Fiscalía compulsó copias contra el gobernador Fulberto Guevara y el exgobernador Álvaro León por presunto desfalco a dineros de regalías
La Fiscalía General de la Nación anunció este 4 de agosto de 2026 que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores para que se establezca su eventual responsabilidad en un presunto esquema de corrupción que habría permitido el direccionamiento de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de tres billones de pesos en 19 departamentos del país.
Dos de los siete son de Vichada: Fulberto Guevara, gobernador en ejercicio, y Álvaro León Flórez, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023. Los otros cinco son Óscar Enrique Sánchez, gobernador de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Ferney López Martínez, gobernador de Guaviare; y Rafael Alejandro Martínez, exgobernador de Magdalena.
El anuncio se hizo en rueda de prensa, un día después de que la Fiscalía confirmara la captura de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio por su presunta participación en la red.
De acuerdo con el ente investigador, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con regalías.
Los proyectos comprometidos corresponden a infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, medio ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros sectores.
Según la Fiscalía, el Fondo Mixto habría adoptado un manual de contratación propio mediante el cual adjudicaba contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos. Los contratos, sostiene la investigación, se habrían direccionado mediante procedimientos irregulares soportados en documentos, actas y registros falsos que habrían inducido a error a distintas autoridades y permitido evadir los controles de la contratación pública.
Blu Radio informó que, según la investigación, la pérdida de recursos analizada en el expediente equivaldría al monto requerido para construir cerca de 40.000 viviendas de interés social.
A los 13 capturados el 3 de agosto —entre ellos el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González; un exalcalde de La Paz (Cesar); un contratista; y exrepresentantes legales, exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada— la Fiscalía anunció que les imputará concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
El antecedente de los dos señalados
Álvaro Arley León Flórez fue destituido e inhabilitado por ocho años por la Procuraduría General de la Nación en 2023 —decisión confirmada en segunda instancia el 23 de octubre de ese año— por haber suscrito en abril de 2020 un contrato de suministro de alimentos para población vulnerable, por 1.714 millones de pesos, con un contratista que estaba inhabilitado por haber aportado a su campaña electoral por encima del tope legal. El órgano de control calificó la conducta como falta gravísima a título de culpa gravísima.
Fulberto Guevara llegó a la Gobernación con el aval de la Alianza Verde y el respaldo del Partido Liberal, ASI, MAIS y Colombia Humana, tras obtener 14.598 votos en el escrutinio departamental. Antes de ser elegido construyó una trayectoria como contratista: entre 2012 y 2021 recibió contratos por 39.316 millones de pesos provenientes de la Gobernación del Vichada y la Alcaldía de Cumaribo, según información obtenida por EL MORICHAL a través de derechos de petición.