Defensoría del Pueblo advierte inminente escalada del conflicto armado en Vichada
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 015 de 2025 para el departamento del Vichada, con el propósito de advertir graves riesgos de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La alerta focaliza los cuatro municipios del departamento: Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde se ha identificado un aumento de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC-EP conocida como Segunda Marquetalia (SM).
Ruptura de alianzas y escalada del conflicto
De acuerdo con el documento, el riesgo inminente surge de los enfrentamientos en territorio transfronterizo entre el Frente 53 “Édison Romaña” de la Segunda Marquetalia y el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN.
La ruptura de la alianza que ambas estructuras mantuvieron durante dos años, ocurrida el 3 de agosto de 2025, detonó una disputa por el control de las rutas ilícitas de narcotráfico y explotación minera —especialmente de oro y coltán—, lo que ha derivado en una escalada de violencia letal sobre las comunidades fronterizas.
La Defensoría advierte que el conflicto ha sumado nuevas prácticas de violencia letal a las ya existentes formas de coerción y control social, con riesgos de confinamientos y desplazamientos masivos transfronterizos, particularmente en Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño.
Además, se ha documentado la instrumentalización de la población civil en tareas de apoyo logístico, así como la posible utilización de drones con explosivos en las operaciones armadas.
Riesgo de expansión con nuevos actores
El organismo de control alertó sobre la posibilidad de que otros grupos armados ilegales se sumen a la confrontación, lo que agravaría la crisis humanitaria en el territorio. Entre ellos figuran el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) —de la línea de alias Iván Mordisco—, con su Frente Primero; el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac); y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su subestructura Gonzalo Oquendo Urrego.
La entrada de estos actores podría profundizar las afectaciones a los derechos humanos y recrudecer el conflicto armado en la región.
Focalización de los peligros por municipio
En Puerto Carreño, el riesgo abarca la zona urbana, las inspecciones La Venturosa, Puerto Murillo, Aceitico, Cazuarito y Garcitas, así como resguardos indígenas como La Mayera, Kanalitojo, Caño Bachaco, Guacamayas Maipore, Caño Mesetas Dagua, La Hormiga, Caño Guaripa, Wazapana Dagua y Cachicamo. También están en alerta las comunidades Morichalito Matsuldani, Piedra Tónica, Tuteque Roncador y San Antonio, y los sectores La Seiba y Santa María del Parque Nacional El Tuparro.
En La Primavera, la ATI advierte peligro para el casco urbano, la inspección Nueva Antioquia, las comunidades Caracol, La Reforma y Laguna Grande, y los resguardos Yajota, Campo Alegre y Ripialito.
En Cumaribo, la alerta cubre la zona urbana, las inspecciones Santa Rita, Puerto Nariño, Amanavén, Tres Matas y El Viento, además de nueve comunidades rurales y los resguardos Selva de Matavén —donde habitan pueblos Cubeo, Curripaco, Piapoco y Piaroa— y Egua Guariacana.
En Santa Rosalía, el riesgo se concentra en el casco urbano, las inspecciones Guacacias y Flor Amarillo, y los resguardos indígenas Sáliba de Santa Rosalía, Morocoto Buenavista y Guacamayas Mamiyare.
Llamado urgente a las autoridades
Frente al escenario de inminencia, la Defensoría del Pueblo exhorta al Estado colombiano a actuar con urgencia y bajo un enfoque de seguridad humana. El llamado principal está dirigido al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para que lideren las acciones de prevención y coordinación institucional.
También se solicita la intervención inmediata de los ministerios de Defensa y de Minas y Energía, junto con la Gobernación del Vichada, las alcaldías de los cuatro municipios focalizados, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades.
La ATI 015 de 2025 formula 18 recomendaciones específicas orientadas a proteger a las comunidades en riesgo, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, comunidades étnicas, lideresas y líderes sociales, personas firmantes del Acuerdo de Paz y población migrante.
“La situación en la frontera del Vichada exige una respuesta integral y coordinada del Estado —concluye la Defensoría— para evitar una nueva escalada de violencia en uno de los territorios más frágiles y olvidados del país.”