avances logrados durante el Plan de Mejoramiento Urgente ejecutado en 2025.

El organismo formuló tres llamados urgentes a las autoridades: garantizar la entrega de medicamentos en 12 puestos de salud en zonas apartadas —y ampliar a 6 más en los próximos meses—; estabilizar de forma inmediata la red de servicios a cargo de Nueva EPS; y priorizar las reuniones convocadas con la Superintendencia y los organismos de control para adoptar medidas concretas en los territorios donde esta EPS opera como asegurador casi único.

La Defensoría calificó la situación como crítica y advirtió que la percepción de abandono institucional entre la ciudadanía guainiana se ha profundizado ante la falta de respuestas efectivas.