Inspectores en Vichada denuncian retrasos en implementación de la Ley de Convivencia y Paz
Fotos: Cortesías (Portada: Inspector de Santa Rosalía)
Un bloque unificado de trece inspectores de policía y corregidores del Vichada denunciaron ante la Procuraduría Regional que las alcaldías del departamento desacatan la Ley 2492 de 2025, la cual exige transformar las Inspecciones de Policía en Inspecciones de Convivencia y Paz. Los funcionarios manifestaron que, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta por parte de los gobiernos municipales ni del organismo de control.
La reclamación abarca a los inspectores de las cabeceras municipales de Santa Rosalía, Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño y las inspecciones rurales de Nueva Antioquia, Tres Matas, Casuarito, El Viento, Buenavista, Santa Rita y La Venturosa. Los denunciantes exigen el cumplimiento inmediato de la norma y una investigación disciplinaria exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La Ley 2492 de 2025 fue expedida el 23 de julio de 2025 por el Congreso de la República, tras su publicación en el Diario Oficial 53190 entró en vigencia y otorgó un plazo perentorio de seis meses para su implementación, lapso que venció el 23 de enero de 2026. Entre las reformas está el cambio de “Inspectores de Policía” a “Inspectores de Convivencia y Paz”.
Además, que las administraciones deben implementar medidas técnicas, administrativas que incluye la nivelación presupuestal de los cargos del nivel técnico al profesional en derecho para cada municipio.
La norma busca promover la convivencia pacífica, bienestar y armonía en comunidad, así como también la de resolver mediante el mecanismo de solución de conflictos, la conciliación en asuntos que versen sobre la seguridad y convivencia ciudadana.
“Esta ley es un brazo fundamental para la justicia”, afirmó Javier Hernando Rincón Jiménez, inspector de policía de Santa Rosalía y vocero oficial del gremio en Vichada, destacando que los nuevos inspectores están capacitados por el Ministerio del Interior para ofrecer conciliación gratuita en múltiples materias, aliviando la carga de juzgados y fiscalías en municipios donde no hay notarías o donde las personerías tienen funciones limitadas.
Para Rincón Jiménez, la falta de implementación de la Ley en el departamento responde a una falta de gestión y «voluntad política» por parte de los alcaldes, quienes se escudan en que los trámites presupuestales siguen bajo estudio.
“Nuestra solicitud, no es otra más que el cumplimiento de la ley 2492 que reivindicó los derechos laborales de los inspectores de policía en el año 2025”, expresó Rincón Jiménez.
“Y yo lo resumo, en una palabra, voluntad política. Una voluntad política y administrativa, porque los alcaldes se han ido por las ramas. Se escudan en que el estudio presupuestal está en trámite”, argumentó Rincón, destacando que en ciudades como Barranquilla y Valledupar la norma ya fue aplicada con éxito.
Los funcionarios alertaron en su denuncia que esta omisión debilita la justicia comunitaria y generará graves cargas presupuestales a futuro por el pago de retroactivos e intereses.
Según el vocero, la ley divide el proceso en dos etapas claras: la administrativa, que consiste en el cambio inmediato de la denominación del cargo mediante decreto, y la presupuestal, que requiere de un estudio técnico de planta antes de pasar por los Concejos Municipales. Sin embargo, para él, ninguna de estas fases o etapas se ha cumplido a la fecha por las administraciones municipales.
Ante el cuestionamiento, Jaime Rodríguez Gúzman, alcalde de Puerto Carreño, explicó que, a la fecha, su administración ya cuenta con el estudio técnico respectivo y que están trabajando en el decreto que está bajo revisión del equipo jurídico, ya que algunos inspectores no cumplen con el perfil profesional en derecho exigido por la norma. Sin embargo, estimó su aplicación para inicios de este mes de octubre.
Por su parte, el alcalde de Santa Rosalía, Esneider Fabián Marulanda, manifestó que el retraso se dio inicialmente por la falta de recursos y las restricciones de la Ley de Garantías. Pero, actualmente ya cuentan con el presupuesto y este mes iniciarán un estudio técnico integral con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) para reformar toda la Alcaldía.
Marulanda, aclaró que, aunque la reestructuración física del cargo se hará en el transcurso del año 2026, el aumento de salario se empezará a pagar a partir del 1 de enero 2027, dejando los recursos asegurados en el presupuesto que se radicará ante el Concejo Municipal en noviembre del año en curso.
El Morichal también buscó la versión de los alcaldes de Cumaribo y La Primavera, pero ni Armel Caracas (Cumaribo) ni Luis Rojas (La Primavera) respondieron llamadas ni mensajes de WhatsApp.
A pesar de que el bloque de inspectores radicó formalmente un derecho de petición el pasado 27 de enero de 2026 ante la Procuraduría Regional del Vichada, liderada por Marilexandra Amaya Martínez, el ente de control disciplinario no ha emitido ningún pronunciamiento.
“Es preocupante que los mismos organismos judiciales y de control no le estén prestando atención a una ley de la República”, criticó el vocero Rincón, quien sigue a la espera de una respuesta por parte de las administraciones y la Procuraduría departamental.