Defensoría del Pueblo alerta sobre graves vulneraciones de derechos en comunidades indígenas del río Inírida
La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles una serie de vulneraciones graves a los derechos humanos de comunidades indígenas asentadas a orillas del río Inírida, en el departamento de Guainía. La entidad, a través de su regional Guaviare, realizó una jornada descentralizada entre el 27 y el 30 de mayo, en la que recorrió seis comunidades: Chorrobocón, Zamuro, Cejalito, Piedra Alta, Venado y Remanso.
Durante la visita, los funcionarios de la Defensoría recogieron testimonios y constataron el abandono estatal en áreas fundamentales como salud, educación, servicios públicos y seguridad alimentaria. La situación, según el informe preliminar, constituye una amenaza directa a los derechos fundamentales de la población indígena.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue la situación del centro de salud de Chorrobocón, una obra inconclusa que lleva más de diez años en estado de abandono. La ausencia de ambulancias fluviales y de acceso a medicamentos básicos agrava la crisis sanitaria, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la zona, que no cuentan con alternativas de atención médica oportuna.
En el ámbito educativo, la Defensoría evidenció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no cumple con los estándares nutricionales mínimos. Las escuelas carecen de agua potable y energía eléctrica, y la residencia escolar que acoge a estudiantes de comunidades lejanas presenta condiciones deplorables, lo que compromete la permanencia de los menores en el sistema educativo.
Las carencias se extienden a los servicios públicos. A pesar de que algunas de estas comunidades se encuentran en zonas de explotación minera de hecho, no cuentan con sistemas de acueducto ni soluciones sostenibles de energía. Los paneles solares instalados resultan insuficientes, y muchas familias viven sin luz ni agua potable.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló varias recomendaciones a las autoridades competentes. Entre ellas, garantizar el funcionamiento de centros de salud, revisar la calidad del PAE, mejorar la infraestructura educativa y asegurar el acceso a agua y energía digna. Además, solicitó la intervención de los entes de control para investigar el abandono de obras públicas como el centro de salud de Chorrobocón.