Pacientes de Guainía denuncian abandono en albergues de Bogotá y Villavicencio mientras Nueva EPS acumula deudas millonarias
Crédito foto: Defensoría del Pueblo.
Pacientes afiliados a Nueva EPS provenientes de Guainía, hospedados en el Albergue Sukurame de Villavicencio, Meta, denunciaron malas condiciones al interior de las sedes. Los afectados aseguran que hay hacinamiento, comida de mala calidad, problemas con el suministro de agua, deficiencias en el aseo y falta de elementos básicos de higiene, situación que se agravó cuando el albergue suspendió el transporte y la alimentación por falta de pago de la EPS.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, son cerca de 100 personas provenientes de Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada, Meta y otros territorios apartados del país, en su mayoría integrantes de comunidades indígenas, que se enfrentan a barreras que “comprometen el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Alcides Melo Rodríguez, paciente de Inírida, Guainía, compartió a través de redes sociales que la situación se desencadenó en los primeros días de junio cuando el albergue suspendió el transporte y la alimentación, dejando sin comida a personas de bajos recursos que no tienen cómo sostenerse.
Melo Rodríguez, quien terminó sus controles médicos el 26 de mayo y espera retorno a su territorio, advirtió además que el albergue dejó de recibir nuevos usuarios, lo que pone en riesgo sus citas médicas pendientes para el 18 y 26 de junio. «No soy la única que está pasando por esa situación, tengo compañeras de cuarto en lo mismo, no tenemos plata ni nada por el estilo», señaló.
Por su parte, Jhoban Ulloa, representante legal de Sukurame, explicó que la suspensión se debió a una deuda que Nueva EPS acumula con el albergue por cerca de $8.700 millones de pesos. De ese total, $2.700 millones corresponden a deuda reconocida que la EPS no ha pagado, $3.200 millones están en glosas y devoluciones, y el resto son acreencias anteriores a la intervención de la entidad en 2024, por las cuales Nueva EPS alega que no responderá, amparada en directrices del gobierno nacional y la Superintendencia Nacional de Salud.
«Nosotros también estamos pegados del techo, porque fue una prestación de servicios que se facturó, pero por la demora en los pagos está pasando lo que está pasando», afirmó Ulloa.
El líder del albergue precisó que la operación de todas las sedes, incluyendo personal, proveedores, arriendos y servicios, cuesta entre $650 y $700 millones mensuales, y que Sukurame le factura a Nueva EPS alrededor de $700 u $800 millones al mes. Sin embargo, en abril solo recibieron $170 millones. «Tuvimos que cerrar servicios, pero no sacamos a ningún usuario. Les dijimos que los mantendremos, pero no tenemos cómo alimentarlos ni transportarlos», explicó.
La contingencia financiera llevó a la junta directiva de Sukurame a declarar cierre parcial a partir del 1 de junio, situación que derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Villavicencio, y los juzgados quienes impusieron medidas provisionales para garantizar la continuidad del servicio. Sukurame informó que acató las órdenes judiciales y reactivó la operación, pero hasta la fecha Nueva EPS no ha respondido por los pagos pendientes.
El Morichal intentó comunicarse con Nueva EPS para obtener su versión de los hechos, sin embargo, al encontrarse intervenida, únicamente el interventor Jorge Iván Ospina está facultado para pronunciarse en nombre de la entidad.