[Opinión] Ley 30: un derecho tejido por la juventud colombiana
Por Yidis Gahona
Han pasado más de diez años desde aquellas marchas estudiantiles que, con argumentos y organización, detuvieron una reforma regresiva a la educación superior. Entonces, desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE, caminábamos las sedes de la Universidad Nacional convencidos de que el país debía garantizar una financiación estable, suficiente y desligada de coyunturas políticas. Aquella lucha, que para muchos fue solo un episodio juvenil, sembró un precedente: la universidad pública es un derecho y su sostenibilidad es una responsabilidad estatal.
Tras la aprobación en el Congreso de la República de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el pasado 15 de diciembre, ese principio queda plasmado en la normatividad que regirá la educación superior pública en Colombia. La modificación elimina el IPC como único referente para el incremento presupuestal y establece el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Era una deuda histórica: durante tres décadas, el sistema recibió incrementos por debajo del crecimiento real de la matrícula, de los laboratorios, de la cualificación docente y de la investigación. Esa asimetría produjo un déficit que supera los 20 billones de pesos.
Que el presupuesto se calcule con base en los costos reales, y no en una canasta ajena al funcionamiento educativo, es un cambio estructural. Además, incorpora a las instituciones técnicas y tecnológicas al presupuesto nacional y crea bases presupuestales estables. A partir de 2026 el sistema recibirá recursos adicionales que apuntan a cerrar brechas, ampliar cobertura, fortalecer la planta docente e impulsar la regionalización. Las universidades dejarán de depender de la voluntad política de turno para sostenerse.
Como joven que salió del Vichada a estudiar gracias a programas de admisión especial como PEAMA, conozco lo que significa que la universidad pública cuente con recursos. Para muchos, fue la única vía para acceder a educación superior. Pero también sé que para la mayoría de los jóvenes en la Orinoquia ese acceso sigue siendo esquivo. Por eso esta reforma no es solo un debate técnico: es la posibilidad de que los territorios más alejados tengan sedes fortalecidas, infraestructura digna, bienestar, investigación y programas pertinentes.
En mis columnas de años anteriores insistí en que la universidad pública debe ampliar trayectorias educativas completas: acceso, permanencia y graduación. También planteé que Vichada necesita una política pública de educación superior que permita que nuestros jóvenes no tengan que abandonar sus comunidades para formarse. Esta reforma abre una puerta: los nuevos recursos deberán llegar a territorios como el nuestro, donde apenas el 29 % de los bachilleres pueden matricularse en la universidad.
Hace más de una década gritábamos en las calles que “la educación es un derecho”. Hoy ese grito se transforma en norma. Aquella movilización estudiantil, la misma que algunos desestimaron, aportó en la construcción de este logro. Como exrepresentante estudiantil, como profesional formado en la universidad pública y como vichadense comprometido con la ampliación de oportunidades, celebro este avance, pero mantengo la convicción de que el reto mayor está en materializarlo en el territorio.
La reforma a la Ley 30 no resolverá por sí sola la inequidad regional, pero sienta las bases para reducirla. Ahora corresponde trabajar para que Juanito, y los cientos de jóvenes que cada año se gradúan en el Vichada, encuentren en la universidad pública un camino posible. Ese debe ser nuestro compromiso: que la educación deje de ser un privilegio y sea, por fin, un derecho real en cada región del país.