Agua potable y saneamiento básico: la llave para cambiar la vida de la Orinoquía y la Amazonía
Por Yidis Gahona*
Hablar de agua potable y saneamiento básico en territorios como Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare, Vichada, Meta y Casanare no es simplemente hablar de tuberías, tanques o instalaciones sanitarias. Es hablar de dignidad, de vida, de cerrar brechas históricas que afectan especialmente a comunidades indígenas y rurales. Por eso, tener una reunión desde la Consejería Presidencial para las Regiones con el Ministerio de Vivienda, a través de los viceministerios de Saneamiento y Agua Potable y de Vivienda, no fue un encuentro protocolario más, sino un acercamiento clave para aterrizar prioridades y construir un camino claro para esta región.
Este encuentro realizado en Bogotá, durante la primera mitad de junio, marca un diálogo continuo en el que abordamos temas estratégicos para la Orinoquía y la Amazonía: la necesidad de garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, de mejorar la calidad de las viviendas, de responder al reto de la desnutrición —íntimamente ligada a la calidad del agua que consumen las comunidades—, y de garantizar que esta agenda sea un componente central en la formulación de planes de ordenamiento territorial para estas regiones.
También dialogamos sobre iniciativas claves para transformar realidades locales, como la estrategia de Barrios de Paz, una apuesta integral para intervenir en comunidades donde la vulnerabilidad social y la ausencia de servicios básicos afectan la convivencia y el progreso de la población. Nos presentaron proyectos estratégicos que desarrolla el Ministerio de Vivienda, y aunque estamos a la espera de recibir detalles técnicos para aterrizarlos en cada departamento, esta primera aproximación marca un rumbo para garantizar que la oferta estatal realmente alcance a las comunidades que más lo necesitan.
La importancia de esta agenda para la Orinoquía y la Amazonía es innegable. Hablamos de territorios donde la cobertura de acueductos y alcantarillados sigue siendo precaria, donde comunidades indígenas han tenido que adaptarse a vivir al margen de servicios básicos. Por ejemplo, en Vichada la cobertura de energía es baja y la crisis financiera de Electrovichada refleja una dura realidad: sin servicios básicos estables, no hay posibilidades de garantizar otros derechos. El acceso al agua potable falla estructuralmente en la misma capital, lo cual impide que las personas tengan un mínimo vital.
Sin embargo, en otras partes de la región, estamos comenzando a ver cambios significativos que deben convertirse en modelos para otros territorios. El Sistema de Captación de Aguas Lluvias (SCALL) entregado en la comunidad indígena de Puerto Valencia, en Vaupés, es un claro ejemplo de lo que significa garantizar derechos básicos para comunidades históricamente excluidas. Gracias a esta inversión estatal, 100% asumida por la Nación, ahora esta comunidad indígena tiene acceso a un sistema de captación, filtración y almacenamiento de aguas lluvias, con energía solar para garantizar la operación sostenible. El impacto es claro en lo humano: familias que antes debían exponerse a diversos peligros en medio de la selva o a la orilla de los ríos para obtener agua, ahora la reciben en la puerta de su hogar.
También en Guainía estamos dando un paso significativo con la construcción del acueducto rural para la comunidad indígena de Chorrobocón. La experiencia de Carolina, una mujer indígena que antes cargaba agua para su familia, refleja la importancia de este logro: “La calidad de vida de nosotras las mujeres va a mejorar. Ya no vamos a bajar al río a cargar el agua, sino que vamos a tener una llave en la casita y de ahí vamos a tener el agua para el consumo”. Esto no es solo un logro de infraestructura; es un logro social que transforma la vida de comunidades enteras.
La experiencia en estos territorios muestra que sí es posible garantizar derechos básicos donde antes solo había promesas incumplidas. Ahora, junto al Ministerio de Vivienda, estamos construyendo un mapa claro para replicar estos éxitos en otras comunidades. Se trata de garantizar que la oferta estatal no solo llegue, sino que genere un impacto sostenible para garantizar agua potable, saneamiento básico y viviendas dignas para todas y todos.
En este camino, la Consejería Presidencial para las Regiones asume un rol vital: garantizar que esta agenda no se diluya, acompañar a los actores locales para que cada proyecto alcance su máximo potencial, y garantizar que la oferta estatal respete la autonomía y la cosmovisión de cada comunidad indígena. Porque transformar la Orinoquía y la Amazonía no solo requiere recursos y proyectos, sino también construir confianza para que comunidades e instituciones trabajen de la mano.
La deuda histórica sigue presente, pero estamos frente a una oportunidad única para saldarla. El Gobierno del Cambio tiene la voluntad de convertirla en realidad, y nosotros estamos comprometidos para garantizar que, esta vez, la promesa de agua potable, saneamiento básico y vivienda digna sea un hecho para todas y todos.
*Coordinador de la Región Suroriente de la Consejería Presidencial para las Regiones.