Palmarito cumple 82 días sin agua mientras vence el plazo de una tutela contra la Alcaldía de Cumaribo
Crédito foto: Cielo Dayanna Hoya.
Palmarito cumple 82 días sin agua, mientras vence el plazo de una sentencia de tutela que ordena a la Alcaldía de Cumaribo, Vichada, a garantizar el suministro. La decisión fue notificada el 29 de septiembre a las 8:30 a. m. y estableció como plazo este miércoles 30 de septiembre a la misma hora. Sin embargo, la comunidad de la inspección confirmó que, al momento de publicación de esta noticia, no había recibido respuesta ni suministro de agua.
La tutela, presentada por Yohom Alexander Guzmán, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Palmarito, señala que la motobomba ya había fallado en mayo de 2026 y que fue la comunidad la que asumió los costos de su reparación, por un total de $6.572.952 entre repuestos y mano de obra. El 10 de julio volvió a averiarse y, desde entonces, permanece fuera de servicio.
Lizeth Hoya, integrante del equipo comunitario que acompaña el caso, expresó que “ni la Alcaldía ni la Gobernación dan solución” al problema del suministro de agua, pues la inspección depende de estas entidades al no contar con un acueducto formal. Junto con su hermana, Cielo Dayanna Hoya, ha denunciado la situación a través de redes sociales, donde señalan que los habitantes continúan sin una motobomba funcional para captar agua del caño Güío, principal fuente de abastecimiento de la población.
La falta de agua en la inspección afecta a unos 108 hogares, 26 adultos mayores y una mujer embarazada, así como a la Institución Educativa Juan José Rondón, que tiene 107 estudiantes, 80 de ellos internos. Además, los habitantes recogen agua lluvia para beber y cocinar pero, cuando no llueve, mujeres y niños caminan cerca de dos kilómetros hasta los caños para bañarse, lavar y abastecerse.
La comunidad reporta casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, y una mayor presencia de zancudos y jejenes. El hospital más cercano, en Cumaribo, queda entre tres y doce horas de camino, según el estado de la vía.
Por su parte, la Secretaría de Planeación del municipio confirmó a este medio que, el 30 de septiembre, un técnico se dirigía al territorio con una nueva bomba tipo lapicero para instalarla y verificar su funcionamiento. Según información entregada por vía telefónica, si el equipo no opera de manera adecuada, el municipio trasladará otra bomba desde el casco urbano de Cumaribo como medida de contingencia, mientras se adelanta el contrato para solucionar de manera definitiva el sistema.
El fallo
El 28 de septiembre, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo, a cargo de la jueza Ximena Ramírez Zambrano, amparó el derecho fundamental al agua de los habitantes de Palmarito. La decisión ordenó al municipio adoptar, en 24 horas, las medidas necesarias para garantizar un suministro suficiente, regular y continuo de agua apta para consumo humano.
Según el fallo, la Alcaldía podía elegir el mecanismo que variaba entre reparar el sistema comunitario, distribuir agua por otros medios o aplicar cualquier solución técnica adecuada. Este también exigía que, dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento de ese plazo, el municipio informara al despacho qué mecanismo utilizó, de dónde toma el agua, a cuántas personas cubre y con qué frecuencia, junto con soportes documentales y fotográficos.
Por su parte, a la Secretaría de Salud de Vichada le encargó vigilar la calidad del agua una vez definido el mecanismo de abastecimiento.
Durante el trámite, la Alcaldía sostuvo que la motobomba ya funcionaba «al 100 %» y pidió declarar un hecho superado. Dijo también contar con bombas tipo lapicero en inventario y citó el Contrato de Consultoría No. 212 de 2026, ejecutado entre el 3 de julio y el 17 de septiembre, para estudios y diseños de los acueductos de Santa Rita, Palmarito y Güerima.
Sin embargo, el juzgado no aceptó estos argumentos, pues el municipio solo aportó el contrato, sin informe técnico de reparación, registros de operación, evidencia de distribución de agua ni análisis de calidad. Además, agregó que los estudios para una obra futura no resuelven la necesidad inmediata de una comunidad que reclama agua para beber, cocinar y bañarse.
La comunidad no ha cerrado su seguimiento
Las denuncias del problema del agua en Palmarito comenzaron el 25 de agosto, cuando la Junta de Acción Comunal radicó ante la Alcaldía un derecho de petición en el que pedía recursos para reparar la bomba y una medida provisional de suministro. El 8 de septiembre, la comunidad también acudió a los representantes a la Cámara por el Vichada y, una semana después, recibió respuesta del despacho del representante Luis Carlos Álvarez Morales, que aseguró haber trasladado la solicitud a la Alcaldía y señaló que la administración municipal ya había dado respuesta.
El 10 de septiembre, el secretario de Planeación e Infraestructura, Jonathan Ferney Morales Herrera, respondió a la Junta de Acción Comunal con una carta que reconoce la importancia del problema y remitió al contrato de consultoría, pero no anunció una medida concreta de suministro provisional. Seis días después, la comunidad radicó la tutela con la abogada María Alejandra Orjuela Sánchez como apoderada, y el juzgado decretó una medida provisional de 24 horas.
El 21 de septiembre, la Defensoría del Pueblo, Regional Vichada, informó que había enviado oficios a la Alcaldía, la Gobernación y las secretarías de Salud y Educación del departamento. Pero el 25 de septiembre, la Junta radicó un nuevo derecho de petición con 15 preguntas sobre el Contrato 212, el mismo que la Alcaldía de Cumaribo invoca como su principal acción frente al problema del agua en Palmarito que se trata de una “consultoría para realizar el diagnóstico, estudios y diseños complementarios para la optimización de los acueductos de las inspecciones de Santa Rita, Palmarito y Güerima del municipio de Cumaribo, Vichada».
El derecho de petición cubre preguntas como el valor, el contratista, el avance, si hubo visitas técnicas a Palmarito y qué medidas de contingencia prevé el municipio mientras tanto. El plazo legal de diez días hábiles para responder vence el 9 de octubre.