[Opinión] El catastro no es el enemigo: verdades incómodas sobre la actualización predial

Por: Cesar Mora*

En las últimas semanas, el incremento del impuesto predial en más de 540 municipios del país ha encendido las alarmas de la opinión pública. Como era de esperarse, han aparecido los responsables de siempre: el gobierno nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se han convertido en el blanco perfecto de críticas que, aunque comprensibles desde la frustración ciudadana, carecen de sustento técnico y normativo. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y aclarar, de una vez por todas, qué implica realmente la actualización catastral y quién decide, en últimas, lo que pagamos los contribuyentes.

Para entender el fenómeno, partamos de una premisa fundamental: el catastro no es un recaudador de impuestos. Es, ante todo, el inventario oficial de los bienes inmuebles del país. Así lo define la Resolución 1040 de 2023: un censo predial que debe estar actualizado y clasificado con criterios técnicos y objetivos para lograr su identificación física, jurídica y económica. En otras palabras, el IGAC se limita a reflejar la realidad; no la crea, no la inventa, no la exagera.

Lo que pocos han contado es que esta actualización, lejos de ser un capricho burocrático, constituye un mandato explícito del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado entre las extintas FARC y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, específicamente en su punto 1, que concibe el catastro multipropósito como herramienta para conocer, de una vez por todas, qué predios existen, quiénes los ocupan y qué uso se les da. No es poca cosa en un país donde la informalidad y el desorden territorial han sido la regla durante décadas.

¿Qué es y qué no es el catastro multipropósito?

Conviene detenerse en los alcances de esta política pública, pues circulan desinformaciones que siembran temor infundado. El catastro multipropósito no constituye prueba de propiedad ni sanea vicios de titularidad. Tampoco pone en riesgo los derechos adquiridos sobre la tierra, ni excede la realidad del mercado inmobiliario local. Lo que sí hace es actualizar información sobre linderos, forma, ubicación y colindantes; aportar insumos para los planes de ordenamiento territorial; generar cultura de formalidad; y fortalecer las finanzas municipales con información confiable.

Es, en esencia, un instrumento de justicia social. Y aquí conviene hacer énfasis en un aspecto que suele omitirse: la política catastral incorpora enfoques de género, étnico y campesino, reconocidos mediante la Resolución Transitoria 338 de 2023 y el Acto Legislativo 01 de 2023. Esto significa, en términos prácticos, que la actualización permite identificar brechas en la tenencia de la tierra, proteger los derechos colectivos de comunidades étnicas y reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Difícilmente puede tildarse de insensible una política con tales componentes.

El espejismo del impuesto “impuesto”

Volvamos al meollo del debate. La ciudadanía recibe un recibo de predial más alto y busca un culpable. El IGAC, visible en el territorio durante los procesos de actualización, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Sin embargo, la ley es clara: el IGAC actualiza avalúos; los concejos municipales fijan tarifas. La autonomía territorial consagrada en la Constitución faculta a alcaldes y concejales para decidir si aplican tarifas progresivas, si otorgan exclusiones, si establecen períodos de transición o si conceden descuentos por pronto pago.

Dicho de otro modo: cuando un municipio recibe los nuevos avalúos, tiene en sus manos la posibilidad de implementar “amortiguadores fiscales”. Puede aplicar el sesenta por ciento del avalúo comercial —el mínimo legal—, establecer topes progresivos, limitar el aumento para estratos 1 y 2 al IPC, o diseñar esquemas de gradualidad que impidan incrementos abruptos. Si nada de esto ocurre, la responsabilidad no está en Bogotá, sino en el concejo municipal y en el alcalde que omitieron ejercer las herramientas que la ley les otorga.

La verdad incómoda de la desactualización

Detrás de los aumentos repentinos subyace un problema estructural: el abandono histórico de la gestión catastral por parte de los municipios. No es normal —ni justo— que un predio haya permanecido con el mismo avalúo durante veinte o treinta años, mientras el territorio se transformaba, las vías mejoraban, los servicios se expandían y el mercado inmobiliario se dinamizaba. La imagen que acompaña esta reflexión es elocuente: comparar fotografías satelitales de un mismo municipio entre 2006 y 2021 revela transformaciones profundas que el catastro desactualizado simplemente ignoraba.

Cuando un predio pasa de dieciséis millones a doscientos sesenta millones de pesos, no es el IGAC inflando valores a su antojo: es la corrección de una distorsión insostenible. Lo que resulta cuestionable no es la actualización, sino que hayamos normalizado durante décadas un sistema donde predios similares pagaban montos radicalmente distintos, donde la propiedad inmobiliaria no reflejaba su realidad económica y donde los municipios renunciaban a recursos legítimos para financiar infraestructura, educación, salud y saneamiento básico.

Exigencia ciudadana bien dirigida

La ciudadanía tiene derecho a inconformarse cuando el bolsillo se resiente. Pero tiene también el deber de dirigir bien su inconformismo. En lugar de satanizar al gobierno nacional o al IGAC por cumplir la ley, exijamos al alcalde y el concejo municipal:

Primero, que comuniquen pedagógicamente las razones de la actualización y su reflejo en el recibo del predial. Segundo, que diseñen esquemas de gradualidad que impidan incrementos abruptos. Tercero, que inviertan eficientemente los mayores recursos, demostrando que el impuesto se traduce en bienestar colectivo. Cuarto, que revisen con agilidad las reclamaciones ciudadanas cuando existan errores, como incrementos superiores al cien por ciento respecto del año anterior.

El IGAC no aumenta impuestos; actualiza realidades. La responsabilidad de cómo esa realidad se traduce en tributación es, y seguirá siendo, una decisión política en cabeza de las autoridades locales. Ellas son quienes deben equilibrar la necesidad fiscal con la capacidad de pago de sus gobernados. Ellas son quienes, llegado el caso, deberán responder ante la historia por haber convertido —o no— la actualización catastral en una oportunidad de desarrollo y no en un motivo más de descontento.

El catastro no es el enemigo. Es, bien utilizado, el mejor aliado de municipios más justos, equitativos y prósperos. Aprendamos a distinguir entre quien retrata la realidad y quien decide cómo cobrarla.

*Cesar Mora es Sociólogo egresado de la Universidad de Caldas, Especialista en Gerencia de Proyectos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente cursa la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social Aplicada en la Universidad Internacional de la Rioja. Su trayectoria profesional se orienta hacia la investigación social aplicada, la formulación y ejecución de proyectos de intervención con comunidades indígenas amazónicas, y la formulación e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial.