Contraloría alerta sobre grave situación de la primera infancia indígena en Guainía y Vichada
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En el marco del foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre la crítica situación que enfrentan los niños y niñas indígenas en Colombia, especialmente en Guainía, Vichada, Amazonas, Arauca, Guaviare, Vaupés, y Putumayo, donde las brechas sociales y la falta de atención estatal continúan afectando su desarrollo integral.
Según la Contraloría General de la República (CGR), la niñez indígena presenta tasas de mortalidad por desnutrición entre tres y cuatro veces superiores al promedio nacional, una cifra que refleja las profundas desigualdades estructurales que viven los pueblos originarios, particularmente en la primera infancia.
El organismo de control, a través de la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó la oferta de servicios de atención integral dirigida a la primera infancia indígena en pueblos declarados en riesgo de extinción, correspondiente a las vigencias 2023 y 2024. El estudio buscó determinar la eficacia y pertinencia de las acciones estatales para garantizar los derechos de esta población.
El diagnóstico más reciente, realizado en 2024 sobre la política pública para niños, niñas y adolescentes, reveló que los departamentos de Guainía y Vichada —junto con Amazonas, Arauca, Guaviare, Vaupés y Putumayo— registran los peores desempeños en la garantía de derechos de la niñez indígena, coincidiendo con las zonas de mayor presencia de comunidades ancestrales.
La falta de información actualizada agrava el panorama. El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE 2018 reportó 250.328 niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales 205.328 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. No obstante, el DANE no cuenta con proyecciones recientes, y los censos del Ministerio del Interior están incompletos, lo que impide tener una dimensión real de la situación y dificulta la formulación de políticas públicas efectivas.
“Aunque se han realizado esfuerzos importantes, persisten dificultades y deficiencias significativas para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos”, señaló el contralor Rodríguez Becerra.
Ante este panorama, la Contraloría llamó al Gobierno Nacional y a los representantes de los pueblos indígenas a establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes que permitan medir los efectos de los modelos de atención propia y estatal.
“Es necesario que el DAPRE refuerce su rol como ente articulador para garantizar derechos y cerrar las brechas que afectan a la primera infancia indígena”, enfatizó Rodríguez Becerra.
En territorios como Guainía y Vichada, donde la distancia, el abandono y la falta de infraestructura limitan el acceso a servicios básicos, el llamado de la Contraloría se convierte en una advertencia urgente: sin acciones sostenidas y articuladas, la primera infancia indígena seguirá siendo la más golpeada por la indiferencia institucional.